Por siglos, el supremacismo estadounidense ha infligido asesinatos, torturas y explotación contra afroamericanos, mexicanos, árabes y asiáticos. Hoy, criminaliza a universitarios locales y extranjeros alegando antisemitismo, un sesgo que definirá el futuro de la educación y la resistencia antifascista en ese país.

En abril de 2024, cuando aumentaban las críticas internacionales por los bombardeos de Israel sobre civiles, trabajadores humanitarios, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, zocos y centros de asistencia en Gaza, estudiantes protestaban contra el respaldo de Estados Unidos (EE. UU.) a Tel Aviv.

Esa confabulación entre EE. UU. e Israel es tan sistémica que extendió su estrategia de chantaje-represalia a las aulas y campus del país. Para justificar sus masacres, el sionismo alega que en la Palestina ocupada “lucha contra el terrorismo” y que tiene “derecho” a esa tierra porque únicamente los judíos sufrieron el Holocausto.

Para ocultar el evidente genocidio-infanticidio, hambruna y Apartheid contra los palestinos, think tanks, medios corporativos, el lobby judío y sus adeptos en el Congreso estadounidense, con la influyente comunidad hebrea en Europa y América Latina, tergiversan la verdad y siguen la táctica de victimización con la coartada del antisemitismo. 

Esa estrategia se desplegó contra la élite intelectual estadounidense que, desde sus campus universitarios, protestó por la más implacable ofensiva armada de Israel sobre los palestinos. Con campamentos, foros de análisis y debate, conciertos proPalestina y diálogos con invitados extranjeros, los estudiantes se alzaron contra esa ominosa situación.

No hubo universidad pública o privada sin escenificar, con mayor o menor intensidad, su solidaridad con los palestinos. Protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. alumnos, profesores, trabajadores administrativos, personal de aseo, choferes, jardineros y oficinistas, ejercían su derecho a protestar por la connivencia de su gobierno con el genocidio. 

No es cuestión menor que, de facto, Donald Trump y las élites que representa convirtieran en enemigos a esos críticos, la futura intelligentsia de la superpotencia.

Poder y presión 

La premisa de Donald Trump hacia Israel es el apoyo incondicional; en particular, con la coalición de partidos ultraconservadores y nacionalistas del estado sionista encarnados en el polémico Benjamín Netanyahu, denunciado por corrupción. El magnate ofreció apoyo para que consumen el Proyecto Esther, que aspira a desmantelar el movimiento propalestino en EE. UU. 

Por eso Netanyahu fue el primer jefe de Estado invitado a la Casa Blanca en febrero; ahí Trump prometió que EE. UU. tomaría el control de la Franja de Gaza y la “vaciaría” de palestinos. Fue el apoyo a Israel “a toda costa”, aunque Biden también lo respaldara sin precedentes con armas por unos 18 mil millones de dólares (mdd).

La ola de protestas contra el sionismo, en abril de 2024, surgió en la neoyorquina Universidad de Columbia, donde los estudiantes ocuparon el plantel de Hamilton Hall. Su directiva infringió acuerdos tácitos y permitió ingresar a la Policía, que arrestó a un centenar de alumnos. Ante reproches de la comunidad, la rectora Minouche Shafik dimitió.

Trump se propuso impedir que siguiera esa movilización, y el 29 de enero emitió la Orden Ejecutiva 14188: Medidas adicionales para combatir el antisemitismo. Ahí establece: “Será política de EE. UU. combatir el antisemitismo enérgicamente con todas las herramientas legales disponibles para enjuiciar, destituir o exigir cuentas a los autores de acoso y violencia antisemitas”.

Con esa coartada legal, el magnate-presidente amagó con retirar fondos federales a los directorados de las más prestigiadas universidades del país, entre ellos planteles de la llamada Liga Ivy  si no finalizaban y castigaban a participantes en protestas, campamentos, marchas universitarias proPalestina y antisionistas.

El cuatro de marzo, Trump amenazó desde su plataforma Truth Social: Si continúan con sus “protestas ilegales” se recortará el financiamiento federal a las universidades que las permitan; además se expulsará, procesará y deportará a los alumnos extranjeros que participen en manifestaciones. Esa visión incluía espiar a estudiantes estadounidenses. 

El siete de marzo recortó 400 mdd en fondos federales a Columbia por no “proteger a los estudiantes judíos del acoso antisemita”. Los Departamentos de Educación, de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Servicios Generales, anunciaron la revisión “exhaustiva” de contratos federales, que implicaría suspender cuentas por 51.5 mdd y de subvenciones comprometidas por más de cinco mil mdd.

