El 30 de marzo de 2020 fue la última vez que Sugey Dávalos vio con vida a su hija Danna Sugey Salgado Dávalos; a partir del día siguiente emprendió su búsqueda en todos los lugares donde supuso que podía hallarla u obtener información, sin que le importaran los riesgos sanitarios a que se exponía debido a la pandemia de Covid-19.

El domingo seis de diciembre, junto a amigos y familiares, Sugey Dávalos encabezó una marcha en la colonia Homex de Tijuana, durante la cual alentó a la población para que se uniera a la búsqueda de su hija. Su intención era detectar a alguien que tuviera alguna información sobre su paradero; ya que, en esa área urbana, se le había visto por última vez.

Dos días después, una llamada telefónica anónima le informó del lugar exacto donde podría hallar el cuerpo de la joven quien, en junio anterior, habría cumplido 21 años. Una varilla con un paliacate rojo en la punta, clavada sobre la tierra apisonada, era el indicador del sitio donde debía cavarse.

El miércoles nueve de diciembre, más de 300 personas, entre familiares, integrantes del Colectivo Todos Somos Erik Carrillo y otras personas se unieron a la marcha que cubrió primero el camino de terracería que cruza junto al fraccionamiento K-Casas y luego siguió el corredor Tijuana-Rosarito 2000, hasta llegar a escasos 10 metros del sitio en el que, el 19 de octubre, Sugey Dávalos exhumó el cuerpo de su hija.

Desde que vio los restos y los vestidos, su instinto maternal le avisó que eran de su hija, quien había salido de su casa solo para entregar una prenda que había vendido por Internet, pero no volvió jamás. “Mi corazón me dice que encontramos a mi Chinita, como prometimos hacerlo desde que desapareció”, lamentó la señora al ver la tumba improvisada. La prueba de ADN confirmó, días después, que había acertado.

El cuerpo de Danna Sugey es uno de los más de 200 que, desde marzo del año pasado, los colectivos de búsqueda de desaparecidos han localizado en más de 60 fosas clandestinas en Tijuana. Una cifra que nuevamente puso a la entidad en alerta, porque las desapariciones se incrementaron considerablemente en 2020.

Así como la madre de Danna Sugey, cientos de madres de familia y familiares de víctimas de desaparición misteriosa emprendieron la búsqueda permanente, a quienes tampoco la alerta sanitaria, generada por el Covid-19, importó desde marzo del año anterior, pues han tenido que movilizarse incluso contra la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California.

Tras la recomendación y el llamado al confinamiento para evitar los contagios por Covid-19, la FGE cerró sus instalaciones, detuvo la búsqueda y las investigaciones de los desaparecidos y retiró la seguridad que brindaba a los grupos de búsqueda, dejándolos solos y a su suerte.

El corredor de la muerte

La activista Angélica Ramírez, fundadora del Colectivo Una Nación Buscando T, explicó a buzos que el tiempo es vital para los familiares con personas desaparecidas, y reveló que ésta fue la razón por la que las madres decidieron buscar a sus hijos de forma incógnita y arriesgándose a actuar sin seguridad.

“La desesperación de las madres, la falta de una comisión de víctimas y de los psicólogos que dejaron de atender, deprimió a las mamás al punto de quererse suicidar y no había otra cosa más que salir a buscarlas; por eso lo hicieron. Las mamás no aguantaron estar encerradas”, destacó la señora Angélica.

La búsqueda comenzó en Valle de San Pedro, área colindante con el municipio de Playas de Rosarito. Ahí encontraron las primeras fosas clandestinas, después en otras zonas aledañas. A principios de julio, cuando advirtieron que eran muchas, el miedo comenzó a invadir a las madres y los colectivos se acercaron al fiscal Guillermo Ruíz para solicitarle seguridad.

“Era mucha ya la exposición y el riesgo de andar así sin protección”, comentó Angélica. A esta petición se unió el Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California, y juntos lograron el acuerdo para continuar la búsqueda con protección. Poco después, su sorpresa sería mayor al descubrir que apenas se hallaban en el inicio de una tragedia mayor.

El Bulevar 2000 es una vía que conecta a Tijuana con Playas de Rosarito. En su colindancia hay una extensa área semipoblada con algunos conjuntos habitacionales que se alternan con lotes baldíos y áreas rústicas donde, precisamente, proliferan las fosas clandestinas. En esta región se halla Valle de San Pedro, considerada la zona más violenta del área metropolitana de Tijuana.

