La bancada de diputados del Partido del Trabajo (PT), aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones federales de 2018, exigió el cuatro de abril de 2019 la suspensión del proceso legislativo de la iniciativa, enviada por ellos mismos, para flexibilizar aun más las reglas de inversión de los fondos pensionarios de los trabajadores mexicanos en proyectos del capital privado, destinados a fondear negocios de todo tipo, incluida la especulación financiera en bolsas de valores internacionales.

Tal iniciativa se aprobó en octubre pasado con el voto mayoritario de los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y con ello se puso en marcha un nuevo régimen de inversiones de las Administradoras de los Fondos para el Retiro de los Trabajadores (Afores), con el argumento de que tendrán mayores ganancias, porque ahora podrán ser utilizados por inversionistas privados nacionales y extranjeros en proyectos triangulados por el gobierno de AMLO, como son los casos de la refinería de Dos Bocas y los trenes Transoceánico y Maya.

En el control de los fondos pensionarios están interesadas poderosas firmas bancarias como Citibanamex, que forma parte de Citigroup y acapara casi la mitad de las cuentas; así como Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, con un poco menos; y la denominada Siglo XXI, de Banorte, que encabeza Carlos Hank González. Todos estos personajes son miembros del Consejo Asesor Empresarial de AMLO.

Los petistas se opusieron a la modificación de las reglas de inversión de las Afores porque consideraron que las pensiones de los trabajadores se exponen a mayores riesgos financieros; a un doble cobro de comisiones –el del 0.98 por ciento de la administradora, más el de los operadores de los fondos de inversión– y a la apertura que éstos tendrán para invertir donde les parezca, lo cual implicará un riesgo para la soberanía de las finanzas nacionales.

El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, y el legislador Benjamín Robles pidieron explicaciones al coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y declararon que los verdaderos beneficiarios de los cambios serán los operadores de las Afores y de los nuevos fondos de inversión. Sandoval destacó que la iniciativa implica un riesgo para la soberanía porque permitirá la salida de capitales locales para ser invertidos en proyectos de infraestructura o en valores en el extranjero.

“Que Mario nos explique, porque ya tuvimos reunión con los funcionarios de Hacienda y no nos dijeron nada, no lograron decirnos en qué beneficia a los trabajadores. Todo es a favor de las administradoras y ampliar el margen para que especulen; hay hasta el riesgo soberano en términos financieros. Y si tú abres el porcentaje para que se especule en bolsas internacionales, estamos sacando el dinero nuestro de la Nación”, afirmó Sandoval.

Pero Morena no solo aprobó la reforma, sino que preparó algo más de fondo. Tiene en pendiente otra reforma para aumentar la edad de retiro de 65 a 68 años y aumentar del 6.5 por ciento a un rango entre el 13 y el 18 por ciento las aportaciones obligatorias de los trabajadores a su fondo de pensión, tal como lo viene exigiendo desde hace varios años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafores). 

Certeza para el trabajador

El doctor en economía Hilario Barcelata Chávez, académico de la Universidad Veracruzana (UV) y coordinador del Observatorio de Finanzas Públicas explicó a este semanario que el pago de rendimientos hecho al trabajador por el uso de su dinero en inversiones, que desconoce “no es tan alto como uno esperaría, pese a que es alto el rendimiento que recibe quien administra e invierte los recursos pensionarios”.

El punto central –precisó– “es el cuidado que se debe tener con el uso de los recursos. Que ahora se faciliten las inversiones en el extranjero ya genera un poco de preocupación, sobre todo porque el dinero ingresa en una legislación financiera diferente y escapa del control y protección que pudiera tener el Estado Mexicano respecto de esos recursos. Entonces, me parece que esa sí es una nota de preocupación. Si ya de por sí operar en mercados financieros abiertos del país representa un riesgo, más lo será si las inversiones se van al extranjero en donde, por otra parte, pudiera haber rentabilidad, pero es un dinero que se va”.

“Aquí la cuestión es ¿qué tanta seguridad hay de que el dinero va a regresar al ahorrador? ¿Qué tanta certeza tenemos que, independientemente de lo que pase con la Afore, nuestro dinero va a estar ahí cubierto por un seguro o algún otro instrumento que garantice que el dinero va a estar ahí? Porque al final de cuentas todo es una promesa de ganancias y cuando vayamos a retirarnos debemos tener la certeza de que el dinero va a estar ahí, independientemente de lo que haga la administradora con esos recursos”, aseguró el doctor Barcelata.

