El primero de octubre, el Senado aprobó la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, impulsada por Morena, ley que establece, cuestiones tales como: las reglas que deben seguir las empresas privadas, denominadas administradoras de fondos para el retiro (Afores), para manejar las aportaciones hechas por los trabajadores a una cuenta de ahorros, destinados a subsidiar la pensión que recibirán al retirarse de la vida laboral; el número y monto de las comisiones a pagar por el administrar dichos ahorros; las facultades de las autoridades en relación con la actividades a desarrollar en la administración de los recursos, etc.

Aunque muchas cosas se podrían decir de lo que se necesita atender en este tema, a cualquier trabajador que cuente con este ahorro, le interesa sobre todo  que la ley le garantice, entre otras cosas: que la Afore que administra sus ahorros no le cobre comisiones excesivas; que sus ahorros crezcan para que la pensión que obtenga al retirarse, sea suficiente para atender sus necesidades en la vejez y, sobre todo, que sus ahorros se inviertan de manera segura y responsable, esto es, que no exista riesgo de que las Afores pierdan su dinero, por haberlo invertido en algún proyecto inviable.

Al persistir estas preocupaciones para los trabajadores con la ley vigente, se esperaría que la reforma que discutió el Senado, las atendiera. No obstante, la reforma parece abonar en sentido contrario, ya que, con ella: los trabajadores cuyos ahorros generen mayores ganancias, deberán pagarle a la Afore: no una, sino dos comisiones por administrar sus ahorros; y se ampliarán las opciones que tienen las afores para invertir el dinero de los trabajadores, ya que, una vez que entre en vigor la reforma, no solo podrán invertir en instrumentos que se manejan en el mercado de valores (y que, por lo mismo, son inversiones más seguras), sino que podrán invertir financiando a las pequeñas y medianas empresas, o grandes proyectos públicos de infraestructura a largo plazo, tales como un Tren Maya, o una refinería en Dos Bocas, Tabasco, proyectos que, según varios analistas, son financieramente inviables, lo que genera más riesgo para el retorno del dinero invertido en ellos.  

Si bien la propuesta de reforma tendrá que pasar, en los próximos días, a discusión y aprobación en la Cámara de Diputados para convertirse en ley, no se esperan grandes cambios a lo aprobado por el Senado, por lo que no sería raro, por ejemplo, que veamos los más de 3 billones de pesos de ahorro de los trabajadores, que actualmente manejan las afores, invertidos en los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que pondría en serio riesgo los ahorros y el futuro de más de 60 millones de trabajadores mexicanos.

La autora es Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México, realizó estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Realiza investigación en temas jurídicos.