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Recortes de la 4T a la educación arriesgan el futuro
En los años 80, el 91% de los centros escolares que había en México eran públicos; pero en solo 40 años se redujeron al 74%, resultado del modelo económico neoliberal impuesto en el país.
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En los años 80 del siglo pasado, el 91 por ciento de los centros escolares que había en México eran públicos; pero en solo 40 años se redujeron al 74 por ciento y las escuelas públicas casi se triplicaron al 26 por ciento, reveló a buzos el líder estudiantil Adán Márquez Vicente.

Este hecho derivó del modelo económico neoliberal impuesto sobre México que, a su vez, provocó que la educación se convirtiera paulatinamente en mercancía. Por ello, ahora “si quieres una educación de calidad, tienes que pagar más por ella” y quienes carecen de esa posibilidad, deben recurrir a las protestas y las rebeliones momentáneas para exigirla.

“La educación es una variable muy importante, porque en la medida en que se eleve la educación de la población, entonces será posible pensar en otros criterios de desarrollo”, añade Márquez Vicente, quien precisó que la crisis en el sistema educativo nacional fue consecuencia directa del ámbito económico.

 

 

La crisis económica detonó en septiembre de 1982, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), enfrentó la llamada “década perdida de América Latina” periodo crítico generado, según el Banco de México (Banxico), por la caída del precio internacional del petróleo, la apertura del mercado interno hacia el mercado exterior y, entre otros factores, las exigencias de pago puntual de la deuda externa.

En los últimos años, el gasto público destinado a la educación, la ciencia y la tecnología ha sufrido importantes recortes presupuestales, a tal punto que los recursos destinados al sistema educativo en 2023 son, con información del propio Gobierno Federal, los más reducidos en la historia reciente, a pesar de que México es uno de los países de América Latina con menos inversión en este sector.

En 2010, a decir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto educativo fue de 3.9 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 7.1 por ciento que entonces destinaba Costa Rica, y aún más bajo del 12 por ciento promedio que destinaban los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En 2023, el gasto público mexicano destinado a la educación fue de 3.05 por ciento del PIB. En el estudio Panorama de la Educación 2022, proyectado por la OCDE, se revela que México destina 3.6 veces menos presupuesto por alumno en educación primaria (58 mil pesos) que el gasto promedio de los otros países de esta organización, cuyo monto asciende a 215 mil y 3.9 veces menos en nivel secundaria (alrededor de 60 mil pesos), contrario a los 229 mil pesos de las demás naciones.

Inclusive, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó sobre un turbulento futuro laboral para los jóvenes mexicanos si el Gobierno Federal no atiende debidamente esta crisis educativa. Tal problema, sin embargo, ha sido sistemáticamente diagnosticado y denunciado por especialistas y dirigentes sociales, como el líder del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), Aquiles Córdova Morán, quien en un artículo publicado, el 12 de diciembre de 2016, en este semanario, escribió:

 

 

“Hoy es ya un conocimiento del dominio público que el rezago general de las naciones pobres, (agrego yo: capitalistas, pero pobres) comienza y se enraiza en el rezago científico y tecnológico de la mismas; y que, por tanto, la diferencia entre ellas y las naciones ricas se hará cada vez mayor si no se hacen, por parte de las primeras, los esfuerzos suficientes por cerrar, o cuando menos acortar, el abismo científico y tecnológico que hoy las separa y enfrenta, cuando menos en el terreno económico”.

 

Universitarios sin becas

Pero el problema, en lugar de ser atendido, se ha intensificado en los últimos cuatro años debido a que la actual administración federal disminuyó el gasto educativo. En 2023, el mayor número de víctimas del castigo presupuestal se produjo entre los jóvenes becarios que concluían sus carreras y requerían apoyo económico para su manutención, realizar su servicio social, concluir su tesis o estudiar en el extranjero.

Por tal motivo, los alumnos de algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –entre ellas las de Ingeniería, Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Derecho y Estudios Superiores (FES) Aragón– ya se están organizando en asambleas para realizar manifestaciones públicas y pacíficas.

