La gran capacidad corruptora de las grandes empresas no afecta de manera exclusiva a los dirigentes de los países subdesarrollados, sino también pervierte a los líderes de naciones avanzados como Canadá. La crisis que, por un conflicto de interés, golpea hoy al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es tan grave que su imagen de político moderno, carismático y democrático ha caído estrepitosamente y hace inviable su reelección. Esta crisis, además, confirma que la clase política de Canadá y su sector empresarial están lejos de ser incorruptibles, transparentes y punibles. La forma como ese aliado de Estados Unidos (EE. UU.) y socio estratégico de México repare dicho conflicto interno definirá su futuro como actor geopolítico.

Graves problemas éticos y conflictos de interés minan la credibilidad y confianza en el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los canadienses están ante el dilema de impedir la reelección del político el 21 de octubre o, permitirle actuar impunemente contra el interés nacional. El eje de la crisis es la aprobación solapada de medidas para que una empresa con cargos criminales se acogiera a un acuerdo judicial con la fiscalía y evitara ir a juicio.

Este conflicto de interés saltó a escena en febrero pasado, y cinco meses después, lejos de atenuarse, se vio reforzado con las torpes maniobras del jefe de gobierno, quien asimismo vio aumentado su descrédito. A inicios de agosto el Comisionado Federal Canadiense de Ética, Mario Dion, reveló que Justin Trudeau incumplió la ley de Conflictos de Interés al intentar favorecer a  SNC-Lavalin, una de las más importantes constructoras del país.

Este escándalo exhibe la falsa percepción que por décadas se proyectó en el mundo en torno a que Canadá tiene un modelo de Estado incorruptible y una estabilidad política envidiable. Influyentes organizaciones como GanIntegrity, que evita la corrupción en negocios, publicitan así el marco legal canadiense: “La corrupción no representa un obstáculo sustancial para hacer negocios en Canadá, pues posee normas claras, efectivas, transparentes y Cortes confiables”.

Sin embargo, resulta significativo que el grupo ponga énfasis en precisar que “si bien ha habido casos de financiamiento ilegal y kickbacks en el sector de la construcción y en la procuración de justicia, el gobierno tiene mecanismos que investigan y castigan todo abuso de poder tras ser investigados y condenados”.

El organismo concluye que el Código Criminal de Canadá prohibe sobornos, extorsiones, pagos indebidos, montos de regalos y tráfico de influencias, y que su ley permite “perseguir actos corruptos de firmas e individuos extranjeros y en el interior, se persigue vigorosamente a funcionarios y compañías culpables de violar la ley”.

Cabildeo y corrupción

Pero ninguno de esos mecanismos se empeñó en evitar el tráfico de influencias y conflicto de interés desatado por la actual crisis política. Y por eso hoy sabemos que en Canadá es usual que las empresas presionen para influir en política: la constructora SNC-Lavalin cabildeó con funcionarios del primer ministro Justin Trudeau para lograr su objetivo vital: un discreto convenio extrajudicial para que el gobierno pusiera en acción medidas flexibles a su favor.

De tiempo atrás, la constructora SNC-Lavalin,  su rama internacional y otra subsidiaria tenían serias acusaciones de corrupción que nadie atendió en el impecable Canadá. Se la acusó reiteradamente por ofrecer sobornos a funcionarios de países donde opera y el Banco Mundial (BM) la penalizó por ese delito en Bangladesh y Camboya. También en Montreal se le acusó por ganar ilícitamente el contrato para construir un macrohospital. Nadie la detuvo.

La oscura trayectoria de la constructora se diluyó en la vida cotidiana y sólo salió a la luz cuando la prensa, siempre en busca de denostar gobiernos no gratos al sistema, publicó que SNC-Lavalin realizó obras en Libia (la prisión de Trípoli y un aeropuerto en Bengasi) sin que se escandalizaran los impolutos medios de prensa ni clase política canadienses. Entonces habría pagado sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios del gobierno del extinto líder libio Muammar Al Khadafi, a cambio de los contratos.

En el marco de esas investigaciones se descubrió un fraude de la constructora canadiense al erario de Libia, que ascendió a 98 millones de dólares. Este se dio en el contexto de los contratos para efectuar el mayor plan de irrigación del planeta ─el llamado Proyecto del Mayor Río Creado por el Hombre– destinado a proveer de agua fresca a las ciudades libias de Trípoli, Bengasi y Sirte. Al incumplir con la obra se inició el proceso judicial en contra de SNC-Lavalin.

Por su comportamiento ilícito en el país norafricano, SNC-Lavalin enfrentaba una condena por corrupción, lo cual significó un veto de 10 años para participar en licitaciones del gobierno canadiense, esencia de su negocio. Para no perder contratos la firma sostuvo que los responsables de las acciones ilícitas habían abandonado la compañía tiempo atrás y que tenía estrictos controles de verificación.

Desesperados, los representantes de la constructora argumentaron ante Trudeau que un veredicto de culpabilidad pondría en riesgo “devastador” a su negocio y causaría el desempleo de miles de trabajadores. De acuerdo con el diario South China Morning Post esa empresa canadiense emplea a casi 50 mil personas en todo el mundo.

