El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) intentan encubrir a toda costa el rotundo fracaso derivado de su política sanitaria del “bienestar”, por el que 35.7 millones de mexicanos no tienen servicio sanitario público y por el que pueden perder en las elecciones de 2024.

Hasta el inicio de la tercera semana de mayo de 2023, la población más necesitada del país sigue sin conocer todavía la atención médica como la de Dinamarca y Noruega que pronosticara AMLO el ocho de enero de 2020, cuando inauguró el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que jamás funcionó bien.

Esta fallida institución, cuyas operaciones se iniciaron el 1° de enero de 2020; el plan era sustituir al Seguro Popular, que llegó a tener un padrón de 53 millones de usuarios y brindó atención médica con base en un catálogo de 200 enfermedades; pero el Insabi jamás pudo equiparar estas cifras y, luego de tres años y tres meses de existencia, fue declarado extinto.

Esto ocurrió el pasado 25 de abril de 2023, cuando los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) reconocieron su fracaso en marzo de 2022, para luego sustituirlo por un organismo público descentralizado que denominaron “IMSS Bienestar” mediante el uso de una atropellada reforma a la Ley General de Salud (LGS), legislación de menor jerarquía a la Constitución.

Analistas especializados en salud han advertido que la desparpajada modificación a la LGS, aprobada al vapor por Morena y sus aliados PT y PVEM el mes anterior en la Cámara de Diputados, y por la mayoría morenista en el Senado el día 29 de abril, ha vertido en la existencia de una entidad pública y un programa especial.

El doctor Andrés Castañeda, especialista en políticas de salud de la agrupación civil Nosotrxs, explicó que, por un lado, está el organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, creado en marzo de 2022 y puesto en marcha en septiembre del año pasado y, por otro, el programa especial de extensión de servicios para personas en alta marginación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominado “IMSS-Bienestar”, que opera desde hace 44 años en zonas de extrema pobreza.

Quienes están pagando los “platos rotos” generados por las ocurrencias del Presidente son los 35.7 millones de mexicanos que hoy, según datos de las instituciones oficiales de estadística, carecen de acceso a un servicio público de salud; o bien los 33 millones que, según informes de organizaciones civiles, no reciben una atención sanitaria pública adecuada desde el inicio de este sexenio, en diciembre de 2018.

La cercanía de las elecciones federales y locales de 2024 y la posible reacción negativa de estos mexicanos es la causa por la que “al cuarto para las 12” el Presidente, los morenistas y sus aliados intentan ocultar los destrozos causados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y al esquema de distribución pública de medicamentos.

El principal factor de esta premura se expresó desde septiembre de este año que comenzarán los primeros trabajos de organización partidista para las votaciones del domingo dos de junio de 2024, cuando se elegirá Presidente de la República; 128 senadores, 500 diputados federales, nueve gobernadores y 30 congresos estatales.

El cinco de agosto de 2021, un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que, entre 2019 y 2020, los primeros años del gobierno de Morena, la población sin servicio de salud se incrementó 16.2 por ciento, es decir, pasó de 20.1 millones a finales de 2018 a 35.7 millones en 2020.

“En dos años hubo un aumento de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada”, informa el Coneval en su Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud 2018-2020.

El análisis México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna, fechado el siete de abril de 2021 y proyectado por las organizaciones México Evalúa (ME), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, denuncia la exclusión en los servicios sanitarios públicos de al menos 26 por ciento de la población, es decir 33 millones de personas.

La iniciativa presidencial de reforma, que implicó la extinción del fracasado Insabi, fue aprobada “al vapor” en abril pasado por diputados y senadores de Morena y sus aliados en cuestión de horas, sin antes ser analizada en las comisiones legislativas y puesta a votación en pleno sin debate; es decir, de la manera más atrabancada y atrabiliaria.

El otro desparpajo

Y así como se creó, operó y fue desaparecido el Insabi, también fue instituido su heredero IMSS-Bienestar, que no presenta infraestructura en gran parte del país para brindar atención sanitaria. Ésta fue la razón por la que el Gobierno Federal buscó infructuosamente que el Insabi absorbiera a los institutos de salud de las 32 entidades de la República.

Ahora, sin recurrir al uso de la infraestructura sanitaria de los estados, debida a las dificultades que ello implicaría, el gobierno de AMLO ha improvisado una propuesta con la que intenta presentar los institutos estatales como parte de un “Sistema de Salud para el Bienestar”.

