En días recientes se volvió viral, mediante redes sociales, un mapamundi de la página Our World in Data que muestra el grado en que los gobiernos de varios países han compensado el ingreso perdido de la población por la crisis de la pandemia. En el mapa se clasifica a los países en tres: si cubren más de la mitad, menos de la mitad o nada del ingreso perdido de la población. Como esperaríamos, la mayoría de los países ricos, a través de diversos mecanismos, cubren más de la mitad del ingreso. Pero también la mayoría de los países subdesarrollados aportan una parte del ingreso perdido, aunque menos del 50 por ciento.

Lo que causó revuelo fue que en México, el país donde apenas rindió protesta el flamante “presidente de izquierda” declaró muerto al neoliberalismo, sobresalía como una de las naciones con ingresos medios que no había compensado con nada las pérdidas económicas de su población. Pero ésta no era la única noticia: se supo, desde que, el cinco de abril, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó su (no) plan económico para enfrentar el Covid-19 en Palacio Nacional, académicos, periodistas y organizaciones sociales denunciaron como un error craso la ausencia de medidas extraordinarias ante la magnitud de la crisis. Esta preocupación siempre ha estado plenamente justificada: de acuerdo con datos de una encuesta sobre el Covid-19 realizada por la Universidad Iberoamericana (UIB) solo el 46 por ciento de los mexicanos disponía de recursos suficientes para aguantar el confinamiento hasta el 30 de abril.

Pasaron ya cuatro meses desde el anuncio del plan de AMLO y las medidas extraordinarias –salvo algunos microcréditos a negocios– nunca llegaron, ni en especie ni en efectivo. Y como la situación era insostenible, se optó por reabrir las actividades económicas el primero de junio, con los exhortos presidenciales a “perder el miedo” a salir. Esto en el momento más álgido de la pandemia.

¿Cuál es el balance? En lo económico: cerca de un millón de empleos formales destruidos; una reducción en la población ocupada de 12 millones y medio de mexicanos; proyecciones sobre la caída de la actividad económica entre el ocho y el 11 por ciento; una recuperación que tomará años y cálculos de decenas de millones de nuevos pobres. En suma: desempleo, pobreza y seguridad alimentaria crecientes. En cuanto a la pandemia, la superación periódica del máximo de contagios diarios y muertes.

A nadie debería sorprender que al menos una parte de la población afectada salga a protestar para que el gobierno implemente medidas que palien los efectos de la crisis socioeconómica. La última gira regional del Presidente se vio marcada por la presencia de organizaciones sociales que demandaron programas de distribución de alimentos y empleo temporal, la implementación de un ingreso básico extraordinario y la ampliación del padrón de beneficiarios de los programas sociales existentes, entre otras cosas. Estas demandas, además de genuinas y justas, son las que los expertos recomiendan más para países como México, en donde más de la mitad de la fuerza laboral se halla en el sector informal que carece totalmente de servicios de salud y seguridad social.

¿Cuál ha sido la respuesta del Presidente a estas protestas?

Repetir con furia su vieja cantaleta acerca de las organizaciones intermediarias, los moches, “los piquetes de ojo”, los líderes corruptos, etc., que ahora solo convence a su círculo de fanáticos. AMLO puede ignorar las voces que reclaman un cambio de rumbo urgente, pero no la realidad porque los problemas siguen ahí. Por lo tanto, si queremos evitar que la crisis alcance proporciones catastróficas, hay que pasar del dicho al hecho, de la queja a la protesta y de la apatía a la actividad política que permita crear una alternativa viable de desarrollo para México. 2021 es la primera cita.