En diciembre pasado, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) se convirtió en otro de los blancos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando su dirección anunció que no recontrataría personal docente y administrativo eventual y propició que sus casi tres mil alumnos no iniciaran clases a partir de enero.

A la fecha, maestros y estudiantes se mantienen en pie de lucha para demandar que se asigne mayor presupuesto a esa escuela, se recontrate al personal despedido y que todos puedan regresar a las aulas. Como en otros casos, al ser entrevistado sobre este problema, el Presidente acusó al ENAH de “derrochar” recursos, pero sin presentar pruebas.

“Va a continuar la reforma administrativa porque tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones. Tenemos que seguir ahorrando para que el presupuesto le llegue a la gente que más lo necesita”, afirmó en una de sus conferencias matutinas. A la fecha, el problema de la ENAH no ha sido atendido y sigue la amenaza de aplicarle la reforma administrativa.

El seis de enero, un grupo de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos realizó una marcha que partió del Ángel de la Independencia a la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para exigir a su director general, Diego Prieto, una solución a sus demandas. También recurrieron a la Secretaría de Gobernación donde propusieron la instalación de mesas de diálogo, pero la respuesta fue “tibia”; y a la fecha el problema sigue irresuelto.

De acuerdo con información oficial publicada en la página electrónica de la ENAH, dicho centro escolar pertenece al INAH. Se fundó en 1938 e inicialmente dependió del Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN); en 1939 se creó el INAH y en 1946 recibió el nombre con el que se le conoce hasta la fecha.

“La ENAH es la institución que más ha contribuido a la docencia de la antropología en México y en América Latina, con una fuerte presencia en el contexto internacional. Los objetivos principales de la ENAH son la enseñanza profesional a niveles de licenciatura y posgrado; la investigación y la difusión de la cultura en los ámbitos de la antropología y la historia, además de la enseñanza de lenguas indígenas; así como difundir y socializar los conocimientos aprendidos y generados, poniéndolos al alcance no solamente de los especialistas, sino de la sociedad en su conjunto”, advierte su página web.

En la ENAH se imparten licenciaturas, maestrías y doctorados en antropología física y social, arqueología, historia y lingüística.

La embestida de la 4T

Una circular firmada por el secretario administrativo Pedro Velázquez Beltrán, fechada el 29 de diciembre de 2021, instruyó a los titulares y administradores de las unidades administrativas del INAH de “abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales”.

El documento precisó que las únicas contrataciones de este año correspondían al personal de estructura e insistió en destacar que, a partir del primero de enero de 2022, “no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como persona eventual al 31 de diciembre de 2021”. En otras palabras, por indicaciones del Gobierno Federal, el INAH ordenó el despido de decenas de trabajadores, sobre todo docentes, asistentes de investigación e investigadores.

Para Jacobo Rendón, estudiante de antropología social en la ENAH, la aplicación estricta de la reforma administrativa del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T) “implicaría el cierre de muchas actividades de la escuela, entre ellos cerrar la escuela, prácticamente queda cerrada por no contar con los trabajadores eventuales”.

El también integrante de la Comunidad Estudiantil de la ENAH –movimiento que surgió en 2018 a raíz de los recortes presupuestales– reveló, en entrevista con buzos, que esa decisión es para la ENAH un “tiro de gracia”, pues implica asimismo la cancelación de becas, viáticos para estudiantes e investigadores que salen a campo, de proyectos de edificación y mantenimiento de instalaciones.

El anuncio, que hace un año hizo el Presidente de que enviaría a la Cámara de Diputados una reforma para incorporar a los organismos autónomos a las secretarías de su gobierno, conlleva la amenaza de desaparición no solo del Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sino también del INAH y la ENAH.

Sin embargo, en esta situación de riesgo, no se hallan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) porque son dirigidos por personas afines al presidente AMLO.

En la misma ocasión, el Primer Mandatario señaló que los órganos que son objeto de su crítica tienen presupuestos elevados, además de que sus funciones pueden ser realizadas por las secretarías de despacho, ya que “duplican” gastos, como es el caso de la ENAH, según él.

“Tenemos que revisar todos estos aparatos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consumen presupuesto”, argumentó entonces; aunque en realidad el Presidente quita recursos del erario público a instituciones autónomas o académicas para destinarlos a los programas sociales de entrega monetaria directa.

La comunidad ENAH alza la voz

Mientras el director de la ENAH, Hilario Topete Lara, se ha mostrado muy blando ante la decisión del gobierno, al grado de que se ha deslindado de las movilizaciones de estudiantes, maestros y trabajadores, éstos han emprendido una intensa lucha en defensa de la institución.

Desde que se enteró de la medida gubernamental, mostró su inconformidad a través de las redes sociales y organizó varias marchas y mitines en la sede del INAH y Gobernación. Al conocer el documento, Topete Lara advirtió que si se aplica el despido, se paralizaría la escuela y urgió al Gobierno Federal a reconsiderar la no contratación de los trabajadores eventuales.

En un tuit del dos de enero, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, indicó que se trataba de un malentendido y que el personal de la ENAH que laboró en 2021 sería recontratado. “En la Escuela Nacional de Antropología e Historia nadie será despedido; los eventuales que laboraron en 2021 serán recontratados. También los profesores de asignatura. Los que prestan servicios por honorarios, capítulo 3000, trabajarán como en 2021, así informa el director del INAH”.