Este “sistema”, así definido por la desparpajada reforma hecha a la LGS, únicamente existe en el papel, porque en los hechos no tiene infraestructura física; además, se ofrece como una institución alterna al Sistema Nacional de Salud, (SNS) que encabeza la Secretaría de Salud (SS), cuyas bases legales están claramente descritas en la Carta Magna.

La reforma “al vapor” de abril pasado estipula que en el nuevo “sistema de salud” concurren tanto el indefinido IMSS-Bienestar como las instituciones de salud de las 32 entidades federativas y la SS en la prestación gratuita de servicios médicos y medicinas.

Plantea igualmente un presunto nuevo “modelo de atención a la salud para el bienestar”, en el que se brindarán, suscribe pomposamente, “servicios de salud y acción comunitaria” con un nuevo “enfoque intercultural de salud”.

El IMSS-Bienestar fue montado sobre el programa especial que hace 44 años creó el IMSS con el nombre IMSS-Coplamar para brindar servicios limitados a personas sin afiliación a ningún servicio sanitario público en las áreas rurales y conurbadas del país, reconocidas con los más altos niveles de marginación.

Hoy, el IMSS-Bienestar, heredero del extinto IMSS-Complamar, tiene 80 hospitales con servicios de segundo nivel de atención y tres mil 622 unidades sanitarias de primer nivel; 37 Centros de Atención Rural Obstétrica, 184 brigadas de salud y 140 unidades médicas móviles, de acuerdo con datos del documento Municipios y Programa” del IMSS-Bienestar, con datos actualizados a 2022.

En febrero de 2022 tenía un padrón de 11 millones 678 mil 723 afiliados, la mayoría ubicados en Chiapas, con dos millones 92 mil 221 personas; seguido de Michoacán, con un millón 183 mil 336; Oaxaca, con un millón 262 mil 316; y Puebla, con un millón 261 mil 2017 personas.

Andrés Castañeda Prado, médico y especialista en el análisis de políticas de salud pública, reveló a buzos que la reforma de los morenistas no aclara qué sucederá con el programa especial del IMSS relacionado con el organismo público del mismo nombre: “no está claro porque hay unas reglas de operación 2023 para el IMSS-Bienestar, pero habla del programa; entonces, todavía no está claro”.

Seguirá el desabasto de medicamentos

También coordinador del colectivo Cero Desabasto, de la organización civil Nosotrxs, Castañeda Prado denunció que, con la reforma aprobada en abril, se arriesgaron también las mejoras en la compra y distribución de medicamentos y enseres médicos, cuyo gran desabasto surgió a partir de 2019.

Ese año, con el alegato de que las compañías farmacéuticas privadas incurrían en actos de corrupción en la venta de medicinas y enseres médicos al sector público de salud, ordenó la cancelación de contratos a varias de ellas sin antes definir un nuevo esquema para adquirirlas.

Castañeda informó que, desde 2019, el Gobierno Federal ha hecho cuatro cambios en los esquemas de compra y distribución de medicinas y enseres sanitarios; y ahora con la desordenada extinción del Insabi, que era participante central en ese procedimiento, se generará un nuevo desorden.

Enrique Martínez Moreno, maestro en economía, especialista en el sector y director del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica A.C. (Inefam), lamentó a buzos que, a pesar del regreso de algunos distribuidores de estas mercancías médicas, “nos parece que las compras consolidadas en esta ocasión son de menor alcance respecto a las que veíamos antes de este sexenio”.

“Nuestro cálculo es que apenas estarán cubriendo quizás poco menos del 50 por ciento de las necesidades del sector público; cuando en general, una compra consolidada en aquellas épocas llegaba a cubrir hasta 75 por ciento de las necesidades (…) nos parece que el fenómeno (del desabasto) no termina de resolverse”.

Una de las ideas presidenciales para resolver este desabasto consistió en recurrir al laboratorio gubernamental Birmex, encargado de supervisar las vacunas para el sector sanitario público, y a los efectivos del Ejército para distribuirlas en el territorio nacional, en una más de las múltiples e inusitadas tareas que ha encomendado a las fuerzas armadas.

“Fue sumamente deficiente el tema de resolver con Birmex; los operadores logísticos contratados a través de esta empresa paraestatal y con el Ejército, definitivamente no se logró resolver. En el mapa del desabasto que tenemos en Inefam queda muy claro que la diferencia sigue siendo importante con faltantes de alrededor del 30 por ciento de las necesidades del sector público en su conjunto”, agregó Martínez.

