En la recta final de su gobierno en Veracruz (2018-2024), Cuitláhuac García Jiménez ha reprimido las protestas de padres de familia de centros escolares, jubilados, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y políticos opositores inconformes con sus pésimos resultados en materia de seguridad pública, salud, educación y descontrol del erario.

Y para cerrar alguna posibilidad de enmendar sus múltiples yerros en los pasados cinco años, el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2024 enviado al Congreso de Veracruz contempla recortes en el gasto destinado a los principales rubros socioeconómicos de la entidad, incluido el dedicado a combatir la violencia delictiva que agobia a la población. 

El pasado 15 de noviembre, García Jiménez entregó al Congreso local su V Informe de Labores, en el cual afirma que “a cinco años del primer gobierno de la transformación, sobresale la reducción de la pobreza en más de 530 mil veracruzanos, el manejo responsable de las finanzas públicas y la atención a grupos históricamente vulnerables”.

Esta evaluación, sin embargo, fue de inmediato cuestionada por algunos actores políticos para que pruebe o aclare con mayor precisión algunas de sus expresiones más categóricas o controversiales.

Entre ellos resaltó el diputado local priista Marlon Ramírez Marín, quien solicitó a Carlos Alberto Juárez Gil, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, información relativa a 55 empresas de nueva creación que están acreditadas como proveedoras de la administración estatal.

El legislador priista requirió la copia certificada de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia de las personas morales (empresas); el nombre de los socios que aparecen en las actas constitutivas de asamblea y las notarías donde están registradas sus escrituras.

Juárez Gil respondió que de acuerdo con la Ley del Registro Público este trámite debe hacerse en las áreas registrales en las que se expiden copias certificadas con previo pago; pero se ofreció a canalizarlo con cada una de ellas. “No puedo saltarme la ley y tenemos que hacerlo conforme al reglamento”, aclaró.

Por ahora, este asunto en particular quedó pendiente de aclaración pública futura, mientras que otros rubros públicos en los que García Jiménez generó controversia son llevados al análisis multidisciplinario.

Agoniza el sistema de salud

Uno de tantos asuntos fue el relacionado con los servicios de salud del gobierno estatal encabezado por Cuitláhuac García, quien en su V Informe afirmó que, en 2023, su administración brindó atención a 75 mil 868 pacientes en centros de salud y hospitales, organizó 87 jornadas quirúrgicas y dio mil 308 “teleorientaciones integrales” a través de 54 “teleconsultorios”.

Sin embargo, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó que, hasta el tercer trimestre de este año, Veracruz permanecía en el tercer lugar nacional de pacientes con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/Sida) con 33 mil 910, cifra equivalente al 9.3 por ciento del total nacional.

El mismo reporte destaca que durante 2023 se detectaron mil 290 nuevos casos de Sida; y que esta cifra fue superior a los contagios registrados en Veracruz en 2018 y 2019, que fueron mil 905 y mil 887, respectivamente.

En la misma situación están los contagios de dengue, epidemia en la que Veracruz reportó mayor incidencia este año y ocupó el segundo sitio nacional; pues los afectados son nueve mil 601, cifra cuatro veces mayor a la registrada en 2022 (mil 490). Además, ha habido 27 defunciones y es probable la existencia de otros 37 mil 28 infectados.

La misma fuente confirmó que, en la entidad, el número de infecciones intestinales afecta a 182 mil personas, de las que mil 800 se encuentran enfermas por fiebre tifoidea y casi nueve mil por salmonelosis.

En días pasados, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, recriminó al gobierno de García Jiménez que el sistema de salud veracruzano no había alcanzado el nivel “de Dinamarca”, como se había comprometido el jefe máximo de la “Cuarta Transformación” (4T), y citó, como muestra clara de esa fallida comparación, lo ocurrido en el Hospital General de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz, que en 2023 no tenía médicos suficientes, carecía de agua potable y sus elevadores fallaron debido a cortos circuitos.

“Éstos son los resultados de la austeridad republicana; de un gobierno que prefiere el clientelismo político y que la gente piense en ‘corcholatas’ y procesos electorales; pero que descuida algo tan esencial como la vida y la salud de ocho millones de veracruzanos”, demandó Rementería del Puerto, quien además alertó que lo ocurrido en el Hospital General del Puerto de Veracruz es apenas un botón de muestra de carencias que existen en los demás nosocomios de la entidad.

“Si no es la falta de agua, es el desabasto de medicamentos, la suspensión de quimioterapias o la negación a intervenir quirúrgicamente porque no hay cirujanos. Hoy, el sistema de salud de Veracruz es el gran talón de Aquiles de este gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y en general de la 4T”, concluyó.

