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Insabi, crisis inicial del 2º año de gobierno de AMLO
Hoy, si alguien necesita una cama, tiene que pagar diariamente 387 pesos en lugar de los 87 que le cobraban con el Seguro Popular; una consulta, antes gratuita, en el Insabi cuesta de 400 a 500 pesos. ¿Ésta es la prometida “Cuarta Transformación”?
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El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estuvo enmarcado por varias crisis que logró esquivar, porque aún vivía su luna de miel con el electorado que lo hizo ganar la Presidencia de la República; porque corría el lapso de aprendizaje en él y su gabinete y porque cualquier acción que realizara, le sería “bien vista” y aplaudida por la población.

Pero una vez cumplida esa etapa, los problemas de salud en los mexicanos generaron la primera crisis de su administración entrando 2020, debido a la deficiente operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y las altas cuotas que esta dependencia pública está cobrando a los pacientes; es decir, el segundo año de gobierno de AMLO arrancó igual que el primero.

La primera crisis de 2019 ocurrió el 18 de enero, con la explosión de una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 muertos. El accidente fue un eco de la “lucha” de AMLO contra el huachicol. La población aguantó la tragedia y perdonó la lentitud con que la administración estatal de Omar Fayad y el Gobierno Federal reaccionaron para evitarla. La semana pasada, cuando se cumplió un año de esa tragedia, éste volvió a librar los reclamos sociales relacionados con este asunto.

Las amenazas de Estados Unidos (EE. UU.) de imponer aranceles a las mercancías mexicanas fue otra de las crisis en la administración de AMLO; sucedio en mayo de 2019, cuando Donald Trump anunció que aplicaría un impuesto del cinco por ciento a las importaciones mexicanas, a partir del 10 de junio de 2019, si nuestro gobierno no frenaba a los migrantes centroamericanos, cuyo destino final es el territorio de EE. UU. La amenaza fue más allá; Trump afirmó que el gravamen aumentaría al 25 por ciento, si no veía un avance en el cumplimiento de su exigencia de cercar nuestra frontera. AMLO sorteó también esta crisis cediendo prácticamente a todo lo exigido.

En octubre, un operativo mal planeado y peor ejecutado contra un dirigente del crimen organizado casi terminó en un baño de sangre en Culiacán. La única decisión correcta que el gobierno tomó en tal incidente fue –para evitar una tragedia masiva– la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, quien había sido capturado.

En noviembre de 2019, la emboscada contra la familia LeBarón y el asilo político otorgado al expresidente de Bolivia, Evo Morales provocaron dos crisis más al gobierno de AMLO. A tres meses de la tragedia de los LeBarón, el único resultado de las investigaciones es la detención de dos presuntos atacantes. Como secuela del acertado y loable apoyo humanitario brindado al expresidente Morales, solo quedó una maltrecha relación diplomática con el gobierno golpista de Bolivia; y la versión de que el expresidente sudamericano se retiró del país debido a las presiones políticas contra el mobierno mexicano.

Ninguna de estas crisis ha sido enfrentada ni resuelta correctamente por el gobierno morenista. A algunas solo se les dio la vuelta con el argumento de que se está “limpiando la casa”, combatiendo la corrupción de las administraciones anteriores. Pero la población no le perdonará todo el tiempo su lentitud e in eficiencia para enfrentar los problemas nacionales. Es evidente que AMLO niega la realidad; en lugar de corregir sus errores políticos, se empeña en lanzar cortinas de humo, como el disparate de rifar el avión presidencial a través de la Lotería Nacional, acusar de corrupción a sus predecesores y negar con “otros datos” informes y estadísticas que denuncian su mal gobierno.

Está a punto de terminar enero de 2020 y su primera crisis grave de este año, la derivada del mal funcionamiento del Insabi, a diferencia de las de 2019, afecta directamente a la población; su proyecto está mal diseñado, no cuenta con reglas de operación y no dispone del personal idóneo para funcionar. Su propio titular, Juan Antonio Ferrer, ha reconocido que se tiene un déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras. Además, que 300 clínicas y hospitales están abandonados.

Ferrer, al igual que su jefe, echa la culpa de todo esto a las administraciones federales anteriores; pero, al parecer, no le han informado que en los primeros meses de 2019, el gobierno de López Obrador ordenó el retiro de recursos financieros destinados a clínicas y hospitales del Sector Salud; que se dejó de pagar salarios a médicos y a especialistas y que, a causa de la compra centralizada de medicamentos a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), éstos siguen sin ser suministrados adecuadamente en las instituciones médicas del Gobierno Federal.

Conforme avanzan las semanas, los mexicanos esperan que el gobierno de AMLO corrija el rumbo y dé respuesta satisfactoria a sus demandas. La paciencia tiene un límite y la mayoría de la población ya no parece estar dispuesta a esperar indefinidamente. El Presidente desapareció el Seguro Popular que ayudaba a millones de mexicanos y prometió una mejor atención con el Insabi, que hasta ahora es una decepción. Hoy, si alguien necesita una cama, tiene que pagar diariamente 387 pesos en lugar de los 87 que le cobraban con el Seguro Popular; una consulta, antes gratuita, en el Insabi cuesta de 400 a 500 pesos. ¿Ésta es la prometida “Cuarta Transformación”? Por el momento, querido lector, es todo. 


Escrito por Miguel Ángel Casique Olivos

Colaborador


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