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En el acceso principal de la alcaldía de Apan, Hidalgo, elementos de Seguridad Pública Municipal iniciaron un plantón para exigir a la edil Zorayda Robles Barrera que cumpla con el pago completo de aguinaldo; asimismo, respeto a sus derechos laborales, la inclusión en el seguro social, así como en el sistema de cotizaciones para su retiro.
Los oficiales denunciaron que la falta de seguridad social viola las normativas laborales vigentes y compromete sus derechos más básicos; además pone en riesgo su bienestar y el de sus seres queridos.
Hasta el momento, la alcaldía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el asunto, mientras los policías han advertido que permanecerán en plantón hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas.
El conflicto ha causado inquietud en la comunidad, ya que, en medio de los problemas de inseguridad que enfrenta la región, la ausencia de los uniformados podría agravar aún más la situación.
Entre las exigencias, llamaron a la unidad a los 43 senadores de la oposición para frenar la reforma.
La manifestación se dio luego del anuncio para reducir los apoyos a las prestaciones de retiro.
La protesta tenía como fin presionar a las autoridades para reabrir completamente la institución, cerrada el 6 de julio de 2008, y garantizar el acceso a la educación en la región.
El día del informe, un grupo de alrededor de seis mil personas decidió manifestarse públicamente por la falta de obra pública y atención a diversas demandas.
La manifestación dejó un saldo de 26 uniformados lesionados
*Exigen servicios básicos y cumplimiento de compromisos
A las 11:00 horas comenzarán su marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino.
Espera que la vista que realizará el presidente AMLO este 27 de junio en San Salvador, les ayude a resolver su problema.
Entre las peticiones solicitadas se encuentra la dotación de agua potable, tema crítico de la alcaldía.
Los ciudadanos demandan una audiencia y soluciones a sus peticiones.
El colectivo Transportistas Unidos anunció bloqueos a partir de mañana en múltiples carreteras nacionales, demandando el pago de 90 millones de pesos por servicios al Tren Maya.
La protesta en el Senado de la República busca exigir a los legisladores que establezcan un diálogo y frenen la votación del dictamen.
Exigen medicamentos y atención médica, pues desde noviembre del año pasado se les ha negado el servicio.
Las principales demandas incluyen el fin del abuso laboral y la destitución de mandos con un 26%; así como aumento u homologación de salarios con un 21%.
La “Ley Leslie” contempla una pena de seis a 17 años de cárcel.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.