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Desde la implementación de la política de "Tolerancia Cero", impulsada por la administración de Donald Trump en 2018, alrededor de mil 360 infantes, principalmente de Centroamérica, no se han vuelto a reunir con sus padres o algún familiar, luego de haber sido separados de manera forzada en la frontera sur de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe de Vigilancia de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés) dicha política atenta contra las garantias individuales ya que forma parte de acciones como la desaparición forzada y podría haber implicado tortura.
Según la organización, el gobierno estadounidense no sólo negó a los padres información sobre el paradero de sus hijos, sino que también causó un daño irreversible al separar a familias por períodos prolongados, violando los derechos fundamentales de los menores.
El reporte, titulado "Tenemos que llevarnos a los niños", señala que muchos padres y madres no supieron el paradero de sus hijos durante días o semanas, lo que concuerda con la definición de desaparición forzada según el derecho internacional.
Asimismo, HRW hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que implementen medidas correctivas, que incluyan la reunificación familiar y la posibilidad de otorgar residencia permanente a las víctimas.
Finalmente, la organización instó al Congreso y al Poder Ejecutivo de EE. UU. a adoptar estándares que garanticen la reunificación de las familias migrantes y a considerar el rechazo de funcionarios que hayan sido responsables de estas políticas.
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La ley permite la detención de migrantes en situación irregular acusados de delitos menores, como el robo.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.