El doctor en economía José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C., afirmó a este semanario que lo más conveniente es mantener la mayor parte de los recursos de las Afores, algo así como el 80 por ciento, invertidos en instrumentos de bajo riesgo, como los bonos gubernamentales (Cetes, por ejemplo) y solamente una parte pequeña, entre el 20 o el 30 por ciento a lo sumo, colocados en inversiones de mayor riesgo. “Creo que sí tiene que buscarse una forma de que la Afore garantice que el trabajador va a poder tener ingresos suficientes cuando se retire; es decir, que la pensión va a ser decorosa”. 

Para el doctor de la Cruz, los recursos concentrados en las cuentas de Afore para una pensión actualmente no son suficientes para garantizar un retiro digno, por lo que deben buscarse cambios que lo permitan; pero se pronunció en contra de que se incremente la edad de retiro de 65 a 68 años.

De manera general puede plantearse que las otras opciones para incrementar los recursos destinados a la pensión del trabajador son: una, flexibilizar el portafolios de inversión del dinero pensionario para que se invierta en instrumentos que den más rendimientos, aunque con mayor riesgo; otra es incentivar el ahorro voluntario del trabajador, lo que no ha surtido efecto a la fecha; y una tercera es la que sugiere la OCDE: incrementar el porcentaje de la cuota obligatoria del 6.5 por ciento del ingreso como está en la actualidad a un porcentaje de entre el 13 y el 18 por ciento del salario.

Aplicar un incremento en la edad del retiro ha sido planteada como posibilidad por legisladores de Morena y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, con la de aumentar las cuotas obligatorias. El nueve de octubre pasado Herrera citó ambas opciones en una reunión nacional de Afores, que analizan proponer una iniciativa al Congreso Federal, aunque por separado el Presidente ha advertido que la edad de retiro no se incrementará, dejando solo como alternativa el posible aumento del porcentaje de las cuotas.  

 Los “tiburones” al ataque

El 19 de marzo de 2019, una información de la agencia de información especializada Reuters reveló que la firma de fondos de inversión mundial Blackstone había conseguido asegurar el uso de 695 millones de dólares (mdd) –equivalentes a 13.2 mil millones de pesos (mmdp)– provenientes de las pensiones de trabajadores mexicanos, cifra que se sumaba a los fondos captados por las multinacionales Blackrock y KKR&Co, gracias al cobijo de la reforma en enero de 2018, antecedente de la de octubre de 2019 promovida por el gobierno de AMLO. La última firma citada acaparó 683 mdd.  

Reuters publicó que desde 2018 los gestores de capital privado mundiales lograron atraer “miles de millones de dólares” de los fondos de pensiones, sugiriendo con ello que el monto era muy superior al citado hasta entonces, porque aún se desconocían las cantidades logradas por las firmas Partners Group, Lexington Partners, General Atlantic, HarbourVest Partners y Discovery Capital Management.

El 26 de enero de 2018, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó las modificaciones al régimen del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con el propósito de flexibilizar las reglas para alentar la inversión del dinero depositado en las Afores y utilizar estos recursos en mayores inversiones productivas. Un documento que la Consar divulgó el 20 de enero de 2018, afirmó que las Afore constituyen el principal inversionista institucional del país y que al cierre de 2017 se habían invertido un billón 66 mmdp.

A los nuevos inversionistas, que sustituyen a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores), se les permitió decidir en qué y en dónde invertir. En este marco, los emprendedores internacionales pueden fondearse de manera relativamente barata con el dinero de las Afores, de forma similar al caso del fideicomiso FIBRA con que se financiaba el suspendido nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICDMX).  

De esta manera se moldean los fondos de inversión pensionarios tal como los necesitan los grupos financieros como Citibanemex, perteneciente al magno fondo de inversión internacional BlackRock y otros operadores de inversiones como Blackstone, Pioneer, JP Morgan, Morgan Stanley, Banque Paribas, Schroders, Wellington y Nomura, Investec o Franklin Templeton.

Un jugoso negocio

El negocio financiero con los fondos pensionarios de las Afores “va bien y de buenas”, utilizando una de las frases usadas por AMLO en varios discursos. En agosto de 2019, se reportó que las ganancias netas de las 10 Afores mexicanas registraron un 22 por ciento de incremento en el último año, con lo que duplicaron la tasa de rendimientos del sistema.   

