La añeja lucha de los desheredados y patriotas contra el saqueo colonial, evolucionó este siglo como combate al despojo imperial. Para encubrir ese robo de recursos en mares del Sur Global, el Occidente Ampliado reacciona con operativos militares y propaganda que califica como campañas antiterroristas.

La tercera semana de junio de 2024, la Guardia Costera de China y la Marina de Filipinas se confrontaban en el Mar del Sur de China. La parte filipina sostuvo que en el navío chino un hombre blandía un hacha, por lo que un alto oficial filipino aseguró “Sólo los piratas hacen esto”.

El incidente ocurrió horas después de que Beijing aprobara la ley que permite a su Guardia Costera arrestar a intrusos-agresores. Manila argumentó que por esa ‘obstinación’ china, un filipino murió poco antes.

Ese choque llevó a ambos países muy cerca de un acto de guerra, mientras los centros de pensamiento occidentales y un analista de CNN, afirmaban que China “probaba” a Estados Unidos (EE. UU.) para mostrarle “dónde está la línea roja”, usando a Filipinas. No se ha confirmado esa versión.

En diciembre de 2023, en costas del Mar Rojo, clave para el comercio mundial, los rebeldes hutíes marcaban un punto de inflexión al consumar un nuevo abordaje de una embarcación occidental.

El vocero hutí Mohammed Abdulsalam, advirtió que sus acciones “son sólo el principio”. En abril de 2024, el mundo confirmaba que esos milicianos ni eran piratas ni cejarían en su intención de acotar el sionismo israelí.

Tales ejemplos confirman que la piratería se identifica como un desafío ubicuo e históricamente vinculado a delitos como secuestro, tráfico de personas, armas y drogas. Sin embargo, hoy esa noción ya es insostenible ante la visibilización de las causas de esos abordajes y que se reducen a la defensa de la soberanía de las despojadas naciones ribereñas.

Sin embargo, para encubrir ese robo de pescaderías y minerales, el Occidente Ampliado lanzó operaciones militares “con aval de Naciones Unidas contra quienes ya califica de piratas y terroristas”. Hoy esos “piratas” se equipan con satélites y herramientas informáticas fuera de borda capaces de interceptar comunicaciones de radio y objetivos tele-dirigidos.

Aunque los llamados ataques pirata aumentaron numéricamente, los geopolitólogos tradicionales soslayan el análisis de ese rubro, alertaba Xavier Bohigas; además, aún no se ha definido suficientemente qué se entiende por esa práctica.

Bajo la mirada tradicional del Derecho Internacional, la piratería ocurre fuera de la jurisdicción de un Estado y su fin es privado, no político. Con la lente de las naciones despojadas históricamente por el afán imperialista, son acciones de represalia por patriotas nacionalistas y revolucionarios.

Entretanto, para el experto Donald Rothwell, la piratería se origina en Estados Fallidos; enfoque que deslinda de responsabilidad a las corporaciones navieras y pesqueras, parte estructural del capitalismo extractivista.

Geopolítica y seguridad

La política exterior retornó a la geopolítica con un foco en la seguridad marítima. Atrás quedan amenazas “convencionales” como el robo de mercancías para centrar su atención en la piratería, fenómeno que amenaza el comercio de bienes, pues en unos lustros sumó hasta 13 mil asaltos.

Esto desafía el derecho internacional, causa inseguridad y vulnera el uso pacífico de los océanos. Por tanto, las vías acuáticas regionales adquieren una importancia fundamental como espacios para proyectar el poder. Y por tanto, ya sea en mares abiertos, regionales, golfos, estrechos e islas, los actores estatales y no estatales aspiran a ejercer más control y recurren a la coerción sin llegar a la guerra.

Todo riesgo y amenaza en el mar requiere análisis geopolítico y geoeconómico, pues ahí confluyen intereses de política global como militar, comercial y energético. Por tanto, toda acción que vulnere la neutralidad marítima, aunque no viole la soberanía o integridad territorial de algún Estado, es un mensaje político, explica Jessica Larsen.

En ese contexto, los piratas contemporáneos son actores emergentes que inciden en lo económico-comercial y en lo político, donde son muy eficientes.

La piratería se da en todos los continentes, la mayoría en el sureste asiático (Indonesia y Malasia, en particular), el Cuerno de África y el Mar Rojo. Así lo indica el registro de contabilidad del Diario de Humanidades Abiertas en el periodo 1993-2020 con la estadística a mayo de 2024 de la Cámara Internacional de Comercio.

