En un estudio del Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina (SOPLA, por sus siglas en alemán) la Fundación Konrad Adenauer analiza la relación que existe entre la inversión en infraestructura y la reducción de la pobreza en 12 países del continente americano, entre los que se encuentra México; establece que la inversión en este sector influye contundentemente en la reducción de la pobreza y la elevación del nivel de vida de los habitantes. Reconoce dos grandes apartados: el primero, infraestructura en obras civiles como carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, etc. que, según el estudio, reduce la existencia de mercados aislados y los costos de transacción de mercancías al mejorar la conectividad, lo que produce mayor crecimiento económico y, por ende, una disminución de la pobreza, porque representan una importante fuente generadora de empleo directo e indirecto, además de reducir el costo de los bienes adquiridos para toda la población; en tanto que la inversión en obras de riego –embalses o canales– aumenta en forma significativa la productividad y fomenta la mano de obra agrícola, muchas veces ligada a sectores pobres; la infraestructura en servicios básicos –agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y servicios públicos de educación y salud–si bien no combate la pobreza en sí, mejora el nivel de vida de los sectores más pobres, además de que los altos estándares en salubridad propician una reducción en las tasas de mortalidad y morbilidad de los sectores beneficiados que, en el largo plazo, acotan la pobreza y producen una mayor sensación de equidad que disminuyen las tensiones sociales.

El acceso a la vivienda representa el concepto más relevante en el presupuesto de las familias, aun más en los hogares de bajos ingresos, cuya composición se ve modificada por la posesión, el arrendamiento o la adquisición de estos mediante endeudamiento; un hogar gasta, en promedio, el 14 por ciento de los ingresos familiares, incluido el mantenimiento general (servicios públicos básicos, gastos de reparación, expensas, etc.). Este gasto sube al 25 por ciento cuando las familias pagan renta.

El anterior análisis, realizado por investigadores especializados en Latinoamérica, demuestra que el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) tiene razón cuando afirma que las inversiones públicas en servicios de infraestructura urbana como electricidad, agua potable, saneamiento, vivienda, salud, educación, cultura y deporte elevan sustancialmente el nivel de vida de los ciudadanos y combaten efectivamente la pobreza, porque evitan que éstos deban destinar gran parte de su magro salario a resolver estas necesidades, que son obligación del Estado y dejar de adquirir los artículos y los servicios de primera necesidad, como alimentación, vestido, calzado, educación y salud.

Esta concepción objetiva de la realidad nacional sustenta y orienta los cuatro ejes del Proyecto de Nación del Movimiento Antorchista, ya que las inversiones en infraestructura social o básica han sido el motor de nuestra lucha contra la pobreza durante 46 años y nos permiten acceder al gobierno de 35 municipios en diversas entidades federativas sin ser aún partido político. Algunos de los ayuntamientos antorchistas, como Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, en Puebla y Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México (Edomex), son modelo de desarrollo a nivel nacional.

Una de las pruebas más contundentes de la eficacia de nuestro modelo de combate a la pobreza mediante las inversiones públicas en infraestructura básica se halla en Tecomatlán. Esta pequeña ciudad de poco menos de seis mil habitantes, gobernada por antorchistas desde 1978, considerada la Atenas de la Mixteca, fue inscrita en el City to City Barcelona FAD Award 2013, concurso donde participan 300 ciudades de todo el mundo, y se colocó entre las 25 finalistas al lado de Atlanta, EE. UU.; Birmingham, Reino Unido; Lyon, Francia; Rhin del Norte, Alemania y Buenos Aires, Argentina. Esta cualificación internacional se debió a la gran capacidad de transformación que ha experimentado a partir de 1978, cuando figuraba entre los municipios más pobres de Puebla y en el curso de solo cuatro décadas ha logrado convertirse en una comunidad municipal modelo gracias a que las inversiones en infraestructura social ayudaron a reducir sustancialmente la pobreza, que ahora es mínima; elevando el nivel de vida de la mayor parte de la población y promoviendo un desarrollo integral, armonioso y sostenido.

Hoy Tecomatlán tiene escuelas de todos los niveles educativos, incluidas dos de nivel superior y, de acuerdo con datos del Inegi, siete de cada 10 de sus habitantes son estudiantes; cuenta con un hospital integral que atiende a pacientes de prácticamente toda la región mixteca de Puebla, Oaxaca y Guerrero; una unidad deportiva con canchas donde se practican todos los deportes (beisbol, futbol, basquetbol) y alberca olímpica; varios auditorios, un teatro, una casa de cultura, una plaza de toros y un museo de artes plásticas. Además tiene una cooperativa regional que da empleo a un alto porcentaje de la población en edad de laborar.

