El Estado mexicano presume la igualdad de derechos entre los individuos. Parte esencial de este presupuesto es que todos y cada uno de los mexicanos gozan de las libertades de expresión, petición y asociación. Estas libertades se estipulan como parte de los derechos humanos que refrenda la Carta Magna.

El ejercicio real de los derechos civiles en México depende de la capacidad de compra de los individuos, de la riqueza material que posean. Así, la igualdad formal se convierte en el privilegio absoluto de quienes detentan la riqueza. Éste es el orden y la ley que el Estado está abocado a proteger.

En una sociedad en la que priman los derechos de los que poseen la riqueza y en la que se multiplican cada día los conflictos por intereses incompatibles entre los individuos y las clases sociales, mientras no pueda cambiarse, revolucionarse ese orden social, la mejor defensa, aun de los que menos tienen, es exigir al gobierno en turno, la aplicación de la ley, exigir que se dé a cada uno lo que por derecho le corresponde. 

El gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación” (4T) se ha presentado ante el público como salido de las calles, de las manifestaciones, de la protesta pública. Calla sobre la enorme propaganda y cobertura que de sus líderes hizo la prensa hegemónica del país. No obstante, una vez en el gobierno, sus representantes se han encargado primero de calumniar y luego de lanzar la fuerza pública contra todo aquello que suene a organización popular o manifestación pública.

Pese a ello, apenas llegar al poder, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comenzó una campaña contra las organizaciones populares. En febrero de 2019 decía: “(…) por la corrupción que prevalecía, se destinaban recursos en beneficio de la gente, pero no llegaban (…) o no llegaban completos, había moche (…). Organizaciones sociales de todo tipo (…) que también recibían dinero para apoyar (…), aunque no pertenecían al gobierno. No se va a entregar apoyo a ninguna organización social, ni a ninguna organización de la llamada sociedad civil, o a las organizaciones no gubernamentales. No se van a transferir recursos (…) a través de intermediarios”. Y volvió a arremeter contra ellas en diciembre de 2022 “(…) imagínense cuánto se llevaban las organizaciones sociales del presupuesto durante el periodo neoliberal, las organizaciones de la llamada sociedad civil, las organizaciones supuestamente no gubernamentales”.

La 4T, el peligro de la concentración de los poderes 

El gobierno de la 4T ha eliminado los “contrapesos” entre los tres poderes que presuponen la idea de Estado democrático burgués. Esto es, se eliminó la independencia (aunque ciertamente limitada) de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Los primeros dos quedaron bajo la égida del último. 

Este procedimiento no se hizo por la fuerza, mediante un golpe de Estado o algo parecido, sino de una manera más discreta. Dado que el Poder legislativo quedó en manos de Morena (por medio de una interpretación tendenciosa de la ley) y quienes lo componen, diputados y senadores, no discuten ni cuestionan las acciones o las iniciativas de legislación del Presidente, es decir, renunciaron en la práctica a su poder e independencia. 

El resultado no ha sido otro más que la concentración del poder en el Ejecutivo, en la figura presidencial, un gobierno unipersonal en el que las decisiones importantes dependen del criterio e intereses de una sola persona.

Pero un individuo, por su misma naturaleza, no puede tener todos los conocimientos sobre todos los fenómenos y aspectos que ocurren en la sociedad. En ese sentido, es incapaz de dictar políticas acertadas en todos y cada uno de los aspectos de la vida social. Dejado, pues, a su criterio todo, las pifias y los errores se multiplican, como ha venido ocurriendo en el aspecto económico, en la salud y el control de la violencia. 

Otro peligro de la concentración del poder en un individuo es que se vuelve no sólo posible, sino necesario, reprimir las voces disidentes o a los grupos sociales inconformes o afectados con las políticas. La 4T llegó con la consigna “primero los pobres”, pero en la práctica hace caso omiso a las peticiones e inconformidades de las clases populares organizadas y hasta las ha reprimido, tanto de forma violenta, como mediante formas sutiles y encubiertas, como la descalificación de los líderes y los movimientos, el menosprecio de los manifestantes –declarándolos manipulables y faltos de criterio propio– o la denostación de la demanda misma de los peticionarios. 

Represión en tiempos de la 4T

Las manifestaciones más evidentes de represión son los actos de violencia ejercidos por el Estado. Durante las marchas del ocho de marzo, hubo algunas en las que las mujeres que protestaban fueron agredidas, como en Yucatán, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno contra las manifestantes congregadas en la Plaza Grande. O en Chihuahua, donde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. denunció que policías estatales vestidos de civil realizaron detenciones ilegales contra tres participantes.

Otro ejemplo es lo ocurrido el pasado siete de mayo en Balancán, Tabasco. Ahí, los estudiantes y trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos protestaron exigiendo la renuncia del director a quien habían acusado de nepotismo, corrupción, acoso sexual y abuso de poder sin que las autoridades competentes hicieran lo propio. La respuesta: miembros de la policía estatal y de la Guardia Nacional disolvieron el bloqueo vial con gas lacrimógeno. 