También la ONU ha denunciado que la piratería es cada vez más eficiente, pues sus ataques alcanzan un 80 por ciento de abordajes tras patrullar, en promedio, a una distancia de 22 kilómetros de la costa.

El aspecto geopolítico del asunto es que sus perpetradores provienen de naciones colonizadas y, por tanto, empobrecidas; así como protagonistas de añejos conflictos armados provocados por la injerencia externa. Tal es el caso de Yemen y Somalia, cuyo Producto Interno Bruto es ínfimo a pesar de estar geográficamente próximas a zonas estratégicas del comercio marítimo: los llamados Choke Points, explica la agencia de logística Dstela.

Guerra o piratería

A las 02:03 horas del 26 de septiembre de 2022, los Servicios Geológicos de Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega y Finlandia detectaron una fuerte explosión, de magnitud 2.3, en el gasoducto Nord Stream 2 (NS2) que originó una caída de presión y escape de gas natural a la superficie, al sureste de la isla danesa de Bornholm.

Cuando los equipos de emergencia se desplazaban hacia la zona, una nueva explosión, de magnitud 2.1, causaba tres fugas en el gasoducto Nord Stream 1 (NS1) al noreste de Bornholm. Ambos ductos quedaron inoperables.

Ante el inminente peligro para la navegación, las guardias costeras de la región alertaron a barcos y aviones por la contaminación, por la fuga de combustible. Los mexicanos conocimos el hecho por el video que difundieron las Fuerzas Armadas de Dinamarca, donde el escape causó turbulencias de un kilómetro de diámetro.

Expertos técnicos, la empresa operadora Gazprom, el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, calificaron los hechos de “actos deliberados”.

Fue significativo que, a unas horas de los hechos, el diario alemán Der Tagesspiegel afirmara que se trató de explosiones debido a sabotaje, presumiblemente desde buzos o submarinos. El día 27, el conocido Der Spiegel publicaba que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) advirtió semanas antes al gobierno alemán de un posible ataque a los gasoductos.

El presidente de Rusia Vladimir Putin calificó esas emergencias como “acto de terrorismo internacional sin precedente”; mientras el vocero presidencial, Dmitri Peskov, no descartó el sabotaje.

En contraste, el asesor presidencial ucraniano Myjailo Podolyak afirmó que se trató de un ataque terrorista “planeado por Rusia” como acto de agresión contra la Unión Europea. Casi en sintonía, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen sostuvo que era “inaceptable” la idea de una interrumpción deliberada a esa infraestructura energética, y amagó con la respuesta “más fuerte posible” a quien insistiera en ello.

Al minimizar el alcance de esa ofensiva, Occidente deslizó la narrativa de que ambos gasoductos no funcionaban. Lo que no se explica es que, al momento de las detonaciones, los dos estaban llenos de gas, aunque el NS2 estaba detenido debido a la prohibición de venta de EE. UU. de un compresor que necesitaba; y el NS 1 no funcionaba por el veto de EE. UU.

Aunque las explosiones ocurieron en aguas internacionales en la región del Báltico, autoridades de Dinamarca, Suecia y países vecinos investigaron la hipótesis del “sabotaje mayor”. En octubre, la policía danesa concluyó que se trató de potentes explosiones, sin señalar a los autores; y un mes después, el Gobierno aceptó que encontró explosivos, por lo que el hecho fue intencional. Lo mismo ocurrió con los daneses.

En febrero de 2024, Suecia cerró sus pesquisas por no tener jurisdicción sobre sabotajes y entregó el archivo a Alemania, que sí estimó un sabotaje sin acusar a nadie.

Para los geopolitólogos, esas explosiones en los ductos que conducían gas ruso por el mar Báltico fueron un ataque pirata de perpetradores no identificados contra infraestructura crítica ruso-europea en una guerra híbrida.

Otro caso que combina seguridad marítima con actos ilegales es el supuesto acoso de Irán a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz. Esa visión falaz de Occidente se acentuó en 2017 con la presidencia de Donald Trump.

En su mayoría, por la región transitan embarcaciones de navieras trasnacionales que transportan bienes de gran valor –en particular petróleo– hacia y desde Europa, Asia y Norteamérica.

La seguridad de esa zona es vital para garantizar la navegación, pues vincula al golfo de Omán al sudeste y al golfo Pérsico al sudoeste. Para resguardarla de amenazas, el Gobierno de la República Islámica de Irán destacó al prestigiado general Qassem Soleimaní, líder de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria.

El comandante encabezó exitosas misiones de reconocimiento del Golfo Pérsico que le ganaron prestigio de los países árabes vecinos. Su minuciosa vigilancia salvó a la región de ataques del autodenominado Estado Islámico.

