La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de crear 35 universidades públicas del Estado mexicano, lejos de fortalecer los centros de educación superior para recuperar su crecimiento educativo autónomo, trata de convertirlos en sumisos formadores de capital humano al servicio del mercado, según el proyecto neoliberal para la educación superior, vigente desde 1996.

Es del dominio público su rechazo a las instituciones autónomas financiadas con dinero público y que, a golpe de recortes presupuestales y acusaciones de corrupción, pretende someter las a su control. Ése es el caso de las nueve universidades que se hallan en severa crisis financiera y desde el inicio de la presente administración han sido blanco del poder presidencial.

En diciembre del año pasado, el Gobierno Federal ordenó que las secretarías de Educación (SEP) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) supervisaran las operaciones y cuentas como requisito indispensable para autorizarles dinero emergente para financiar el ciclo escolar 2018 y definir sus presupuestos en 2019.

Ocho de los nueve rectores de las universidades en situación de bancarrota firmaron un acuerdo para la supervisión requerida por el mandatario; y el 21 de diciembre de 2018, la SHCP les otorgó recursos emergentes por dos mil 309 millones de pesos (mdp) para que cubrieran sus nóminas y pagos de servicios correspondientes a ese año.

Después de cinco meses de auditorías, la SEP y la SHCP validaron lo dicho por los rectores, pues no encontraron dispendios y sí, en cambio, un enorme déficit presupuestal de 16 mil 677 mdp, calculado al 31 de diciembre de 2018. Su falta de dinero se debió a que de 2000 a 2011 sus matrículas crecieron en promedio 117 por ciento y sus presupuestos únicamente 65 por ciento, reportando un déficit estimado en 23 mil 461 mdp, equivalente a 71 por ciento.

Pero hoy la situación de esos centros de educación superior permanece crítica y aun más compleja; y para concluir 2019 necesitan al menos cinco mil millones de pesos, mientras que la SEP les está exigiendo más reformas internas.

“El problema ahora es más grave: a partir del mes de octubre, la situación se complicará. Los rectores han informado que no se tienen los recursos suficientes para cerrar el año, para el pago de la nómina. Desde luego la situación es más débil que el año pasado; entonces no sé qué vamos a hacer; hasta ahorita hemos tenido tres reuniones de trabajo en la Subsecretaría de Educación Superior y no se vislumbra alguna solución”, reveló a buzos el ingeniero Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

“Se han realizado algunas acciones para tratar de reducir el déficit financiero de las universidades, pero se complican más las cosas, porque los fondos extraordinarios que servían para responder a situaciones estructurales como en estos casos, y para tratar de buscar los equilibrios en el financiamiento de las universidades, desaparecieron. Este 2019, los fondos extraordinarios que se tenían en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no existen; entonces, esto ha agravado la situación de las universidades, de las estatales sobre todo. Es un recorte presupuestal muy serio que nos está golpeando”, precisó.

Levet Gorospe advirtió que los sindicatos universitarios están preparando acciones de protesta. “Las vamos a hacer en el momento que veamos más oportuno, porque vamos a agotar el diálogo al máximo, pero si vemos que no hay respuesta positiva del gobierno, no nos van a dejar otro camino que hacer una demanda más fuerte con una protesta generalizada, no solamente en las universidades en crisis financiera, sino que aquí nos sumaríamos muchos más sindicatos universitarios en defensa de los derechos laborales de los trabajadores”.

El déficit financiero de las nueve universidades correspondía a 15 mil 509 mdp al 31 de diciembre de 2018, y para el 31 de diciembre de 2019 ascenderá a 16 mil 677 mdp, de los cuales urgen al menos cinco mil mdp para solventar los gastos de este año. Las universidades autónomas en crisis son la Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Morelos (UAEM), Nayarit (UAN), Sinaloa (UAS), Zacatecas (UAZ), Chiapas (Unach), Juárez de Tabasco (UJAT), Estado de México (UADM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Presiones gubernamentales

Entre diciembre y mayo, los citados centros escolares colaboraron con la subsecretaría de la SEP, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia de Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES) en la elaboración de un diagnóstico general que incluyó una serie de exigencias de la SEP y que se emitió el 29 de mayo de 2019 con la denominación Resultados del diagnóstico integral de nueve universidades públicas estatales en situación financiera crítica.

