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La represión del Estado moderno contra la sociedad civil organizada es una constante, independientemente del partido en el poder, aun si éste gobierna en el país más democrático del mundo. Esto es así porque el Estado es producto de la sociedad dividida en clases y porque, como explica Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, es “un aparato especial para el empleo sistemático de la fuerza y el sometimiento del pueblo por la fuerza” al servicio de los intereses de la clase en el poder. Es decir, a lo largo de su existencia histórica moderna, el papel del Estado siempre ha sido el de represor, aun cuando no haya ejercido la violencia en forma directa.
Por eso es importante recordar que desde que el Estado moderno surgió en México en 1917, la represión contra los movimientos sociales ha sido consustancial a sus funciones de gobierno y que algunas de sus acciones represivas han sido ejecutadas por la vía legal y otras por la ilegal. Hay que resaltar que nuestra historia ha estado marcada por ambos tipos de violencia estatal y que las de este tipo han sido muchas, pero que las más peligrosas han sido las legales.
Por ejemplo, en los gobiernos posteriores al del expresidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), los grupos disidentes más perseguidos y arrestados ilegalmente fueron los cristeros y los comunistas. El Estado callista no les presentaba cargos y los deportaba, sin más preámbulo, a las Islas Marías, que por entonces eran sede de una colonia penal muy conocida. La represión del Estado al margen de la legalidad tenía como fin la conservación del poder político mediante el uso de la fuerza pública.
Pero tales prácticas ilegales contra los opositores del régimen muy pronto tuvieron un refuerzo legal. Esto sucedió con la creación del Artículo 145° bis del Código Penal, promulgado por el presidente Manuel Ávila Camacho, en la década de los cuarenta (1940-1946). Este Artículo castigaba el delito de “disolución social”, concebido en un principio para prevenir el avance del fascismo en México frente el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); pero, en los hechos, fue utilizado para coartar y criminalizar las protestas sociales, en especial las organizadas por los comunistas.
No por otra razón, el movimiento estudiantil de 1968 exigió la supresión de este Artículo, debido a que varios de sus participantes habían sido aprehendidos con el pretexto de causar disturbios sociales. Finalmente, las protestas estudiantiles lograron su objetivo y el delito de “disolución social” fue eliminado del Código Penal. Sin embargo, la violenta represión estatal sigue presente en el país, aunque en forma velada, es decir ilegal.
En este primer año y medio del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los mexicanos hemos sido testigos de la función represora del Estado, pese a la retórica del Presidente y los gobernadores de ese partido. Sus prácticas represivas contra los movimientos sociales no son físicas, como antaño, pero se ejecutan de manera velada y mediante el uso de descalificación verbal y mediática y, sobre todo, a través de la fabricación de nuevos delitos y reformas a la Constitución. Esta situación es cotidiana en Palacio Nacional y se replica en varios estados del país.
En Puebla, por ejemplo, se hicieron reformas a la Constitución del estado y ahora se discuten otras al Código de Instituciones y Procesos Electorales. El Congreso local aprobó la propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta para modificar el Artículo 232° de dicho Código, cuyo contenido es prohibir todo tipo de propaganda electoral en la vía pública; es decir, se ha convertido en delito el que un candidato promueva su imagen y sus propuestas. Con esta medida autoritaria, el gobierno de la “Cuarta Transformación” pretende incomunicar a los partidos de oposición con los electores y ponerlos en desventaja de cara a la contienda electoral de 2021.
Tales acontecimientos en Puebla no son otra cosa que un cuadro de criminalización de la protesta social, similar al que se creó en el Siglo XX, donde Barbosa Huerta aparece como un discípulo del autoritarismo del antiguo régimen que los mismos morenistas suponen haber abolido.
Sandra Cuevas destacó que es urgente realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de Unidades Habitacionales.
La gran velada en defensa del Poder Judicial inició a las 18 horas.
En actitud contraria a la del gobierno mexicano actual, otros países de Latinoamérica encabezan la producción de energías limpias. En 2020, Chile ocupó el primer lugar regional en generación de energías limpias.
Durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos en México, informó la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
Respecto al nuevo libro de AMLO, Carlos Urzúa se dio a la tarea de desmentir, por lo pronto, sólo cuatro afirmaciones plasmadas en “A la mitad del camino”, ya que afirma, “son muchas las equivocaciones, las omisiones y, de plano, falacias”.
La FGJCDMX ha brindado 235 asesorías telefónicas a las ciudadanas y los ciudadanos que recurrieron al centro de llamadas de esta institución, hasta el corte informativo que se reporta.
nada ocupa ni preocupa a AMLO, ni a los funcionarios del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), ni a los dirigentes de Morena.
López Obrador está “festejando una política que es de suyo la mayor política neoliberal que un país puede adoptar”.
Los estudiantes de la FNERRR afirmaron que el regreso a clases planteado en estas circunstancias es absurdo e irracional, ya que detonará una vez más la epidemia por Covid-19.
Hoy, Oaxaca llora a tres campesinos que fueron asesinados el lunes cinco de octubre y la autoridad estatal muestra indiferencia para hacer justicia.
Este ocho de marzo más de 25 mil poblanas alzaron la voz en contra de la violencia de género, en favor de la despenalización del aborto; además exigen justicia para las víctimas de la violencia y feminicidios.
La perversidad fiscal consiste en quitar a los que menos tienen para fortalecer a quienes los mantienen en la pobreza.
Es necesario recordar que la liberación del pueblo solo puede ser obra del pueblo mismo, y que éste debe poner manos en la obra.
Las dinámicas neoliberales adoptadas por el aparato televisivo en México forman parte de la estrategia central habilitada para mantener la desigualdad social.
Sería un mecanismo para inhibir, para perseguir y con la posibilidad de que se haga uso de un “garrote” ahora legalizado. Hasta ahora la gente que era señalada podía acudir a un juez, ampararse y reclamar legalmente.
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Escrito por Victoria Herrera
Maestra en Historia por la UNAM y la Universidad Autónoma de Barcelona, en España.