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El verdadero fin de la Comisión de la Verdad
El primer decreto del nuevo presidente de México fue crear una Comisión de la Verdad, supuestamente para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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El primer decreto del nuevo presidente de México fue crear una Comisión de la Verdad, supuestamente para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un tema que sin duda ha sido objeto de diversas investigaciones de instancias nacionales e internacionales; un tema, ya investigado y analizado hasta el cansancio; el objetivo, ahora, es revivirlo.

El Diario Oficial de la Federación publicó que es de interés de este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dar con el paradero de los estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014; sin duda un tema y un asunto que fue de los que más daño causó al gobierno priista de Enrique Peña Nieto, principalmente, por la ineficiente y demasiado lenta respuesta de su equipo de comunicación, algo que caracterizó a todo el sexenio.

Pero en realidad, la desaparición de los normalistas no era un conflicto que él tuviera que sortear, sino el gobierno de Guerrero, quien finalmente salió bien librado, aunque no debía ser así, porque lo que sucede en las entidades, en primer orden, es responsabilidad de cada gobierno estatal; en ese entonces, correspondía a la administración de Ángel Aguirre, funcionario, por cierto, muy cercano a AMLO.

La famosa “verdad histórica”, el anuncio de que los estudiantes habían sido incinerados en Cocula, dio la vuelta al mundo, gritando a los cuatro vientos que en México la inseguridad es un asunto muy preocupante, que va acompañada de total impunidad para los criminales, con la complicidad de los cuerpos de seguridad y las autoridades locales; además de las constantes pugnas por las plazas del narcotráfico en la entidad.

Para ningún mexicano fue ajeno el dolor de los padres y familiares de los jóvenes; la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos” alcanzó las dimensiones de un clamor nacional; pero la frase, poco a poco, también se fue haciendo hueca después de cuatro años; tras el dolor, fueron surgiendo banderas políticas, sobre todo de aquellos grupos que se autoproclaman defensores de los derechos humanos pero que en el fondo no tienen la capacidad para solucionar el problema.

Lo que AMLO anunció en las primeras horas de su gobierno parece más una estrategia para mediatizar a quienes siguen exigiendo la aparición de los estudiantes y castigo para los criminales; al fin y al cabo, si en un evento público al que asista el presidente de la República se atiende a las familias de los desaparecidos, el tema será capitalizado políticamente por él.

Desde su campaña, AMLO prometió resolver y atender todos los problemas de México, educativos, de inseguridad, corrupción, así como entregar apoyos sin distinción de partidos. Algunas de sus promesas se van a quedar solo en eso; días después de su toma de protesta, varios políticos, analistas y comunicadores señalaron que su primer evento público en Veracruz parecía más un acto de campaña que uno donde se empezaran a ofrecer verdaderas alternativas para resolver la problemática de los habitantes de la entidad; si esa política es la que va a seguir AMLO frente a quienes exijan justicia para los 43 normalistas, su conducta quedará evidenciada como otra maniobra para que la denuncia no se salga de control.

La Comisión de la Verdad pondrá de nuevo sobre la mesa el tema de los estudiantes desparecidos, tomará declaraciones, integrará expedientes y redactará nuevos informes que tampoco llevarán a ningún camino a los padres y familiares que desde hace cuatro años esperan a sus hijos; se trata, pues, de una nueva mentira del gobierno para evitar que la protesta y exigencia aumenten. Si realmente se quiere llegar a la verdad, el gobierno morenista tendría que investigar al exgobernador Ángel Guerrero y a quien era autoridad en Iguala, a José Luis Abarca Velázquez; pero ésa no parece ser la intención del presidente. Por el momento, querido lector, es todo.

El clímax no político...

En Puebla, ¡Justicia pendiente! Este lunes 10 de diciembre se cumplen 14 meses del asesinato del joven líder antorchista y presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión. A 14 meses del crimen político las autoridades judiciales y políticas del estado de Puebla no han hecho justicia y no se han detenido a los autores intelectuales del crimen, a pesar de que todo apunta a que uno de los posibles autores fue el alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral.

Miles de mexicanos recuerdan al líder antorchista de la Sierra Norte de Puebla y exigen que las autoridades políticas y judiciales del estado hagan justicia. Esta será una buena tarea para la nueva gobernadora, Martha Erika Alonso. Por el momento, querido lector, es todo.


Escrito por Miguel Ángel Casique Olivos

Colaborador


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