Los titulares de la SEP, Esteban Moctezuma y Carlos Urzúa y de la SHCP, obligaron a los rectores a suscribir acuerdos con los que se comprometieron a reformar sus estructuras internas, a hacer ajustes presupuestales y a rendirle cuentas al gobierno de AMLO, al que no importó “machucar” sus autonomías. También se estableció que el financiamiento de las universidades será cubierto en partes iguales por los gobiernos Federal y estatales; este compromiso fue suscrito por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

El doctor Dante Torres Ríos, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad (IIU), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó a este semanario que tal medida es inviable, está mal calculada, porque no todos los estados tienen las mismas capacidades financieras para aportar a las universidades. “Debe ser diferenciado, regionalizado, no pueden todos hacerlo de la misma manera. Lo que pasa es que están agarrando parejo; desgraciadamente no hicieron un análisis profundo de la situación. No es conveniente, no es correcto que pidan igualdad de situaciones, cuando no hay equidad. Están tratando de imponer una norma que intenta ser pareja, pero que en su misma propuesta es dispareja, porque no hay manera de hacer las cosas; no se puede pedir que todos los estados aporten de la misma manera. Eso es una locura”.

El doctor Torres Ríos explicó que en su trabajo de campo sobre las universidades del país encontró varias complicaciones originadas por este tipo de políticas provenientes del actual gobierno, elaboradas sin análisis previo y aplicadas a situaciones complejas; entre éstas citó la situación sindical universitaria, con la que tiene conflictos que el gobierno no está preparado para resolver.

Agregó que en las comunidades académicas y estudiantiles hay inquietud por los métodos seguidos por el gobierno actual. “Están aplicando ya una táctica en algunas universidades en que intentan crear macro-grupos, incluso, la compactación de grupos para cubrir las plazas docentes que fueron creadas por el incremento de la matrícula, y que las autoridades han advertido que no reconocerán. Va a haber un conflicto ahí… aunque creo que se va a resolver, porque los rectores tienen proyecto político, pero quienes se van a ver afectados van a ser los docentes con las plazas más recientes. Ahí va a haber desaparición de plazas”.

Torres Ríos afirmó que en los últimos años del siglo pasado, y en los primeros de éste, se ha forzado a las universidades públicas, incluyendo a la UNAM y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a enfocar paulatinamente sus programas académicos hacia la formación de mano de obra para el mercado. El objetivo es crear un modelo universitario como el de Estados Unidos, donde la universidad estatal paga una parte del sueldo del profesor-investigador y otra la cubren empresas privadas, que financian investigaciones de su interés.

“Aunque en el discurso se dice que no, me parece que estas prácticas de incorporar a las universidades públicas al mercado educativo van a abundar; para eso están echando a andar las Universidades del Bienestar”, aseguró el especialista.

Continuidad del modelo educativo neoliberal

Las universidades en crisis cumplieron las exigencias del Gobierno Federal, pero la actitud del Presidente en nada cambió. Parece tener la vista fija en otra parte. Aún después de la supervisión efectuada, cada vez que se refiere a ellas, asoma la insidia: “No van a faltar recursos para las universidades, respetando su autonomía, pero estamos pidiendo que se transparenten; no es nomás estar pidiendo y pidiendo presupuesto sin rendir cuentas”, expresó en su mañanera del ocho de agosto.

A las presiones políticas de AMLO se suma que ahora la SEP les exige la ejecución de más reformas internas, entre ellas a sus planes de estudios, para que se perfilen a la enseñanza técnica y regional como la de las Universidades del Bienestar. El documento elaborado por SEP, SHCP, ANUIES y AMOCVIES establece que las nueve universidades deberán diseñar un nuevo plan complementario de las acciones suscritas en el convenio firmado en diciembre de 2018, en el que se comprometen a efectuar más transformaciones internas de tipo estructural. El objetivo de fondo es cubrir las necesidades del mercado neoliberal.

A partir de 1996, la inversión en infraestructura educativa superior se estancó y los presupuestos se “escamoteaban”, según la pauta determinada por el neoliberalismo, consistente en reducir los gastos del Estado, abrir espacios a la inversión privada y empujar reformas en las universidades. El primer gran choque universitario se dio de 1999 a 2000, cuando el estudiantado de la UNAM frenó con una vigorosa huelga el intento del entonces presidente Ernesto Zedillo –a través del rector Francisco Barnés de Castro– de introducir el modelo educativo neoliberal que proponía una reforma a la estructura de la máxima casa de estudios.