El primer ministro pactó con la constructora el fin del litigio y sacrificó el interés público por el de la firma. Sin embargo, la fiscalía canadiense rechazó el acuerdo con SNC-Lavalin y un airado Trudeau amagó y presionó a su ministra de Justicia y fiscal general, Jody Wilson-Raybould, para que cambiara su decisión.

Como Josy Wilson-Raybould ─primera fiscal general indígena de Canadá y ministra de Justicia─ resistió el acoso del primer ministro y mantuvo su decisión de no forzar a la fiscalía para aceptar el acuerdo, desde el gobierno se desató una campaña en su contra, la cual estaba protagonizada por varios miembros del gabinete.

Finalmente en enero, Trudeau la relevó del cargo y, para su mayor descrédito, fue expulsada del Partido Liberal. Al anunciar por Twitter su salida, la ya exministra escribió que lo hacía “con un peso en el corazón”, mientras que Trudeau se expresaba “sorprendido y decepcionado”.

Ante las incipientes críticas y las peticiones de rendición de cuentas, el Ejecutivo canadiense se negó a reconocer su indebida interferencia en el sistema judicial canadiense. Eso desató la más profunda crisis política de su gobierno. Al revelarse los hechos, la sociedad demandó transparencia al gobierno. No solo por sus relaciones con el gigante de la ingeniería, sino por el alcance de todo compromiso con las corporaciones privadas.

Trudeau negó toda presión sobre Wilson-Raybould y justificó que era su “deber defender los intereses económicos del país”. Pero la exministra detalló las presiones del ejecutivo para que cambiara la decisión de la Fiscalía y eximiera a la empresa de todo cargo.

Trudeau le recordó que él era diputado por Quebec –en cuya capital Montreal está la sede de la constructora– y argumentó que “no podía arriesgarse a una condena a SNC-Lavalin”, pues implicaría pérdida de nueve mil empleos, así como serias  implicaciones electorales.  

El acoso del jefe de gobierno también alcanzó a la ministra del Tesoro, Jane Philpott, quien decidió renunciar en señal de protesta. En su última entrevista pública, concedida en marzo a la revista Maclean’s, Philpott afirmó que perdió la confianza en el gobierno por su mal manejo en este asunto.

Consideró que ella y la exministra de Justicia tenían múltiples puntos que deberían airearse acerca del caso. “Opino que los canadienses deben conocer la historia completa. Como políticos le debemos eso a los canadienses para asegurar que tengan toda la verdad”. Con esa posición, ambas provocaron la mayor crisis del gobierno de Trudeau.

No es la primera vez

Para la justicia canadiense, el Ejecutivo federal ha violado la ley anticorrupción dos veces.  Recién electo en 2016, Trudeau aceptó vacacionar con su familia en la isla que el Aga Khan –líder religioso de musulmanes ismaelitas– posee en el Caribe. Entonces la Fundación Aga Khan (FAK) negociaba una subvención equivalente a 15 millones de dólares estadounidenses en proyectos.

En diciembre de 2017, el grupo civil canadiense Democracy Watch (DW) envió una carta a la Oficina del Comisionado de Cabildeo de Canadá, en la que solicitaba investigar si el príncipe Shah Karim Al Hussaini (Aga Khan IV) “violó el Código canadiense de cabildeo al otorgar al primer ministro y al diputado liberal Seamus O’Regan el viaje vacacional en su isla privada”.

En la misiva, el cofundador de DW, Duff Conacher, explicó que la acción del Aga Khan colocó a Trudeau y O’Regan en conflicto de intereses, pues la ley prohibe dar al titular de un cargo público un regalo que genera sentido de correspondencia u obligación.

Aunque las vacaciones fueron gratuitas, el viaje del primer ministro a la isla costó al erario  215 mil dólares, mucho más de lo que inicialmente declaró Trudeau.

Además por años, la FAK recibió millones de dólares del gobierno canadiense y está registrada como entidad de cabildeo ante varias dependencias oficiales, incluyendo la Oficina del Primer Ministro, resalta Radio Canadá Internacional.

Seducidos por la imagen de incorruptibilidad de un país tan rico y avanzado políticamente como Canadá, analistas y medios propagan esa percepción. “En América Latina, donde muchos burócratas comercializan su poder administrativo, no es diferente a la de Europa, donde algunos funcionarios obtienen grandes comisiones por obras públicas y contratos de defensa. No obstante, la corrupción en Canadá no es igual a la de México, no sólo por una cuestión de grado, sino también de causas y efectos diferentes”, escribió Raimundo Soto, de la Universidad Católica de Chile, en su ensayo La corrupción desde una perspectiva económica.

Sin ánimo de ironizar, citamos otro caso en que los medios otorgan a funcionarios canadienses capacidad para juzgar a otros gobiernos. El legislador canadiense Bob Nault consideró relevante la estrategia anticorrupción del gobierno mexicano. “Si la gente no confía en su gobierno, será muy difícil que pague sus impuestos, respete la ley y sus instituciones” consignó la agencia Notimex el 18 de febrero pasado.