El Poder Judicial del estado de Jalisco es hoy el objetivo económico de los partidos políticos, cuyos dirigentes locales aspiran a controlar los casi 30 mil millones de pesos (mdp) que se mueven en el entorno de esta institución. En la disputa sobre este botín destacan el gobierno estatal, en manos del Movimiento Ciudadano (MC), y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Durante décadas, el PRI fue el mayor controlador de jueces y magistrados, pero cuando el PAN tomó las riendas del Ejecutivo y el Legislativo estatales, sus dirigentes lograron designar a casi el 60 por ciento de los jueces, vía el nombramiento de los consejeros de la Judicatura, y la fuerza de tres gobernadores con de José María Martínez, ex militante panista y hoy miembro destacado de Morena.

Pero desde que Enrique Alfaro Ramírez llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo local, el MC se perfiló hacia el Poder Judicial para disputar el control de las plazas judiciales contra priistas y panistas. Para el logro de este objetivo creó la plataforma política denominada Refundación que implicó la reforma integral de ley orgánica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Justicia Alternativa y, por supuesto, los organismos autónomos: el Tribunal Electoral de Jalisco y el Tribunal de Justicia Administrativa.

El gobernador Alfaro Ramírez puso en marcha su plan maquiavélico contra el STPJE desde el primero de diciembre de 2017, cuando asumió la primera magistratura de Jalisco, en aparente respuesta tardía a las “injustas” sentencias adversas que el Tribunal Administrativo dictó en su contra en asuntos relacionados con el desarrollo urbano cuando fue presidente municipal, primero de Tlajomulco de Zúñiga y luego de Guadalajara.

La presunción de que Alfaro proponía renovar el Poder Judicial de Jalisco en “desquite” a fallos precedentes, se evidenció cuando acusó de corrupción a los magistrados del Tribunal Administrativo sin que presentara pruebas en su contra, y dio instrucciones al Fiscal General del Estado (FGE), Gerardo Octavio Solís Gómez, para que investigara el patrimonio de aquéllos, de algunos jueces y sus familiares.

En un oficio que circuló por redes sociales, un agente del Ministerio Público de la Dirección de Visitaduría ordenó investigar a jueces, magistrados, esposas e hijos para integrarlo en una carpeta de investigación. El remitente fue la Dirección de Inteligencia Financiera de la misma Fiscalía General de Justicia del Estado y la federal.

De esta investigación derivó la suspensión de las cuentas bancarias de los magistrados Alberto Barba y Armando García, del expresidente del STJE, Celso Rodríguez González, su esposa y su hijo. Rodríguez se amparó ante la justicia federal, la cual le concedió la suspensión y ordenó que se desbloquearan sus cuentas. Posteriormente, en una rueda de prensa rechazó que su patrimonio era resultado de 34 años de trabajo y que no correspondiera a sus ingresos como magistrado.

“No sé cuánto tengo, pero es un patrimonio legal y si quieren en otra ocasión hablamos de mis bienes”, aseguró Rodríguez González, quien explicó que se había enterado de que los investigaban a través de los medios de comunicación. Aseguró que no había sido notificado ni se le había concedido derecho de audiencia.

Rodríguez González fue presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal durante siete años y confirmó que presentó amparos contra el bloqueo de su cuenta de nómina, la de su esposa y la de su hijo, así como contra un oficio dirigido a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para ponerse a disposición ante cualquier aclaración.

La controversia

Alfaro Ramírez asegura que se propone a limpiar de corrupción el Poder Judicial de Jalisco, que no pretende imponer magistrados y que su propuesta de reforma constitucional solo se propone modificar el mecanismo aplicado en la designación de los magistrados.

El mandatario estatal explicó que no intervendrá en ninguna etapa del proceso y que en su iniciativa se establece que los diputados elegirán a los prospectos para magistrado entre los tres perfiles mejor evaluados. La reforma incluye además la aplicación de pruebas de control y confianza a los participantes, la supresión del pago de bonos de retiro y la reelección y el establecimiento de un solo periodo de magistratura a 10 años.

Esta propuesta, sobre todo la aplicación de las pruebas de control y confianza, fue calificada como una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y, por lo mismo, fue rechazada por el Poder Judicial en su pleno del pasado nueve de julio; además de que la mayoría de los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro Estévez y nueve magistrados votaron en contra, entre ellos los que los recientemente se incorporaron al TSJE y que tienen relación con Movimiento Ciudadano. Los magistrados que votaron a favor están identificados como de la “vieja guardia”; es decir, los vinculados a la Universidad de Guadalajara (UdG) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Luego de la rebelión de los magistrados, el gobernador Alfaro se reunió con el presidente Suro Estévez y los que se pronunciaron en contra de la controversia, mientras que el Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, lo hizo con los promotores de la misma sin que se lograra el desistimiento.