Diego Prieto, director general del INAH se sumó a la respuesta del vocero presidencial y en su red social escribió: “Gracias por la aclaración puntual y pertinente, apreciado Jesús. Espero estar pronto en la ENAH para platicar con los compañeros, maestros y estudiantes, despejar inquietudes infundadas y platicar sobre las perspectivas de la Instrucción. ¡Feliz año!”.

Han pasado más de 20 días y ni Presidencia ni el INAH han atendido el problema. Una de las primeras acciones fue un paro de labores en la primera semana de enero, cuando participaron alumnos y profesores para expresar su rechazo a la política de austeridad que pretende aplicar el Presidente, y demandaron mayor presupuesto para que la se mantenga en funciones.

La marcha del seis de enero partió del Ángel de la Independencia a las oficinas del INAH. A ella se sumaron estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes también se hallan en lucha contra la imposición de un director al modo del gobierno de la 4T.

El director de la ENAH, Hilario Topete difundió un comunicado, en el que reprobó los “actos vandálicos realizados contra el Ángel de la Independencia y las oficinas del INAH”, aunque reafirmó “su compromiso con los trabajadores eventuales de la escuela a cuyas demandas legítimas se les está dando seguimiento a través de los canales adecuados”.

El INAH emitió otro comunicado en el que aseguró que no habrá despidos en 2022; y que se hará lo posible para mantener abiertas todas las actividades escolares durante el año. Diego Prieto reconoció también que la ENAH permanecería abierta y que se dialogaría con los manifestantes hasta llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad estudiantil.

Jacobo Rendón comentó que el movimiento en defensa de su escuela surgió en realidad en 2018, cuando estudiantes y maestros se organizaron para constituir la Asamblea Estudiantil de la ENAH, en aquel entonces para exigir que no se aplicaran recortes a su presupuesto. En ese año se entregó al director del INAH un pliego petitorio que a la fecha no se ha atendido.

Informó que cada semestre se cancelan recursos destinados a viáticos para investigación de campo, demanda que no se ha resuelto. Además denunció que Prieto no ha transparentado el uso de los recursos del INAH; que a la fecha hay proyectos de infraestructura y mantenimiento inconclusos y propuso que se realice una auditoría a su labor en los años que lleva al frente de este instituto.

“Gobernación, Hacienda y Cultura deben resolver los problemas de manera muy concreta. La petición principal; y por la que acudimos a los mítines es tomarle la palabra al Presidente para que se atiendan las demandas de la ENAH. Dijo que habría recursos, que se destinen esos recursos a la escuela”, precisó el estudiante.

La Asamblea Estudiantil de la ENAH rechaza que Diego Prieto esté presente en las mesas de negociación, pues en varias ocasiones le han expuesto diversas demandas y “no ha atendido ni resuelto nada”.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICA), que respalda a la Asamblea Estudiantil, si se aplican los recortes a la ENAH, se afectaría no solo a la comunidad estudiantil, sino también al personal de 194 zonas arqueológicas, 162 museos y 515 monumentos históricos del país.

En otra movilización, realizada el miércoles 19 de enero frente a la Secretaría de Gobernación, el SNPICA entregó al titular de esta dependencia, Adán Augusto López Hernández, una carta dirigida al Presidente, en la que insistieron en no despedir a los trabajadores eventuales, le pidieron que regularice su contratación formal para que tengan servicio médico, seguridad social, aguinaldo y otras prestaciones.

“Somos nosotros, arqueólogos, historiadores, antropólogos, restauradores, técnicos especializados que, como en el caso de la ENAH, nos mantienen a la expectativa para contratar nuestros servicios condicionando de la manera mas vil el trabajo que con orgullo y profesionalismo realizamos, esperando el pago de nuestro trabajo como si fuera limosna”, afirma la carta.

Reprobaron la actitud del mandatario mexicano quien se ha alzado el cuello en México y el mundo con el prestigio de la cultura prehispánica de nuestro país, olvidándose de los arqueólogos, historiadores y antropólogos; y le recordaron: “nosotros somos quienes participamos en el hallazgo, la restauración, la consolidación y el embalaje de muchas piezas arqueológicas presentadas en la exposición la Grandeza de México que usted inauguró”.

La antropóloga social Matilde Caballero, quien tomó la palabra frente a la Secretaría de Gobernación, afirmó que, desde el arranque de esta administración, se solidarizaron con la comunidad estudiantil de la ENAH y pidió al director Hilario Topete que se pronuncie en favor de la lucha, pues “somos más los que nos hemos unido en la defensa de nuestra escuela”.

Además de los estudiantes del CIDE, se han sumado a la lucha por la defensa de la ENAH los docentes y alumnos de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y otras instituciones académicas que también enfrentan la embestida del gobierno de AMLO y de los gobiernos estatales.

En el caso del primero, el director afín a la 4T intenta cambiar los estatutos del CIDE y en el de la UDLAP, institución privada, la intromisión del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha provocado que dicha universidad lleve cerrada casi seis meses.