La marcha del personal médico que protestó el 17 de febrero de 2025 en la Calzada Ignacio Zaragoza y en el Boulevard Puerto Aéreo también fue reprimida. Los manifestantes exigían el abastecimiento de medicamentos e insumos básicos para los centros de salud, pero fueron encapsulados por granaderos, quienes incluso avanzaron en dirección de los manifestantes con su vehículo para dispersarlos. 

En marzo, la policía municipal de Ixtapaluca, gobernada por Felipe Arvizu, golpeó a los habitantes de la colonia Luis Córdova Reyes, quienes se oponían a que un grupo, que luego se identificó como de trabajadores de Opdapas, pero sin pruebas ni oficios legales, conectara el pozo construido por la comunidad a predios particulares de Guadalupe Rangel, quien es tío y protegido del alcalde morenista. La negativa de los pobladores se debía a la falta de estudios que mostraran que, con ese desvío, no se afectaría el suministro del líquido a la población de la colonia que depende actualmente del pozo. Los inconformes manifestaron que habían entregado pliegos petitorios solicitando obras hídricas en la colonia y que se trataba de abastecer de mayor cantidad de agua para todos, no de quitarle a la mayoría para beneficiar a unos cuantos particulares. Pero no fueron escuchados. La agresión policial contra los manifestantes continuó durante los siguientes días de la represión. Ésta es una muestra evidente del abuso de poder y el ejercicio de la violencia contra quienes exigen respeto a sus derechos, como el acceso al agua potable. 

En septiembre de 2024, un grupo de manifestantes que protestaban en el parque Miguel Hidalgo, en Coatepec, Veracruz, fueron agredidos por la policía municipal. Dos de ellos fueron golpeados y encarcelados por unas horas. Los inconformes pedían que se permitiera a los comerciantes seguir laborando, se dialogara y llegara a un acuerdo sobre la nueva cuota de piso, que pasó de 400 a mil pesos mensuales, 150 por ciento más. Cabe recalcar que los comerciantes que laboran en el Miguel Hidalgo son gente humilde que vive al día de lo que obtiene con su trabajo. 

También en 2024, en la refinería de Dos Bocas, alrededor de cinco mil obreros empleados de la empresa Ica Fluor, que laboraban en dicha planta, se fueron a huelga para exigir mejores salarios, denunciar sobreexplotación por las prolongadas jornadas laborales, la falta de equipo de protección y de horas justas de alimentación en las horas señaladas de comida, pues por el escaso personal del comedor no se alcanzaba a dar el servicio a todos los trabajadores. Los obreros en huelga que resguardaban las instalaciones fueron rociados con gas lacrimógeno y se dispararon contra ellos balas de goma (aunque, por las heridas, algunos sostienen que se trató de armas de fuego) por parte de la policía estatal; el saldo del ataque fue de un fallecido y al menos cuatro heridos. Ante esto, AMLO sentenció: “es un paro momentáneo, transitorio, espero; porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre los sindicatos”; además, recomendó “portarse bien” a los líderes de los sindicatos. Es decir, una completa burla que dejó de lado las demandas de los huelguistas y en la indefensión total, sin el respaldo a su lucha, frente a la empresa contratante.

Un evento similar fue el Conflicto de La Boquilla, ocurrido en 2020. Los agricultores protestaban por el desfogue de la presa La Boquilla en un contexto de sequía extrema en Chihuahua. Esto se debía a que el Gobierno Federal pretendía enviar esa agua a Estados Unidos según lo estipulado en el convenio de 1944. Los agricultores se plantaron y trataron de tomar la presa. En vez de buscar el diálogo, el Gobierno Federal envió a la Guardia Nacional, que arremetió contra los inconformes. Durante el conflicto, una de las manifestantes recibió disparos y falleció; cuatro fueron detenidos. Además, a decir del New York Times (2020), el gobierno congeló temporalmente las cuentas bancarias de la ciudad donde habita una parte de los manifestantes. No se llegó a un acuerdo con los agricultores sino hasta 2021, lo que acarreó altos costos a la producción agropecuaria. 

Otras formas de represión

Existen formas de represión más sutiles que las que implica el uso de la fuerza pública. Éstas involucran el uso del poder del Estado para desacreditar movimientos sociales y erosionar su legitimidad ante la opinión pública. Esta estrategia ha sido recurrente en el gobierno de Morena para silenciar a las voces disidentes y anular las reivindicaciones y necesidades que no resuelve la política de transferencias monetarias, convertida en el mecanismo único y central de la política social.

