Las condiciones de los trabajadores siguen empeorando. Cada vez son más los gobiernos del mundo que niegan el derecho a la huelga o a afiliarse a un sindicato. El informe 2023 sobre el Índice Global de los Derechos publicado por la Confederación Sindical Internacional (International Trade Union Confederation, ITUC) ofrece una lectura desalentadora, como viene siendo habitual desde hace una década, cuando la ITUC publica sus informes anuales.
Una vez más, no hay ningún país en la Tierra que proteja plenamente los derechos de los trabajadores, consigna el informe del Índice Global de Derechos. No es nada nuevo, ya que éste era el caso en el informe de 2022, y en todos los informes anteriores. El neoliberalismo no tiene rostro humano.
Tras señalar que “los cimientos y pilares de la democracia están siendo atacados”, el informe comienza con un resumen aleccionador:
“Tanto en los países de renta alta como en los de renta baja, a medida que los trabajadores han sentido toda la fuerza de la crisis del coste de la vida, los gobiernos han reprimido sus derechos a negociar colectivamente aumentos salariales y a emprender huelgas contra la indiferencia de los empleadores y los gobiernos ante los efectos de la espiral inflacionista sobre los trabajadores. De Eswatini a Myanmar, de Perú a Francia, de Irán a Corea, las demandas de los trabajadores para que se respeten sus derechos laborales han sido ignoradas y su disidencia se ha topado con respuestas cada vez más brutales por parte de las fuerzas del Estado”.
Vivir en el Norte Global no exime de la represión. El informe, al constatar que el 87 por ciento de los países del mundo vulneran el derecho de huelga, señala que Bélgica, Canadá y España se encuentran entre los países en los que los trabajadores se han enfrentado a procesos penales y despidos tras tomar la decisión de hacer huelga. En Corea del Sur, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering presentó una demanda contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Metal de Corea por supuestas pérdidas económicas ocasionadas por una huelga, exigiendo 47 mil millones de wones (35.3 millones de dólares).
Casi el mismo número de países –el 79 por ciento– vulneraron el derecho a la negociación colectiva, y los trabajadores de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia, denunciaron que sus derechos de negociación colectiva se habían visto gravemente reducidos. Casi tres cuartas partes de los países –73 por ciento– impidieron el registro de sindicatos mediante legislación gubernamental, incluido Canadá.
En general, según la ITUC, “en los últimos 10 años se ha producido un aumento constante de la violación de los derechos de los trabajadores en todas las regiones... La línea que separa las autocracias de las democracias se está difuminando y los trabajadores se encuentran en primera línea mientras los gobiernos y las empresas intentan oscurecerla aún más”. Aunque la ITUC no menciona el capitalismo en su informe, esta tendencia, que se remonta a mucho más tiempo que la última década en la que la confederación ha publicado sus informes, es sintomática de la actual guerra de clases unilateral que libran los industriales y financieros contra los trabajadores. Hay que tener siempre presente que los beneficios proceden de la diferencia entre el valor de lo que producimos, ya sean bienes tangibles o servicios, y el valor de cambio de esos bienes o servicios.
No debería sorprendernos, por tanto, que algunos de los peores gobiernos para defender los derechos de los trabajadores sean los gendarmes del sistema capitalista mundial. Estados Unidos y Gran Bretaña se encuentran entre los países peor clasificados, a pesar de que a esos gobiernos les gusta señalar con el dedo a otros países. El gobierno británico, por ejemplo, “presentó una nueva legislación primaria ante el parlamento en enero de 2023 que haría cumplir la imposición unilateral de Niveles de Servicios Mínimos a los trabajadores ferroviarios, trabajadores de ambulancias y trabajadores del servicio de bomberos”, con disposiciones para que tales leyes se extiendan a varias otras descripciones de trabajo. El proyecto se convirtió en ley en julio. Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de sus afirmaciones de ser “el presidente más favorable a los sindicatos”, impuso un contrato a los trabajadores ferroviarios, la mayoría de los cuales había votado en contra de aceptarlo, que les dejaba sin días de baja por enfermedad y otras duras condiciones laborales.
El Índice Global de Derechos clasifica a los países del mundo del uno al cinco, siendo el uno la mejor categoría, que denota “violaciones esporádicas de los derechos”, definidas como aquellas en las que “las violaciones contra los trabajadores no están ausentes, pero no se producen de forma regular”. Sólo nueve países recibieron una calificación de uno, los mismos nueve que en 2022. Esos nueve son Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega y Suecia (aparecen en verde en los mapas del informe).