Fernando Ortigoza, presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos de Baja California (MED), explicó a buzos que en este lugar se han encontrado más cuerpos, 22 a principios de diciembre y que, en número de inhumaciones clandestinas, le siguen Urbi Villas del Prado con 17, Homex con ocho y Valle de Las Palmas, con siete.

Los restos localizados en este último sitio flotaban en tambos de plástico sobre las aguas de un pequeño lago. En esa ocasión, los acompañaba el diputado Pedro César Carrizales Becerra, El Mijis, quien realizaba una gira por el país y estaba suficientemente provisto de seguridad personal.

“Aunque traíamos a la Guardia Nacional, aun así, los malandros nos mandaron un dron para observarnos. Nos estuvieron vigilando durante un tiempo y, al salir del lugar, nos siguieron dos vehículos, lo cual nos puso en alerta”, denunció Angélica Ramírez.

La activista destacó que cuando cuentan con el acompañamiento de esta corporación, se sienten con mayor confianza en sus labores de búsqueda; pero que cuando carecen de ella, se ven obligados a realizar sus actividades rápidamente, porque los agobia el temor de que vayan a aparecer los grupos delictivos.

Ortigoza, quien también es secretario de la asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (UDBC), explicó que toda búsqueda de este tipo requiere, en sus integrantes, una preparación física y mental, además de una buena coordinación institucional entre los colectivos.

A finales de 2019, la asociación que representa convocó a un Movimiento Estatal de Búsqueda (MEB) con la intención de abarcar más espacios, con la mayor cantidad posible de organizaciones y que a éste se sumaron nueve colectivos del estado. El proyecto surgió debido a la inoperancia de las autoridades estatales encargadas de investigar y emprender la búsqueda de los desaparecidos.

“La autoridad nunca tiene la accesibilidad para cooperar con nosotros; ellos nos dicen que están trabajando. La búsqueda les corresponde a ellos; pero como vemos que no lo hacen, como víctimas, nosotros tenemos que salir a buscarle”, denunció Ortigoza.

Este hecho les resulta muy preocupante, porque en Baja California, especialmente en Tijuana, se halla uno de las principales alertas del país en inseguridad pública e inseguridad derivada de las actividades del crimen organizado, al que atribuyen buena parte de las desapariciones.

Ortigoza destacó que, en 2019, su asociación registró 215 desapariciones y que, a principios de diciembre, llevaban 418. “Se ha desproporcionado todo, los tres años anteriores tuvimos 200, y esas 200 ya se registraron en menos de un año”, agregó.

El mismo colectivo tiene registradas mil 700 desapariciones desde 2006, y son más de 780 los expedientes que la FGE tiene relegados de 2007 a la fecha, debido a que atienden los casos más recientes, cuyo impacto social y mediático es mayor.

“La situación está más grave de lo que imaginábamos cuando salimos de nuevo a buscar”, afirmó Angélica Ramírez al revelar que, tan solo en Tijuana, la FGE estima que el número diario de personas desaparecidas oscila entre cinco y ocho; y que en los otros municipios de Baja California se calculan entre 25 y 30 desapariciones diarias.

“Esta situación nos ha rebasado porque, como le dije al Fiscal, en una semana nosotros podemos encontrar cinco cuerpos, pero desaparecen 10 o 15; entonces no podemos así solos; nos rebasa y si la Fiscalía no se pone las pilas, pues no vamos a terminar nunca con esto.

“Ya los colectivos y los familiares los superaron en conocimientos (a los ministeriales). Los superaron en búsquedas, en rastreos, en localizaciones. Creo que es justo que la fiscalía se ponga a la par del conocimiento de los familiares y los colectivos; pero igual que se ponga a la par con su tecnología que pueden obtener y parar estas desapariciones”, concluyó.

Crece la participación ciudadana

El miedo, el riesgo latente y las amenazas –que muchas veces provienen de las mismas autoridades ministeriales– provocaban que los colectivos no contaran con la participación ciudadana. Hoy, sin embargo, muchas personas se unen voluntariamente a la búsqueda de desaparecidos, entre los que destacan estudiantes de criminalística.

Este interés, explica Angélica Ramírez, se debe a que ahora son muchas las familias que se han sumado a la búsqueda de hijos, padres o hermanos en fosas clandestinas, cuyo número resulta alto y preocupante.

“Con la primera brigada de búsqueda en octubre de 2019, que nos instruyó sobre cómo deben realizarse las búsquedas en el campo, surgieron muchísimos colectivos y se dio ese fenómeno de interés por el rastreo y la búsqueda de personas en el estado, lo cual da muestra también de cómo está la situación en el estado”, apuntó.