Por ejemplo, bajo la administración de AMLO, organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el Frente Auténtico del Campo, el Congreso Agrario Permanente, el Movimiento Antorchista Nacional, entre otras, se plantaron frente a la Cámara de Diputados para cambiar la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2019 y 2020. Ni el entonces Presidente ni los diputados, supuestos representantes del pueblo, atendieron sus demandas. En cambio, AMLO descalificó a los líderes de estos grupos, acusándolos, sin ofrecer una sola prueba, de buscar “moches” o de haberse apropiado de recursos públicos. ¿De sus demandas? Nada, ni una palabra. En la mañanera del 14 de noviembre de 2019, declaró: “Está por aprobarse el Presupuesto para el año próximo y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, bolsas, ya no va a ser así, vamos a procurar entregar de manera directa”. Estas afirmaciones, sin mediar diálogo, no sólo ignoraban las exigencias de los manifestantes –cuya solución era responsabilidad del Ejecutivo–, sino que promovían el linchamiento mediático contra ellos, pues, al asociarlos sin pruebas con la corrupción, el discurso oficial alimentó el rechazo público hacia sus causas y desvirtuó su lucha a todas luces legítima.

Otras víctimas de esta represión fueron los activistas ambientalistas que denunciaban la pérdida de flora y fauna y los daños medioambientales en el largo plazo que causará el megaproyecto del Tren Maya. Entonces, AMLO respondía: “(…) estos pseudo ambientalistas ya han agarrado la supuesta defensa de la naturaleza como negocio, viven de eso, chantajean, nada más que nosotros no nos dejamos chantajear”. Además, los acusó, sin presentar ninguna prueba, de recibir recursos extranjeros para desestabilizar a su gobierno. Pero sobre la denuncia y las afectaciones, nada. 

Las madres buscadoras también han sido agredidas verbalmente por el gobierno morenista y se ha hecho caso omiso de su exigencia de fortalecer los organismos correspondientes para prevenir y buscar a los desaparecidos. Varios políticos de Morena tacharon de “montaje” los hallazgos de las fosas clandestinas y el expresidente sólo expresó en una de sus “mañaneras”: “(…) no se debe traficar con el dolor humano porque eso, además, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora, no”. Otra vez, sobre los hechos, ni aclaraciones ni explicaciones y menos alguna solución.

En marzo de este año, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, trató de deslegitimar la lucha de los estudiantes de la BUAP, acusando a organizaciones sociales de estar interviniendo en la “autonomía” de la Universidad. De las demandas de los estudiantes no dijo nada, ni siquiera exhortó a la rectora a revisar y responder las peticiones de los estudiantes. La respuesta consistió en amenazas que buscaban amedrentar a los jóvenes organizados en el movimiento de la BUAP: “tenemos identificadas a las personas, sabemos a qué grupos pertenecen, entonces, fuera manos. Saquen las manos antes que apliquemos la ley, es un llamado respetuoso y no lo voy a volver a decir”; con esta acusación pretendía aislar al movimiento estudiantil del apoyo que le pudieran brindar las organizaciones sociales. 

La represión contras las organizaciones sociales y la manifestación no ha sido exclusiva de este gobierno, ni siquiera es que las más violentas protestas de la historia de México hayan sido durante la 4T. Pero en el sexenio pasado se intensificó el discurso intolerante contra la organización y manifestación pública, así como la negativa absoluta a tratar con representantes sociales y los esfuerzos para impedir a toda costa que la población se organice como un medio para resolver sus demandas más inmediatas y sentidas. 

La 4T, mediatizadora y reaccionaria

Ninguna protesta de las mencionadas atentaba contra la democracia ni contra el orden de cosas establecido. Estas manifestaciones populares no pretenden la destrucción del sistema, no buscan cambiar el orden de cosas o las relaciones sociales vigentes. Si ésa fuera la situación, el gobierno podría argumentar que la represión era parte de su tarea, pues se le ha elegido para mantener el orden social. Los actos de fuerza citados y otros que han ocurrido y no se refieren, son producto de un ejercicio abusivo del poder. Son muestra de la inclinación represiva de la 4T.

Acercando un poco la lupa al problema, salta a la vista que la intención de dicha política es, de un lado, eliminar a la oposición y, por otro, impedir que la población se organice y exija sus derechos; es decir, sembrar la idea de que no sirve de nada luchar. Sin embargo, es en la masa organizada donde reside el verdadero poder de transformación de una sociedad. He ahí el carácter mediatizador de la 4T.

Además, en el espíritu represor y el rechazo a la organización social en la 4T se revela también su carácter antipopular. Pues se hace evidente que no confía en el arma que representan las masas organizadas para una verdadera y profunda transformación. El pueblo tiene que organizarse, exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones, que garantice sus derechos. En su lucha ganará claridad de que, para lograrlo, necesita ella misma asaltar el poder estatal, convertirse en el Estado que hoy controlan los dueños del capital.