Por ello, el MAN propone cambiar la tendencia de las inversiones básicas en nuestro país en favor de las mayorías que, en 2008, apenas representaban el 13 por ciento del gasto en infraestructura urbana comparada con el 32 por ciento aplicado en los servicios públicos de las capas sociales altas de México, que son minoría. Pero ahora ese raquítico porcentaje ha sido llevado a la extinción por los recortes del gobierno de la 4T, colocando a millones de pobres frente a un futuro nada halagüeño.

En conclusión: la finalidad del trabajo humano y por tanto de la actividad productiva es, en última instancia, dominar la naturaleza para ponerla a su servicio, haciendo con ello más tolerable y, si es posible, más placentera la vida del ser humano. El sector de la construcción no solo genera fuentes de empleo y riqueza material sino también es la actividad productiva que más impacta en la transformación de las condiciones materiales del hombre en una sociedad.

La ciencia exige que cualquier fenómeno de la realidad sea analizado históricamente para que su conocimiento integral nos permita su control y dominio en favor de las necesidades de la sociedad. Ubicar el comportamiento del sector en sus fases temporales nos ayuda a entender el estado que guardaba antes de la pandemia, contextualizar su situación en la actualidad y comprender hacia dónde se dirige en el periodo inmediato. Esto es necesario para entender tanto los accidentes fenoménicos como la esencia profunda del comportamiento de una actividad importante para el desarrollo económico y social. Es así como podrán tomarse las medidas más acordes a las necesidades de la realidad.

La escasez de datos estadísticos y estudios científicos en esta materia tal vez impidan formular una mejor propuesta de análisis, pero a cambio el presente trabajo tiene como intención primordial destacar un hecho histórico insoslayable: que desde que nuestro país ingresó a la modernidad a finales de la Revolución Mexicana de 1910, y hasta 1982, la mayoría de los gobiernos buscaron el desarrollo socioeconómico mediante las inversiones públicas en infraestructura y que esta tendencia disminuyó o se abandonó, en el periodo de 1982 a 2016, cuando su carácter de país capitalista dependiente sometió a México al modelo económico neoliberal, en el que la inversión pública se redujo sustancialmente y solo en parte se sostuvo la infraestructura civil concesionada al capital privado, la cual se orientó al mejoramiento y a la urbanización de las redes carreteras, portuarias y ferroviarias que facilitaran el ingreso de la inversión extranjera.

Esta somera revisión histórica nos permite comparar la orientación de la inversión en el actual gobierno. Se observa que sigue dando prioridad a los proyectos del gran capital y a los de las empresas paraestatales, con la diferencia de que destina a ellas casi la totalidad de su presupuesto de inversión física, reduciendo peligrosamente el ya raquítico monto que se invertía en obra social (vivienda, educación, salud, etc.), como se evidenció en 2019, cuando se redujo de 370.5 mil millones a 10 mil 485 millones. En los hechos significa una especie de tendencia neoliberal estatista, ya que las inversiones del Estado se destinan a proyectos que fomentan el turismo y el comercio, propio del capital globalizado y neoliberal; es decir, el combate al “neoliberalismo” y la proclama del actual gobierno de que para él “los pobres son primero”, solo son un discurso.

¿Cuál es el resultado? El más importante o esencial: que el sector de la construcción enfrentará un largo periodo de crisis provocado por el retroceso en la inversión pública, con la consabida pérdida de capital y la destrucción de empleos que afectará la vida de millones de ciudadanos que se sumarán al alto porcentaje de mexicanos que están en pobreza y que no podrán salir de ella, porque las políticas gubernamentales no son las de un proyecto igualitario y progresista; realmente significan ajustes neoliberales orientados a fortalecer al gran capital.

El sector de las Pequeñas y Medianas Empresas debe saber que su recuperación solo será promovida por un gobierno progresista que es necesario impulsar. Por otra parte, los 80 millones de personas pobres, que en su mayoría no cuentan con la infraestructura urbana adecuada o completa, deben entender y saber que su salida de esta condición está en sus propias manos, mediante su unión y organización social y política en torno a un proyecto diferente de nación, un programa en el que sus intereses y su futuro estén unidos como el cuerpo a la piel en la búsqueda de un gobierno realmente progresista y democrático que resuelva sus problemas de empleo, educación, alimentación y desarrollo intelectual y cultural. El camino es hacia adelante, no hacia atrás, se necesita otro proyecto político para México.