La percepción de inseguridad en México se ha incrementado, alcanzando un 58.6 por ciento en septiembre de 2024, frente al 61.4 por ciento del mismo mes en 2023, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Asimismo, reveló que el 67.3 por ciento de los encuestados se siente vulnerable al utilizar los cajeros automáticos, mientras que el 61.8 por ciento considera inseguro el transporte público y las carreteras son los espacios que generan temor en un 53 por ciento. En este contexto, el 31.8 por ciento de la población anticipó que la situación de la delincuencia no mejorará en el próximo año.

Las cifras de la ENSU revelaron que las ciudades con mayor percepción de inseguridad en México son Tapachula, donde el 91.9 por ciento de la población se siente vulnerable. Le siguen Naucalpan de Juárez con un 88 por ciento, Fresnillo con 87.9 por ciento, y Ecatepec de Morelos, donde el 87 por ciento de los habitantes también reportan una alta sensación de inseguridad.

Irapuato y Tuxtla Gutiérrez completan la lista, con un 86.4 y 85.9 por ciento, respectivamente, reflejando la profunda preocupación de los ciudadanos por su seguridad en estos lugares.

Celaya tiene sólo 150 policías

El aumento de la inseguridad también está impactando en Celaya, Guanajuato, donde la violencia ha convertido a la ciudad en uno de los lugares más peligrosos tanto para los pobladores como para los policías, en los últimos tres años, 34 uniformados han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

Actualmente, la ciudad cuenta con sólo 150 policías municipales sin armas de fuego; luego de que el alcalde Juan Miguel Ramírez tomó medidas drásticas al destituir a 340 ex policías federales, contratados en administraciones anteriores, debido a la desconfianza que generaban.

“No podíamos ver quiénes eran los buenos o quiénes eran los malos”, externó Ramírez en una entrevista, justificando su decisión.

Ante el clima de violencia en Celaya, el Gobierno Federal brinda protección a las autoridades locales, tanto la vida del alcalde y otros funcionarios depende de la custodia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; sin embargo, a pesar de la presencia de estas fuerzas, la inseguridad persiste.