Inseguridad, el mayor pendiente

Justo cuando García Jiménez entregaba al Congreso de Veracruz su V Informe de Labores, el pasado 15 de noviembre, en la congregación municipal El Castillo, perteneciente al puerto de Veracruz, las autoridades judiciales identificaban los restos de una persona que, desde el 16 de agosto, había desaparecido junto a otros cuatro familiares en Xalapa, la capital del estado.

Se trataba de Beatriz García Hernández: su cuerpo fue encontrado junto a dos hombres, un niño de tres años y su madre de 21 años. Los cinco fueron vistos por última vez en Xalapa. Estas personas ahora forman parte de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta que en Veracruz, de enero a octubre, se registraron 713 homicidios dolosos; y que su promedio mensual es de 71.

La misma oficina informa de un acumulado de seis mil lesiones dolosas, de las cuales cerca de 400 se cometieron con arma de fuego, 41 feminicidios; 24 secuestros, 15 mil 490 robos en general: dos mil 249 a casa habitación, tres mil 959 de automóviles; mil 450 de motocicletas, mil 807 a transeúntes; y tres mil 556 robos a negocios.

Aun con estos datos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, declaró que Veracruz es hoy la séptima entidad más segura del país y que esto es “resultado de acciones orientadas a la reducción de la incidencia delictiva mediante estrategias preventivas y táctico-operativas, el uso de la tecnología, la profesionalización y dignificación de la labor policial”.

Al respecto, la coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso local, Anilú Ingram Vallines, criticó estos resultados y los atribuyó tanto a los bajos incrementos presupuestales destinados al rubro de seguridad pública como al aumento en el número de plazas en estas áreas.

“Es inaceptable que de cada 10 pesos autorizados por esta Legislatura para seguridad, sólo cuatro estén sujetos a un proceso de evaluación que mida resultados concretos. No es posible que en los resultados plasmados en los Informes Trimestrales de gasto sólo revisemos si están bien gastados o no, si cumplen con la normativa o no, si se los roban o no, si lo subejercen o no”.

Por su parte, Mónica Mendoza Madrigal, integrante del Capítulo Veracruz de la Red de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, reveló que las mujeres de Veracruz viven en riesgo permanente; y que en los últimos cinco años han registrado 53 feminicidios, la desaparición de 759 mujeres y 43 sanciones por razones de género, según el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. 

“En Veracruz hemos prácticamente perdido un sexenio en materia de políticas públicas para el fomento de la igualdad y el combate a la violencia contra las mujeres. Y desde aquí les decimos, a quienes aspiran a la gubernatura: las mujeres veracruzanas necesitamos conocer sus propuestas específicas para recuperar el Instituto Veracruzano de las Mujeres como instancia encargada de la política pública…

“… Pero también requerimos de su compromiso claro en materia presupuestal; porque sin recursos, todas las acciones emprendidas son superficiales y demagógicas. Nosotras, las activistas, las colectivas, las académicas, las empresarias, las investigadoras, trabajaremos en una agenda clara sobre lo que es prioridad de atender. Ya no tenemos más tiempo qué perder”, destacó Mónica Mendoza.

En el olvido, el campo

En su V Informe de Labores, García Jiménez advirtió que el “campo continúa siendo un sector de prioridad, por lo cual se han generado acciones para elevar la productividad y las buenas prácticas”; que su gobierno invirtió 78.4 mdp en capacitaciones y asesorías agroecológicas; que se impulsó la producción de bioinsumos sólidos y líquidos en las escuelas campesinas; y que se fomentó la producción de bioinsumos con elementos locales para reducir costos de producción y el uso de agroquímicos.

Sin embargo, hace unos días, Cirilo Elotlán Díaz, integrante del Consejo Regional del Café de Coatepec, denunció que el cultivo de café arábica está al borde del “exterminio” en el estado de Veracruz, porque faltan políticas públicas de apoyo al sector cafetalero.

Elotlán Díaz explicó que el cambio climático está perjudicando también; e informó que la cosecha de este año, que debía hacerse en noviembre, se inició en octubre; los productores no contaban con los gastos de recolección, además, el precio del café está “por los suelos”; pues el kilogramo de cereza oscila entre los seis y siete pesos con 50 centavos, monto que no es rentable.