En su informe fechado el tres de marzo de 2019, Reuters destacó el gran atractivo de los recursos pensionarios en México, ya que se trata del fondo de pensiones privadas más grande de América Latina y el primero en términos de crecimiento, ya que duplicó su tamaño en solo siete años, de acuerdo con un análisis de la consultora Willis Towers Watson.

El Banco Azteca –la institución bancaria preferida por AMLO y que maneja las tarjetas del Bienestar– y Citibanamex tienen en su poder la mayor parte de las cuentas de Afore en el país y, por ende, se llevan la tajada más grande de las comisiones generadas por los 3.7 billones de pesos de las pensiones de retiro de los trabajadores mexicanos, cantidad representada por las tres cuartas partes del Presupuesto Federal 2020, de poco más de seis billones de pesos. Ese dinero equivale al 18.42 por ciento del sistema financiero local, que está en el segundo sitio como fructífero negocio financiero, solamente detrás del bancario.

De acuerdo con datos de la Consar, los bancos, en su mayoría trasnacionales, operaban hasta marzo de este año el 50.23 por ciento de los fondos de inversión de las Afores; la banca de desarrollo recaudaba el 10.94 por ciento y las aseguradoras el 6.42 por ciento. Según los datos de Consar, las Afores financian a empresas del sector privado con un billón 184 mil 326 millones y también al gobierno, porque son poseedoras del 27.6 por ciento de bonos de renta fija gubernamentales, como los Certificados de la Tesorería (Cetes).

Las Siefores desaparecieron con la reforma de octubre, impulsada por AMLO y Morena en el Congreso de la Unión para convertirlas en fondos de inversión, esquema usado por los “tiburones” del sistema financiero mundial para devorar los fondos de pensiones de los países vulnerables, denominados fondos generacionales, cuyo nombre en inglés es target date found. De esta forma, la cuenta del trabajador se mantiene en una sola inversora de acuerdo con su fecha de nacimiento, su uso financiero y su riesgo antes que el titular exija su pensión.    

Van por otra reforma

Entonando la misma canción de la OCDE y la Amafore, bajo control de bancos extranjeros como Citibank (Banamex), hay un proyecto, en la agenda legislativa, para incrementar las aportaciones obligatorias de los trabajadores del 6.5 por ciento actual a entre 13 y el 18 por ciento de su salario. El argumento es que de no hacerse esta modificación, habrá una crisis financiera de los fondos de pensión. 

Bernardo González, presidente de la Amafore, demandó el dos de agosto reformar la ley de las Afores para permitir este incremento, que ha sido recomendado por la OCDE. González reconoció que los 3.7 billones de pesos depositados en las Afores, equivalentes al 15.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es una cantidad elevada, pero consideró que debe ser mayor.

El Secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, participó el nueve de octubre en la IV Convención Nacional de Afores dio su punto de vista sobre el tema. Explicó que una de las principales medidas que deben tomarse con respecto a las Afores “es que para que los trabajadores tengan pensiones dignas se necesita que se contribuya más a lo largo del periodo de trabajo”. Bernardo González, por su parte, insistió en que más que modificar la edad de retiro, es necesario elevar la aportación obligatoria.

En todo esto se haya la insaciable apetencia de los bancos por acopiar cada vez más los recursos financieros del país. Por ejemplo, Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, miembro del Consejo Asesor Empresarial del Presidente, controla el sistema de distribución de dinero de los programas sociales del actual Gobierno Federal y desde el 21 de junio de 2018 acapara la mayoría de las cuentas Afore del país con Citibanamex. Ambas instituciones son las principales beneficiarias de la flexibilización de las reglas para la inversión de esos recursos, aprobadas por Morena en octubre pasado. 

Cinco firmas controlan el 80 por ciento de las 62 millones 982 mil 14 cuentas de Afores; las dos principales son Banco Azteca, que en la actualidad cuenta con 11 millones 991 mil 752; y en segundo sitio, con 11 millones 784 mil 217 cuentas, está la Afore de Citibank (Banamex) de Citigroup, del magno fondo de inversiones mundial Blackrock. El tercer sitio lo ocupa la Afore Coppel, con 10 millones 483 mil 936 cuentas; el cuarto, la Afore XXI Banorte, encabezado por Carlos Hank González quien, como Salinas Pliego, forma parte del Consejo Asesor Empresarial de AMLO. Banorte tiene control sobre ocho millones 691 mil 290 cuentas Afore.