El experto advirtió, además, que surgirán otros problemas derivados de la reforma de abril a la LGS y de la transición del Insabi al IMSS-Bienestar, debido a que el cambio legal más reciente ordenado por el Presidente establece que las adquisiciones debe hacerlas la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Además, abundó el director del Inefam, el Gobierno Federal acumula una deuda de 15 mil 600 millones de pesos (mdp) por la compra de medicamentos y enseres sanitarios con las empresas farmacéuticas. “Nada más para dimensionar: 15 mil 600 mdp es más o menos lo que se gastaría el ISSSTE en un año, entre medicamentos y dispositivos médicos; de ese tamaño es el tema”.

Inseguro, el personal de salud

Entrevistada por buzos, la doctora Cinthya Flores, presidenta saliente (2022-2023) de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación aseguró que el nuevo cambio en el sistema de salud provoca incertidumbre en los trabajadores porque “no saben qué pasará con el personal y si se respetarán los contratos”.

“Muchas contrataciones para médicos en hospitales son eventuales; los contratos a veces son de un mes, seis meses; y se tienen que estar recontratando. Entonces, ahí la cuestión del recurso humano es de inseguridad para los profesionales de la salud”, explicó, para luego agregar que habrá problemas en la formación práctica de profesionales de la salud en hospitales.

Sobre la población que carece de atención sanitaria debido a los traspiés gubernamentales, la doctora Flores indicó: “la población vulnerable es la que siempre está con necesidad, y es la que tendrá más repercusiones.

“La persona que tiene un empleo estable puede ir a una clínica privada si es que no obtiene una buena atención en los servicios de salud públicos; pero las personas que viven en zonas marginadas, las que tienen un nivel socioeconómico bajo, deberán… y suena muy feo pero es así, conformarse con lo que les den”.

La atropellada declaratoria de extinción del Insabi dejó en el aire pendientes de transparencia sobre el uso de los recursos públicos que se administraron durante los tres años y cuatro meses en que el gobierno de AMLO le destinó 409 mil mdp, según una nota informativa del diario El Universal publicada el 27 de abril de 2023.

Sobre este hecho, el análisis Cuatro reformas precipitadas que podrían afectar la competitividad de México, fechado el 27 de abril de 2023 y editado por la agrupación civil Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), revela que, durante 2020, 2021 y 2022, el Insabi ejerció “372 mil 280 mdp destinados a atender a una población-objetivo de 66.2 millones de personas”.

A su vez, en la ya citada nota de El Universal se informa que el Insabi ya no explica varias irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados detectó en los gastos del Insabi por un monto de seis mil 428 mdp y sobre los que se efectuaron observaciones.

Durante los poco más de tres años de operaciones del Insabi, la ASF emitió 64 recomendaciones y 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, sin que hasta el momento el Gobierno Federal haya ordenado las investigaciones penales pertinentes.

A este respecto, el especialista Andrés Castañeda dijo a este semanario: “Tenemos el tema de qué pasará con el Insabi, porque si bien desaparece, deja muchas dudas; nos deja en ascuas en el sentido de que hay contratos que no se han acabado de pagar; hay deudas; hay presupuesto que no se ha terminado de transparentar, y eso no se puede pasar por alto.

“Es una preocupación importante en términos administrativos; el borrón y cuenta nueva aquí no aplica, y no se habla de que esas responsabilidades se vayan a transferir al IMSS-Bienestar; lo preocupante es que en términos de transparencia nos quedamos con mucha incertidumbre porque, al final, el sujeto obligado, el personal responsable, etcétera, cambiará de manos”, insistió Castañeda.

Sobre la reforma sanitaria del 25 de abril de 2023, el exsecretario de Salud y hoy diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski, lamentó que luego de la errónea decisión de desaparecer el Seguro Popular y crear el fracasado Insabi, ahora se busca trasladar sus funciones al IMSS-Bienestar.

“Volverá a fracasar porque las mismas fallas y vicios se están trasladando; será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos (...) dolorosamente fracasará y costará más vidas”, denunció.

La panista Carmen Rocío González Alonso aseveró que la reforma no es más que una “cortina de humo” para impedir que los ciudadanos descubran la verdad en torno a que en estos cuatro años no se han atendido las necesidades sanitarias de la población.