En 2022, el presupuesto para las becas Elisa Acuña –que también se entregan a estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Colegio de México (Colmex), entre otras– fue de dos mil 473 millones de pesos (mdp); pero ese año, el gasto no se ejerció, y en 2023 ni siquiera se le asignaron recursos, según reporta el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Sicop).

El 11 de mayo, en respuesta a las demandas estudiantiles, las autoridades de la UNAM se comprometieron a cubrir con recursos propios y donativos “los apoyos considerados en el programa de Becas Elisa Acuña, no obstante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no fueron asignados recursos a dicho programa”.

Desde 2022, la partida presupuestal 43901 correspondiente a los “Subsidios para Capacitación y Becas”, conocida también como Programa de Apoyos y Becas Elisa Acuña, no cuenta con un peso. Así lo evidenció la Plataforma Nacional de Transparencia mediante la solicitud de acceso a la información con número de folio 330011723000063, en la que se solicitó a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar los montos ejercidos, aprobados y modificados para 2020, 2021, 2022 y 2023.

El monto asignado para 2020 fue de dos mil 431 millones 551 mil 93 pesos, sin embargo, la cantidad se modificó y solo se ejercieron dos mil 282 millones 38 mil 92 pesos, es decir, 149 millones 513 mil pesos menos.

 

 

La situación fue similar en 2021, ya que originalmente se destinaron dos mil 378 millones 322 mil 464 pesos, pero únicamente se ejercieron dos mil 238 millones 691 mil 498 pesos, casi 140 millones de pesos menos.

El martes 11 de abril, estudiantes de la máxima casa de estudios habían bloqueado la avenida Insurgentes y amenazaban con realizar un paro en protesta por la eliminación de estas becas de manutención. El 12 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP) envió un comunicado para informar que las becas Elisa Acuña tendrían un presupuesto de mil 927 mdp, es decir 87 por ciento menos con respecto a 2018, el último año del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Posteriormente, la Rectoría de la UNAM emitió otro comunicado en el que reiteró que el Gobierno Federal no asignó recursos para las becas de manutención para el periodo 2023-24; y la de la (UAM) informó que desde 2021 “concluyó el convenio para la beca de Manutención con la actual Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez (CNNBBJ)” y se hizo cargo del pago de esas becas, cuyo objetivo radica en brindar apoyo a sus estudiantes para que inicien, continúen y concluyan sus carreras universitarias.

 

La desaparición del Conacyt

Los integrantes de las comunidades científicas y de innovación tecnológica, a través de un comunicado emitido el pasado 30 de abril por ProcienciaMX, se pronunciaron en contra de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), promovida por el actual titular del Poder Ejecutivo, al considerar que su contenido es “centralista, autoritario, antidemocrático y discriminatorio”.

En ese texto denunciaron que la nueva legislación fue aprobada el pasado 26 de abril sin previa revisión, discusión y aprobación en las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación de la Cámara de Diputados; sin que se realizaran los siete foros temáticos aprobados para ser discutida por científicos y tecnólogos (solo se organizaron tres); un día después, la iniciativa presidencial fue aprobada en el pleno sin considerar las sugerencias presentadas.

Muchos estudiantes de escuelas y facultades de la UNAM, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y académicos se unieron al paro de 24 horas del dos de mayo, que convocaron universidades públicas y privadas contra la aprobación de la nueva legislación, la cual había sido ingresada el 14 de diciembre de 2022.

 

 

Los integrantes del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) también se sumaron al paro. “Soy investigadora del Cinvestav y estoy en paro en protesta por la aprobación de la Ley General de Ciencia”, tuiteó Alma Maldonado.

Una usuaria de esta misma red social, de apellido Victoria, posteó lo siguiente: “La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que muy probablemente aprobará el Senado, pone en jaque a las instituciones privadas como la Ibero. El Estado no le otorgará becas a sus estudiantes mientras éstos paguen colegiatura”.