 El 10 de marzo, el Departamento de Educación comunicó a 60 instituciones que las investigaba por permitir “acoso antisemita”. Harvard, Princeton y Columbia, entre otros, reciben fondos federales; fueron notificadas de nuevos recortes y posibles acciones policiales si no protegían a los estudiantes judíos. 

La nueva Secretaria de Educación, Linda McMahon, emitió un comunicado que asestó un golpe a las fuerzas democráticas del país e instituciones académicas. Ahí afirma que, por más de un año, se han presenciado “agresiones y acoso” contra estudiantes judíos, por estudiantes y agitadores “antisemitas”.

Alega que campamentos ilegales y manifestaciones han paralizado a la Universidad de Columbia, lo que “priva a los alumnos judíos de las oportunidades de aprendizaje a las que tienen derecho”. Para justificar esa falacia, alude al Título VI, que prohíbe la discriminación por etnia o ascendencia.

El gobierno impuso la revisión del programa sobre Medio Oriente y comprometió a Columbia a reforzar la “aplicación de la ley” (lo que ello signifique). Su directora se apresuró a restringir las manifestaciones y prohibir el uso de mascarillas en las protestas.

Los estudiantes sufrieron la saña de Trump. Diversos alumnos fueron suspendidos varios años por la Junta Judicial Universitaria que revocó títulos a recién graduados, cuyos nombres y número se ignora hasta ahora. Se conminó a estudiantes a no subir mensajes propalestinos en sus redes sociales por no estar “autorizados”.

Alumnos de periodismo del Columbia Daily Spectator denuncian que las autoridades no los protegen del amago gubernamental. “Han permitido ese acoso. Nadie puede protegerlos; éstos son tiempos peligrosos”, reveló el decano afroamericano Jelani Cobb a The New York Times. 

Con esa intimidación, la Casa Blanca envió un mensaje determinante a otras universidades y centros educativos: Carecen de autonomía para que su alumnado exprese libremente ideas políticas sobre el conflicto palestino-israelí y cualquier otro.

Además, circuló un volante donde se aclara que busca proteger la ley, el orden y acabar con el vandalismo, “intimidación proHamás” para investigar y penalizar el “racismo antijudío” en universidades “de izquierda” y antiestadounidenses. Por ello, el grupo de trabajo federal continúa su operación de escrutinio mediante visitas e indagatorias a una decena de planteles.

El cinco de mayo se consumó el acoso contra Harvard. McMahon anunció que bloquearía el aporte a investigaciones en represalia por “incumplir” sus obligaciones legales, deberes éticos y fiduciarios, responsabilidades de transparencia y cualquier atisbo de rigor académico, según la misiva enviada al rector de Harvard, Alan Garber.

Y con alardes de dureza nunca vista en el privilegiado ámbito universitario estadounidense, McMahon agregó que Harvard no volverá a recibir subvenciones federales. Para subsanar cualquier deficiencia económica, sugirió que las autoridades recurran al fondo de 53 mil mdd “o a sus potentados exalumnos”.

Con tal iniciativa, Trump busca cambiar las políticas liberales de género, raza e inclusión del Departamento de Educación y evitar lo que ha llamado “debacle moral” del país, explica  el periodista Stephen Collinson.

Error estratégico

El duro, total e injustificable respaldo de Donald Trump al sionismo israelí evidenció su disposición a sacrificar la educación plural, libertad de asociación y expresión de sus estudiantes, así como el destino de los fondos públicos y exenciones fiscales a esos centros de estudio.

Entre febrero y marzo de 2025, la represión contra universidades y sus alumnos llevó a los universitarios de EE. UU. a emprender una lucha común: combatir la cancelación de visas del gobierno federal a cientos de estudiantes internacionales.

Esa medida se aplicó sin previo aviso y sin permitir el debido proceso. Y con ello, se privó a cientos de jóvenes de otros países del derecho a continuar su formación académica en universidades estadounidenses.

Ese acorralamiento se exhibió el 12 de marzo durante la detención del refugiado palestino criado en Siria y con posgrado en la Escuela de Asuntos Internacionales Públicos de Columbia, Mahmoud Khalil. Él participó en las protestas de abril en 2024 y, tras su intensa labor de resistencia antisionista, logró graduarse en noviembre. 

Pese a ser residente legal con esposa ciudadana de EE. UU., fue detenido por autoridades de inmigración y enfrenta la deportación.  Al respecto, Trump escribió en Truth Social: “será el primer arresto de muchos”.

El 22 de mayo, Khalil tuvo una audiencia con una jueza de inmigración en Jena, Louisiana, donde declaró que, si es deportado, sería víctima de “asesinato, secuestro y tortura”. Antes de la audiencia, pudo conocer y sostener por primera vez a su hijo Deen, de un mes de edad.