Los países con calificación dos son aquellos con “violaciones reiteradas de los derechos”, definidos como aquellos en los que “determinados derechos han sido objeto de ataques reiterados por parte de gobiernos y/o empresas y han socavado la lucha por unas mejores condiciones de trabajo”. Entre los países con esta calificación se encuentran la República Checa, Francia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, Suiza y Uruguay (aparecen en amarillo en los mapas del informe).
Los países con calificación tres son aquellos con “violaciones regulares de los derechos”, definidos como aquellos en los que “los gobiernos y/o las empresas interfieren regularmente en los derechos laborales colectivos o no garantizan plenamente aspectos importantes de estos derechos” debido a deficiencias legales “que hacen posibles violaciones frecuentes”. Entre los países con esta calificación se encuentran Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, México y Sudáfrica (aparecen en naranja claro en los mapas del informe).
Los países con calificación cuatro son aquellos con “violaciones sistemáticas de los derechos”, definidos como aquellos en los que “el gobierno y/o las empresas realizan serios esfuerzos para aplastar la voz colectiva de los trabajadores, poniendo en peligro los derechos fundamentales”. Entre los países con esta calificación se encuentran Gran Bretaña, Grecia, Perú, Estados Unidos y Vietnam (aparecen en naranja oscuro en los mapas del informe).
Los países con calificación cinco son los que “carecen de garantías de derechos”, definidos como “los trabajadores no tienen efectivamente acceso a estos derechos (recogidos en la legislación) y, por tanto, están expuestos a regímenes autocráticos y prácticas laborales injustas”. Entre los países con esta calificación se encuentran Brasil, China, Colombia, Ecuador, India, Filipinas, Corea del Sur y Turquía (aparecen en rojo en los mapas del informe.) Además, hay países con una calificación “cinco+”, aquellos con “Ninguna garantía de derechos debido a la ruptura del Estado de Derecho”. Afganistán, Myanmar, Siria y Yemen se encuentran entre los 10 países incluidos en esta categoría, y están coloreados de rojo intenso.
Que las condiciones de los trabajadores –que, al fin y al cabo, constituyen la inmensa mayoría de la población mundial– sigan deteriorándose es coherente con otras tendencias económicas. Se han desembolsado cerca de 20 billones de dólares (18.7 billones de euros) sólo para apuntalar los mercados financieros desde el colapso económico de 2008. Cinco de los mayores bancos centrales del mundo –la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá– repartieron cerca de 10 billones de dólares para apuntalar artificialmente los mercados financieros en los dos primeros años de la pandemia de Covid-19, además de los 9.36 billones de dólares que se gastaron en apuntalar los mercados financieros en los años posteriores al colapso económico mundial de 2008.
Podríamos citar la avaricia empresarial que mantuvo viva la pandemia de Covid-19, avaricia facilitada por la mayoría de los gobiernos del mundo que no dieron prioridad a la atención sanitaria por encima del dinero, como ejemplifica el hecho de que las vacunas sigan sin estar disponibles para el Sur Global. La Unión Europea, con su obstinada negativa a renunciar a cualquier norma de propiedad intelectual por fidelidad a los fabricantes de vacunas Covid-19, ha sido el mayor obstáculo. Se considera que mantener los derechos de propiedad intelectual es más importante que la vida humana. También podríamos citar las llamadas “asociaciones público-privadas”, a las que los gobiernos venden infraestructuras públicas por debajo de su coste a las empresas, que luego aumentan los costes, reducen los servicios y eliminan puestos de trabajo en busca de beneficios desorbitados.
La naturaleza unilateral de la guerra de clases queda aún más ilustrada por la “solución” del Banco Mundial al deterioro de los salarios y las condiciones de trabajo: pedir que se rebajen aún más las normas laborales porque las regulaciones actuales son “excesivas”. En otras palabras: ¡trabajar hasta caer rendido! Y se espera que trabajes más horas hasta caer rendido, ya que las normativas sobre jornadas laborales excesivas se incumplen con frecuencia; como resultado, los empleados se ven obligados a trabajar más horas, bien por miedo a perder el empleo si se niegan, bien para sobrevivir, porque los salarios no dejan de caer por detrás de la inflación y los costes de la vida. Y esos costes de vida están especialmente sujetos a incrementos porque el coste de la vivienda se está disparando, aumentando mucho más rápido que la inflación y los salarios en países de todo el mundo.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que los trabajadores del mundo se unan y se defiendan en lo que ha sido una guerra unilateral durante medio siglo?
