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Deuda y programas sociales
A este gobierno le despreocupa usar de modo inteligente el gasto público; sólo busca tener dinero para comprar votos y garantizar el triunfo de Morena en 2024. Por eso proponen incrementar el presupuesto a los programas sociales.
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En su afán por conquistar la voluntad electoral de las masas, este gobierno ha decidido regalar dinero con las tarjetas del “Bienestar”. Mucha gente, que antes no recibía apoyos monetarios de manera directa –sea porque no calificaba para los programas de los gobiernos anteriores o porque no pertenecía al sector de los pobres más pobres– ahora los recibe. Hay muchas personas que definitivamente no necesitan ese dinero; pero como cumplen con la edad requisitada (65 años), son beneficiarios del programa asistencial para adultos mayores. Un secretario de Estado, quien evidentemente no necesita del apoyo, me mostró su tarjeta del Bienestar, y en la misma situación se halla la madre de un conocido mío cuya posición económica es bastante acomodada. Pero ¿a quién le dan pan que llore?

En otro artículo de publicación reciente conté que tengo un tío que vive en Estados Unidos, pero como cuenta con domicilio en México, credencial de elector del país y dispone de una tarjeta de Bienestar, se denomina “morenista”, aunque desconoce en absoluto cuál es la ideología política y el proyecto de nación de Morena. En esta misma situación se encuentran muchos “morenistas” que únicamente por interés pecuniario se identifican con el partido oficial, sin preocuparse por conocer sus principios, ni sus propuestas de solución a los graves problemas nacionales de México. Estos “morenistas” sólo ven el muy corto plazo y no más allá.

Esto, repito, es peligroso porque, con su actitud, avalan todo lo mal que el gobierno de Morena está haciendo con sus pésimas políticas de salud, educación, reconstrucción de infraestructura escolar, migración y seguridad pública, rubro en el que el “impuesto negro” (la extorsión que el crimen organizado impone a los productores y distribuidores de productos básicos) está propiciando que el precio de éstos se incremente en perjuicio de la población mexicana más necesitada. Estos ciudadanos están avalando, asimismo, la falta de apoyo a los niños con cáncer, la eliminación de guarderías infantiles y refugios para mujeres violentadas, etc.

A este gobierno no le preocupa el equilibrio ni el uso inteligente del gasto público, porque únicamente le interesa tener dinero para comprar votos y garantizar el triunfo de los candidatos de Morena en las elecciones generales de 2024. Es ésta la razón por la que su gobierno propone un nuevo incremento en el presupuesto de los programas sociales, entre los que destaca el de los adultos mayores, cuya pensión tendrá un aumento de 25 por ciento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela que la propuesta de asignar 865 mil 227 millones de pesos (mdp) a los programas sociales representará “un aumento de 18.8 por ciento en términos reales en comparación con lo aprobado para 2022” y que “el 58.5 por ciento de dicho presupuesto será destinado a ocho programas sociales prioritarios”. El IMCO detalla que, en 2024, el “total de pensiones y jubilaciones consideradas en los ramos de Aportaciones a Seguridad Social, aunadas a las pensiones a cargo de la Secretaría del Bienestar (pensiones contributivas y no contributivas), alcanzarían un monto de un billón 945 mil mdp, aproximadamente 52 por ciento del total del gasto en desarrollo social y 22 por ciento del gasto neto total previsto para 2024”.

Para la Secretaría del Bienestar se propone un presupuesto de 543 mil 933 mdp, superior a los 434 mil 535 mdp; estos 109 mil 398 mdp adicionales equivalen a un incremento de 25 por ciento respecto al gasto de los programas sociales de este año. Las pensiones para personas adultas mayores tendrán un incremento de 30.8 por ciento por que pasaron de 355 mil 630 mdp a 465 mil 49 mdp.

¿De dónde sacará el gobierno morenista estos recursos? Esta pregunta vale porque, en los primeros años del actual sexenio, el Gobierno Federal echó mano de los fondos de estabilización de los recursos presupuestarios; luego se lanzó contra los más de 90 fideicomisos destinados a la ciencia y contra el famoso Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden), destinado a apoyar a las víctimas. Pero ahora estos recursos ya no están; además, el gobierno deberá enfrentar el problema de la deuda pública.

La administración federal morenista aseguró que no se endeudaría, pero ha incumplido su promesa. En el proyecto del presupuesto para el año próximo, contempla más deuda; no obstante, en el texto oficial no se le alude como tal. En su artículo Presupuesto 2024: endeudamiento, compra del voto y militarismo, la exdiputada Verónica Juárez Piña advierte que “López Obrador no sólo propone un endeudamiento sin precedentes, equivalente al 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto, pero no para la infraestructura, como señala la ley, sino que sacrifica sectores prioritarios para el desarrollo del país, así como programas indispensables en materia de derechos humanos, contraviniendo el principio de progresividad de los derechos humanos”.

Este endeudamiento será pagado por las clases trabajadoras que, finalmente, deberán apretar nuevamente el cinturón como en los peores tiempos del neoliberalismo. Pero lo peor de todo no está en el hecho de que la mayor parte de la población carece del conocimiento para prever las consecuencias que este tipo de decisiones tienen en el futuro, entre ellas el incremento de la deuda y del déficit público. Por ello, los mexicanos deben aprender que el voto de confianza que se da a un partido, no equivale al otorgamiento de un aval para que un gobierno haga y deshaga las finanzas públicas a su antojo. Este aprendizaje quizás sea la única aportación “democrática” de un gobierno que prometió actuar con “cero corrupción” y en favor de “primero los pobres por el bien de todos”, pero cuyos resultados han sido más pobreza, menos empleos, más dificultades económicas y más violencia.

El pasado reciente ha demostrado que la vía democrática es una opción para que el pueblo de México alcance el poder político; pero esa misma experiencia nos ha enseñado que, con las decisiones en torno al poder, las clases trabajadoras deben participar activa y efectivamente para evitar que sean malas y dañen sus intereses de las mayorías. Gobernar en nombre del pueblo no basta; y el pueblo debe saberlo. Para que las políticas públicas sirvan a los trabajadores de México, éstos deben organizarse, educarse, tomar partido, luchar por el poder y gobernar. Vendrá una etapa inicial de dificultades, pero la sensatez y la defensa del gobierno nacido del pueblo serán las claves necesarias para lograr construir una sociedad más justa, más equitativa, más progresista, desarrollada y mejor.


Escrito por Brasil Acosta Peña

Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.


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