El intento para introducir este modelo ha seguido diversas vías. Según datos de la ANUIES, entre 2000 y 2011 la matrícula creció en 117 por ciento y el presupuesto oficial solo 65 por ciento. El escamoteo de presupuestos es usado para exigir reformas internas a las universidades, mientras los empresarios se introducen paulatinamente en el financiamiento de la investigación y la compra de servicios, el Estado se hace a un lado.

En campaña, los candidatos presidenciales neoliberales, abiertos o encubiertos, ofrecen lugares de estudio para todos los demandantes; pero ya en el poder se dedican a regatear el dinero a las 35 universidades públicas y autónomas que brindan servicio educativo a 3.2 millones de estudiantes, obligándolas a hacer malabares para incrementar sus matrículas y a caer en crisis financiera, como ha ocurrido con las nueve universidades que desde finales de 2018 son tildadas de “corruptas” por el Presidente, sin exhibir evidencias que sostengan su dicho.

Las promesas incumplidas de AMLO

En su campaña electoral, AMLO no solo ofreció educación superior a todos los jóvenes, sino que además se declaró antineoliberal y prometió desaparecer el examen Ceneval, que sigue vigente, y ha provocado que los estudiantes rechazados en 2019 se integren al Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) para exigir en las calles su acceso al sistema educativo correspondiente. El promedio anual de rechazados había sido de 200 mil. En el ciclo 2019, la UNAM solo recibió 100 mil 225 estudiantes, en contraste con los 114 mil 116 aceptados en 2018.

El 26 de julio de 2019 se congregaron unos 200 jóvenes en el Ángel de la Independencia para reclamar al Presidente la no eliminación del examen de ingreso a las universidades (Ceneval) como prometió en su campaña. Este compromiso fue asumido el cinco de junio de 2018 durante un mitin celebrado en Xalapa, Veracruz, ante unas 18 mil personas. Su expresión textual fue la siguiente: “se va a acabar el examen de admisión en el nivel superior, la educación es un derecho del pueblo”.

Entrevistado por buzos, Luis Ángel López, miembro de la coordinación del MAES, aseguró que en las conversaciones con funcionarios federales: “nos dicen que ya no tiene sentido nuestra movilización, porque ellos ya lo están solucionando todo; pero en los hechos vemos que solo hay palabras y buenas intenciones, más allá de las universidades que van a echar a andar y que son un ‘volado del bienestar’. Eso no es una solución profunda; vemos mucha simulación en el discurso”.

Lo anterior demuestra que el gobierno de la 4T no tiene un proyecto definido para dotar de mayores recursos a la educación superior, sino únicamente propone que el poco dinero disponible para el sector rinda más. “Es el mismo encajuelamiento del presupuesto de los pasados gobiernos, solo que ahora busca la forma de que lo mismo funcione para más gente, y si eso no es completamente reprobable, es insuficiente”, señaló.

El pasado 10 de julio de 2019, la SEP anunció, con distinto nombre, el mismo plan emergente que el pasado gobierno priista había aplicado: “Programa Emergente de Rechazo Cero”. Consiste en ofrecer espacios de estudio en el centro del país –Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos– a través de 195 instituciones públicas de educación y 627 privadas, donde desde 2018 hay 50 mil lugares para cinco mil 39 programas de estudio en los que predominan las carreras técnicas sobre las de humanidades.

Tras la firma, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1996 se introdujo la “recomendación” de los organismos financieros internacionales para desmantelar el monopolio estatal de educación superior y propiciar que las empresas de educación privada ganaran espacios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró su texto Higher Education in Mexico. Labour market relevance and outcomes (Educación Superior en México. Relevancia del mercado laboral y resultados) editado en 1996 y actualizado en 2008 y 2018.

La última versión fue presentada al gobierno de AMLO el pasado el 14 enero a través de Gabriela Ramos, directora de la OCDE. En una entrevista con la prensa, Ramos reveló que la nueva administración federal ratificó el compromiso de propiciar mayor acción del sector privado en la educación superior mexicana, no solo con financiamiento, sino también con una construcción estratégica que garantice mayor calidad de los universitarios (en los planes de estudio), destacando también la necesidad de priorizar la enseñanza técnica.