Sin embargo, el tres de enero de 2020, un ataque aéreo de EE. UU. impactó en el vehículo del general Soleimaní, quien se desplazaba próximo al aeropuerto de Bagdad. En su comunicado, el Pentágono insistió en que se trató de un ataque “disuasivo”, porque Soleimaní desarrollaba planes para atacar a diplomáticos de EE. UU en la zona.

Ni Washington ni la prensa occidental reconocieron el compromiso que Irán asumió unilateralmente por la seguridad del Golfo Pérsico y que impidió actos de piratería.

¿Por qué Somalia?

Los capítulos iniciales de la moderna oleada de piratería detonaron a partir de abril de 2008 con el secuestro del barco pesquero español Playa de Bakio. Madrid acusó de “piratas” a los autores, de ser un peligro para la navegación, la pesca y hasta bloqueó la ayuda humanitaria a Somalia, país este-africano en crisis por décadas de guerra y sequía.

Detrás de la acusación de “piratería marítima” somalí están los intereses geopolíticos enmascarados de potencias extranjeras en esa nación africana, donde hasta entonces se habían producido ocho ofensivas bélicas multinacionales, 21 unilaterales.

Somalia está en el Golfo de Adén, por donde transita el 20 por ciento del comercio mundial y 30 por ciento del petróleo hacia Europa; lo que la convierte en epicentro de la ruta marítima entre Asia y Europa. Ahí compiten por influir en la región: EE. UU. y sus aliados europeos –entre ellos Reino Unido, Australia, Países Bajos, Francia y España– así como China.

Tras ese conflicto está el saqueo extranjero del atún somalí. España, como segundo productor mundial de esa especie, despliega ahí su flota pesquera, la mayor de la Unión Europea y extrae colosales cantidades de esa pesquería.

Otros países europeos desplazan sus navíos hasta costas somalíes y se abrogan el derecho a desplegar operativos militares “contra la piratería” de los habitantes locales que sólo defienden sus recursos.

Naciones Unidas ha respaldado esa injerencia occidental. Bajo el argumento falaz de que en Somalia reina la anarquía, ha permitido la creación de milicias lideradas por empresas pesqueras extranjeras. El secuestro del yate francés Le Ponant marcó el inicio de lo que la Oficina Internacional Marítima de la ONU llamó “segunda ola” de piratería.

Ello dio pauta para que la Unión Europea, la OTAN, China, Surcorea y Tailandia reconocieran que, tanto las comunicaciones marítimas como la cadena global de suministros, requerían atención inmediata.

De ahí los multinacionales patrullajes de buques de guerra. Para expertos del Centro de Estudios por la Paz J.M. Delás, esa estrategia no resuelve el problema de fondo, que es el robo de recursos a naciones pobres por trasnacionales.

Piratería roja

En noviembre de 2023, el mundo atestiguó que la milicia hutí Ansaralá de Yemen cerraba el paso a buques mercantes occidentales por el Mar Rojo. En un principio, Occidente intentó mostrar ese acto como piratería, pero los hutíes se sobrepusieron a esa campaña al manifestar que su objetivo era vetar el paso de suministros que sostengan al régimen sionista israelí, que entonces bombardeaba a civiles en Gaza.

Esa detención de enormes navíos marítimos porta-contenedores en alta mar exhibe un gran dominio, animado por la fuerte convicción política de esa milicia de proyectar su poder en esa zona estratégica, a pesar de hacerlo ante rivales tan poderosos como los navíos europeos y estadunidenses.

De igual forma, es un desafío desde un asertivo Sur Global que aprovecha su destreza marítima para denunciar el saqueo de sus recursos, por lo que llaman Estados criminales del norte.

Sin embargo, Occidente se empeña en acusar a otros de los actos ilícitos que comete. En 2017 acusó a China de actuar “a la manera de un barco pirata” tras construir lo que analistas occidentales llamaron su primera base militar extranjera en la costa de Djibuti, África oriental. 

Esa acción, a la par que la Iniciativa de la Franja y la Ruta –de construcción de puertos marítimos e infraestructura–, pondría al coloso asiático muy cerca de la energía y minerales estratégicos de África, advertían, preocupados, los estrategas del Departamento de Estado de EE. UU.

Por el contrario, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, que aplica la Convención sobre la Ley del Mar, considera que las posibilidades de luchar contra la piratería son limitadas, en tanto persista la tendencia global de potencias extra-regionales de sustraer recursos de países ribereños.