Los rastreos de los colectivos generalmente duran 15 días continuos y se realizan en puntos específicos; en la semana siguiente buscan identificar los cuerpos y envían muestras para su estudio de ADN. Las jornadas de búsqueda generalmente se inician a las 8:00 y terminan a las 17:00, debido a que a esta hora oscurece y el riesgo es más alto.

Las búsquedas se realizan cuando llamadas telefónica anónimas denuncian que en tal parte hay cuerpos sepultados ilegalmente; la mayoría de los datos proporcionados son aproximados, es decir no puntuales. Una vez recibidos éstos, se envía un dron para ubicar los espacios, donde posteriormente, después de una semana, los activistas pican el terreno con varillas para detectar la emisión de olores de cuerpos en estado de putrefacción.

Los acompaña un K9 (perro adiestrado) de la FGE para detectar cadáveres. El rastreo se realiza caminando en perímetros de entre 200 y 600 metros hasta localizar los sitios donde hay indicios de fosas clandestinas. Estas acciones se ejecutan en presencia de 40 o 50 personas relacionadas con los desaparecidos para brindar seguridad a los buscadores, con los elementos de seguridad oficiales habilitados por las autoridades.

Cuando se encuentran cuerpos, deben esperar hasta que lleguen los peritos de la FGE, quienes deben llevarse los restos para su estudio médico y científico. Una vez realizado éste, su resultado es presentado a los familiares y si alguien tiene el mismo ADN de algún cuerpo, se le entrega.

Actualmente, las personas que buscan a un familiar desaparecido, tienen el problema de que los análisis del ADN se tardan entre tres y cuatro meses debido a la alta demanda que tiene en la FGE por el alto índice de homicidios dolosos. Sin embargo, Ortigoza explicó que cuando un cuerpo es reconocido con base en señas particulares –rasgos físicos, tatuajes, etc.– y sus parientes aportan pruebas contundentes de su identidad, los restos son entregados sin mayor procedimiento y con el aval de las autoridades judiciales.

De los más de 200 cuerpos encontrados en 2020, se han entregado 12 de personas oriundas de Tijuana, Sinaloa y Hermosillo; otros 25 ya están identificados por sus familiares y solo están en espera de que salga el resultado del examen de ADN.

Sugey Dávalos: “una mujer guerreraˮ

El domingo 13 de diciembre, las autoridades confirmaron a la familia de Danna Sugey que la prueba de ADN correspondía al cuerpo encontrado por su madre. Angélica Ramírez indicó que pese a que la FGE brindó mayor atención a este caso para explotarlo mediáticamente, el éxito de la búsqueda se debió fundamentalmente al arduo trabajo realizado por la señora Sugey Dávalos, a quien consideró como “una mujer guerrera porque hizo hasta lo imposible para localizar a su hija”.

“No todas las personas tienen la fuerza, la capacidad y la tenacidad para encontrarlos. Las familias siempre andan buscando información por debajo de las piedras. Donde menos se imaginan, se meten las familias a buscar de todo, como picaderos donde se meten drogas, lugares donde hay personas adictas, casa por casa. Se trata de no soltar y no soltar, hasta que te dan la información; es a lo que se han arriesgado las familias para encontrar a sus familiares”, explicó.

Angélica Ramírez informó que es por ello que su colectivo acompaña a estas madres para proveerlas de información, vincularlas con las autoridades o apoyarlas en sus actos de presión pública a éstas.

“A mí me motiva el coraje y la impotencia que me trasmiten las familias; me motiva la burla de las autoridades hacia las mismas familias. Cuando yo las miro llorando de impotencia y dicen ¿por qué, por qué mi hijo? Eso a mí me dan ganas de seguir ahí y de decir que esto lo tenemos que cambiar.

“Yo sé que ellas (las madres) se enfocan en la localización de sus familiares; pero yo me tengo que enfocar en cambiar la actitud, las reglas, los protocolos y la sensibilidad de esos agentes y autoridades que se burlan de ellos. Muchos se enojan conmigo porque les digo sus verdades, pero ese coraje que las mamás no saben expresar, yo trato de canalizarlo con las autoridades”.

El siete de diciembre, los colectivos iniciaron una mega-búsqueda que se extendería hasta el 18 del mismo mes, pero fue cancelada por las autoridades sanitarias debido al semáforo rojo que regresó al estado. Será hasta este mes, cuando continúen con estas labores, las cuales lamentablemente tendrán éxito si en su búsqueda hallan más fosas clandestinas y en ellas encuentran cuerpos de personas asesinadas impunemente.