En la última sesión de pleno del STJE se recordó a Suro Estévez que hay un término legal para que presente la controversia constitucional ante la SCJN, lo cual provocó su molestia, y aseguró que aún no estaba; entonces los promotores le recordaron que podría caer en desacato a un acuerdo del pleno, lo que podría ser motivo de juicio político.

El verdadero poder

Durante la administración estatal del priista Jorge Aristóteles Sandoval su padre, el magistrado Leonel Sandoval, operó como el “verdadero Poder Judicial” en Jalisco; y los magistrados electos en dicho periodo, Luis Carlos Vega Pámanes y Estévez, respondieron plenamente a los intereses y al control político ejercido por “papá Leonel”. Este control sigue vigente en el TSJE pese al cambio de color partidista en la administración estatal en manos de Alfaro Ramírez.

El martes cinco de febrero de 2019, el magistrado Leonel Sandoval, padre del exgobernador Aristóteles Sandoval, solicitó su retiro voluntario ante sesión del pleno del TSJE porque en estos días cumplirá 70 años de edad. Sin embargo, existe la versión de que “papá Leonel” aún controla las decisiones del tribunal y de que este hecho forma parte de la estrategia del gobernador Alfaro.

La negativa de Suro a interponer la controversia constitucional es visualizada como parte de la trama de Sandoval para permitir que Alfaro coloque en el TSJE seis o siete magistrados afines a sus intereses; ya que en fecha próxima se lograría contar con la mayoría en el Poder Judicial de Jalisco.

El entonces presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera, calificó la trayectoria de Sandoval como exitosa. Comentó que la baja del magistrado se concretará primero de febrero de 2020, y que a partir de esa fecha se desencadenará el retiro de otros seis magistrados, “lo cual permitirá la entrada a una nueva generación de magistrados con carreras ejemplares, no improvisados, ni ligados al poder en turno".

El botín de magistrados y jueces

El presidente del Consejo de Colegios de Abogados (CCA), maestro José Luis Tello Ramírez, quien lidera a 34 colegios de abogados en los que militan al menos mil 500 profesionales del derecho, manifestó su preocupación por los ataques a magistrados y jueces, por lo que advirtió que esta “guerra” del Poder Ejecutivo va a afectar a la administración de la justicia.

Apuntó que si bien es cierto que hay corrupción en el Poder Judicial, la cual es grave en el caso de los jueces, la “guerrita” de Alfaro solo distraerá a los funcionarios judiciales de sus responsabilidades y traerá retrasos en las resoluciones que de por sí ya son lentas, caprichosas y a conveniencia de ellos, por lo que instó a la autoridad a resolver a fondo y transparentar el proceso de reforma de cara a dicho poder.

Tello Ramírez afirmó que, en los asuntos llevado por el Poder Judicial, hay implicados cerca de 30 mil millones de pesos, los cuales se suspenden mientras se resuelven los juicios; pero a los funcionarios pueden tener acceso gracias a la celeridad en la administración de justicia.

Por su parte, el profesor e investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de dicha universidad, advirtió que el Poder Judicial actualmente cuenta con un presupuesto de mil 708 millones de pesos, dispone de dos mil 200 plazas, de las cuales 50 son de magistrados y consejeros que reciben sueldos de dos millones 977 mil pesos anuales.

Explicó que el verdadero motivo de la reforma en el TSFE es el control de la nómina judicial, ya que Alfaro pretende nombrar al mayor número posible de magistrados y jueces, además de que se pelean los nombramientos de secretarios, actuarios, notificadores y secretarias. Es decir, destacó, todos quieren colocar a gente cercana.

El presidente de la Asociación de Jueces del Estado, Bogar Salazar Loza, se pronunció por que la elección de magistrados y jueces permanezca en el pleno del STJE y no en el Poder Legislativo porque considera que la designación de éstos es una tarea de su competencia por razones de Estado (división de poderes) y de conocimiento profesional específico.

De esta manera, mediante proceso internos podrían obtenerse perfiles profesionistas que hayan logren demostrar su desempeño en funciones jurisdiccionales, las cuales están avaladas por las universidades y comunidad jurídica. Salazar Loza propone además que en la elección del presidente del STJE y el Consejo de la Judicatura participen los jueces y no solo los magistrados.