Su defensa alerta que los jueces de inmigración no son imparciales, sino que obedecen al presidente, quien “no ha titubeado en despedir a jueces” si no le gusta su fallo. Hoy se sabe que Columbia no solamente ignoró las advertencias de protegerlo; por eso él y otros estudiantes anónimos demandaron a esa universidad y su filial, Barnard College, para evitar que un Comité del Congreso retenga sus expedientes. 

La mayoría de ellos –muchos son profesores en sus países– siguieron las normas de sus universidades, contribuyeron a sus comunidades y estaban a pocas semanas de graduarse. 

Para la profesora de la Universidad George Washington, Dana A. Dolan, la perspectiva de cada uno enriquece las aulas, pues amplían la comprensión y prepara al estudiantado estadounidense para actuar en un mundo interconectado. Privarlos de las visas sin explicación envía al mundo el peligroso mensaje de que en EE. UU. ya no se valoran la educación, la apertura y el intercambio global. 

Aunque el veleidoso Trump anunció que revocaría tal decisión, la amenaza pende sobre miles de estudiantes extranjeros en EE. UU., no sólo para desarrollar sus habilidades de investigación y docencia, sino también para llevar a casa la experiencia de vivir en la superpotencia.

“Socavamos nuestros propios valores nacionales al erosionar la confianza y dañar las relaciones que deberíamos cultivar. Es un error estratégico, pues el poder suave de EE. UU. se ha basado en el atractivo de sus valores, no solamente en sus fuerzas armadas”, destaca Dolan.

 “Los alumnos universitarios que estudian acá, se convierten en diplomáticos, académicos, empresarios y funcionarios públicos en sus países y mantienen fuertes vínculos con este país. ¡Pero sólo si los tratamos con dignidad! Cuando los tratamos con sospecha, silencio y exilio repentino, destruimos esos lazos”, aclaró Dolan.

Islamofobia y antisemitismo

La intolerancia “al otro” ha sido característica histórica del imperialismo expresada en marginación legal, espionaje y represión. No obstante, eso no ha impedido que presidentes y legisladores, demócratas y republicanos, pacten jugosos contratos y acuerdos con naciones árabes y musulmanas. 

La islamofobia, como odio a lo árabe y musulmán, alcanzó un nuevo récord en EE. UU. El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas documentó ocho mil 658 denuncias por discriminación en 2024, la cifra más alta desde 1996 y coincide con la ofensiva sionista en Gaza.

Atacar a musulmanes y árabes compromete a la justicia estadounidense, donde ya son institucionales el “antipalestinismo” y la islamofobia, expresadas en prejuicios, lenguaje excluyente, violencia física y verbal. 

El autor del premiado libro Cómo se siente ser un problema: ser joven y árabe en EE. UU., Moustafá Bayoumi, advierte que la islamofobia niega la democracia, por basarse en el miedo y erosionar las libertades. Justificar torturas, maltrato y detenciones por motivos raciales, étnicos y religiosos impacta en la seguridad nacional, alertan Elsadig Elsheik y Basima Sisemore.

 Es tan obvio el daño a la democracia por la exclusión y maltrato a esa comunidad que, en diciembre de 2024, Joseph Biden anunció su estrategia contra la islamofobia, la primera de ese tipo del grupo interagencias formado en 2022, y que produjo la estrategia contra el antisemitismo en 2023. 

Sin embargo, el apoyo de los estadounidenses hacia Israel parece cosa del pasado. La encuesta Gallup de marzo pasado reveló que únicamente el 46 por ciento expresó un relativo apoyo al estado sionista; es el más bajo nivel en 25 años. En contraste, 33 por ciento simpatiza con los palestinos (el nivel más alto); coinciden con ese indicador sondeos del Pew Research Center. 

A la par, la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) denunció: las universidades pueden y deben responder a actos ilegales, pero el presidente carece de facultad para revocar fondos federales y menos a instituciones que permiten protestas “ilegales”.

Trump intensificó la represión contra toda disidencia y mostró a los disidentes universitarios como “antisemitas” en una campaña mediática. Tal visión proviene de las élites conservadoras, empoderadas con el segundo gobierno de Trump, como el Comité Israelí-Estadunidense de Asuntos Públicos, que contribuyó con 51 millones 848 mil 113 dólares a la elección presidencial en 2024. 

Se debió ofrecer asesoría legal a esta generación de estudiantes pertenecientes a la misma lucha contra la segregación y Apartheid que combatió entre 1960 y 1980, explica Eraldo Souza, profesor de la Universidad de Cornell.

La historia demuestra que una universidad que no defiende la libertad académica de sus miembros se expone a nuevos ataques contra esa libertad en el futuro.