La nueva ley de ciencia transformó al Conacyt en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (Conahcti) mediante la inclusión de varios titulares de secretarías de la Presidencia de la República en sus juntas de gobierno y el establecimiento de nuevos criterios en la asignación de recursos financieros del sector.

La Universidad Iberoamericana (UIA), escuela privada de alto prestigio, cuyas colegiaturas oscilan entre 29 mil y 32 mil pesos mensuales, según datos de la página oficial de su campus en la Ciudad de México (CDMX), ha resentido también los recortes presupuestales en la educación pública debido a la eliminación de becas de muchos de sus estudiantes que provienen de familias de clase media y alta.

El grito en la UIA se inició a mediados de abril, cuando varios talleres artísticos empezaron a cerrar por falta de presupuesto y la comunidad estudiantil protestó contra esta medida, sobre todo porque, días antes, el personal administrativo había realizado una fiesta lujosa donde se consumieron canapés y se presentó una orquesta sinfónica; poco después, el 25 de abril, realizaron una protesta frente a la rectoría para expresarle su molestia al doctor Luis Arriaga.

Ese mismo día, el sindicato de trabajadores emitió un comunicado en el que se anunciaba la instalación de una mesa de diálogo para el dos de mayo en la que se discutirían las inconformidades del estudiantado respecto a las medidas adoptadas por la rectoría, entre ellas:

El recorte presupuestal de las becas (ya no se dan al 100 por ciento); las alzas en los precios de la colegiatura, Iberobus, el estacionamiento y la comida; la desaparición de las carreras técnicas; la falta de transparencia con la supervisión de los recursos escolares; los bajos salarios de los profesores; la desaparición del programa de becas “Si Quieres Puedes” –que apoyaba a los estudiantes de excelencia académica con becas de 100 por ciento–, contratación del personal de limpieza por outsourcing y despidos injustificados, entre otros asuntos.

La vocera de los estudiantes de postgrado de la UIA, Priscila Barrera, advirtió, en la mesa de diálogo celebrada el pasado martes: “Hoy, quienes hacemos investigación en la Ibero no nos sentimos respaldades, los programas de postgrado adscritos al Sistema Nacional de Postgrados podíamos optar por becas Conacyt, las cuales han sufrido un recorte público.

“La reducción en las becas nos obliga a los estudiantes de postgrado a trabajar en condiciones de ilegalidad para poder subsistir… Conocemos los retos nacionales y las medidas públicas que se han tomado con respecto a la investigación; no obstante, exigimos que la universidad no delegue el destino de la investigación en la Ibero, sino tomar en sus manos la construcción de alianzas económico-solidarias y de cooperación para mantener este pilar universitario”.

 

 

Esta actitud reveló que un segmento de la clase media resultó empático con las clases bajas, ya no solo en el discurso, sino en la realidad, frente al neoliberalismo donde la ha colocado, ya que es mucho más fácil que las clases medias bajen a que las bajas asciendan en la escala social debido a los problemas que generan la inflación, el desempleo.

Esta situación ha sido bien asimilada por los estudiantes de la Ibero, que últimamente han sufrido los estragos de un modelo económico que mantiene oprimidos a la mayor parte de los sectores sociales del país. Tal hecho coyuntural debería ser aprovechado por el estudiantado para emprender una lucha social que beneficie a la población en general.

El momento es propicio para que los estudiantes actúen como “máquina de cambio” y rechacen un modelo económico que está destinado al fracaso, y lo hagan tal como lo hizo Priscila Barrera cuando dijo: “No a la neoliberalización de la universidad; no a la precarización del trabajo y de la vida; no a priorizar lo económico sobre el bien común”.

“En general, el sistema está endeble y el Estado, no el gobierno, el Estado como tal se está alejando de su tarea fundamental… entonces nosotros creemos que es un problema del sistema económico y político y que se está reflejando en la educación”, coincide Adán Márquez, líder de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez.


Escrito por Fernando Landeros .

Periodista


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