De acuerdo con la investigación titulada “Informe estatal del ejercicio del gasto 2024”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las entidades enfrentan un contexto de gasto excesivo, opacidad y fiscalización deficiente; pues a pesar de que uno de cada tres pesos de recursos públicos es ejercido por los gobiernos estatales, esto no garantiza que se inviertan en sectores prioritarios como salud, educación o infraestructura.

Por el contrario, reveló el informe, que las fallas en términos de seguimiento del presupuesto han permitido que rubros como la comunicación social y la publicidad se vean beneficiadas.

En términos económicos, el informe destacó que para 2023 las entidades planearon gastar un total de 2.62 billones de pesos, pero terminaron ejerciendo un monto nueve por ciento mayor, es decir, 2.85 billones de pesos. Este exceso de gasto equivale a 2.2 veces el presupuesto de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal del mismo año.

La información publicada en Reporte Índigo señala que, según el IMCO: “la rendición de cuentas ya de entrada es complicada a nivel federal, basta mencionar que en la cuenta pública se puede observar que se gasta de forma muy distinta a lo estipulado en el presupuesto de egresos; por ejemplo, en 2023 el gobierno federal transfirió un monto 800 por ciento mayor a lo establecido para Pemex, y ese tipo de malas prácticas se pueden observar de manera generalizada en las 32 entidades federativas”.

Asimismo, refiere que existió un subejercicio en los rubros de ciencia, tecnología e innovación, en los que se gastó 10.7 por ciento menos de lo planeado, mientras que, en el sector de vivienda y servicios a la comunidad, se erogó un 3.2 por ciento menos. Con respecto a la inversión pública, destacó que se autorizaron 119.9 miles de millones de pesos, pero, sólo se ejercieron 106.5 miles de millones, un 11.1 por ciento menos.

El IMCO concluyó que, para garantizar que las políticas de inclusión y los recursos públicos cumplan con su propósito original de manera transparente y efectiva, es fundamental revisar y fortalecer los mecanismos de implementación de las acciones afirmativas y la fiscalización del gasto público.