“El precio mejor pagado es en el municipio de Cosautlán, donde está a 7.40 pesos; pero es sólo un municipio en relación con todos los demás”. También refirió que el quintal de café pergamino convencional cayó 50 por ciento, pues ahora cuesta dos mil 100 pesos, y en la cosecha antepasada se pagó a cuatro mil 200 pesos.

Debido a esta situación, los cafeticultores demandaron al gobierno morenista una compensación por los bajos precios del café, invocando el apoyo que anteriormente se brindó a los productores de maíz.

Con relación a los problemas ecológicos en Veracruz, el gobierno de García Jiménez revindicó como uno de los principales logros de 2023 la producción de un millón 331 mil 259 plantas y árboles y la entrega de 987 mil 92 por cuenta de nueve viveros estatales.

Cecilia Navarro González, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, aseveró que Veracruz ocupa el primer lugar nacional con mayor actividad en la extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica, con dos mil 53 pozos. Denunció también que de este número, mil 398 están abandonados (68 por ciento) y 655 se hallan en operación (32 por ciento).

La activista informó que sólo en Papantla, en el norte de la entidad, se documentaron 169 pozos en funcionamiento y 568 en desuso. El fracking se practica en nueve municipios de la entidad y, de acuerdo con la experta, este tipo de extracción de hidrocarburos provoca fugas de gas metano que representan un grave riesgo para la salud humana.

“Encontramos que son permanentes las fugas de gases en pozos activos y pozos que ya están fuera de funcionamiento. Esto nos preocupa mucho porque la mayoría de los pozos son cercanos, aledaños a casas habitación”, subrayó; además, recordó que los primeros días de noviembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó en Veracruz 216 incendios forestales que afectaron dos mil 273 hectáreas de bosques.

Empieza la distracción electoral

Tres funcionarios del gabinete estatal de Cuitláhuac García solicitaron licencia: Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno; Zenyazen Escobar García, de Educación; y Dorheny García Cayetano, del Trabajo. Todos solicitaron su baja para participar en las elecciones internas de Morena, aunque también se prevén cambios en las áreas de Comunicación Social y la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El pasado 23 de noviembre, Adolfo Ramírez Arana, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), interpuso una denuncia contra el gobernador García Jiménez ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz por entrometerse en el proceso electoral.

En la queja se acusa al Ejecutivo estatal de violar el Artículo 134° de la Constitución Federal y el 79°, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz, al denostar públicamente a militantes del PRI con el propósito de influir en los votantes de cara a la elección local de 2024.

“Vamos a estar vigilantes dando seguimiento adecuado; no será la única denuncia porque estamos seguros de que ellos van a seguir pisoteando la ley electoral; estaremos atentos para que, en cada uno de esos agravios, haya denuncia”, aclaró.

El dirigente estatal del PRI denunció que el gobernador del estado tiene miedo porque sabe que se avecina la sucesión y que perderá la elección. “Por eso, el lunes le dedicó diez minutos a nuestros aspirantes y a hablar del PRI, inclusive a pasar en su pantalla videos que no se sabe si son ciertos o no; y lo que se refleja es que, a toda costa, quieren preservar el gobierno.

“El llamado de los priistas a Cuitláhuac García es que se ponga a hacer su trabajo; si se mete con un priista se mete con todos. No nos vamos a dejar; lo vamos a señalar siempre; y vamos a hacer las denuncias correspondientes. Ya pasaron cinco años sin resultado alguno”, demandó Ramírez Arana.

El político de oposición denunció, además, que la administración morenista obliga a empleados gubernamentales a asistir a sus eventos políticos de partido, lo que está estrictamente prohibido tanto por la Constitución de la República como por la de Veracruz.

Sin embargo, Ramírez Arana concluyó su intervención con la advertencia de que Morena “tiene los días contados, porque la ciudadanía ya se cansó de los nulos resultados en seguridad, generación de empleos, obra pública, corrupción y contratos irregulares” y que su partido recuperará el gobierno.

Cuitláhuac García remató su V Informe de Labores asegurando que sus resultados fueron “los logros de un gobierno honesto y austero, comprometido con la erradicación de la corrupción y la eliminación de la extravagancia”; aunque reconoció que “queda mucho por hacer”. 

José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal y precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, alertó que el presupuesto del año próximo quitará recursos a estados y municipios, y que entre las instituciones sociales más afectadas por los recortes, se encuentran las que protegen a las mujeres.

El Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, difundió una evaluación en la que se afirma que, en 2024, habrá menos recursos federales para el campo y obras públicas urbanas proyectadas en Veracruz. Es decir, en los 12 meses restantes del gobierno de Cuitláhuac García habrá mucha menos lana.