La violencia física contra niños y adolescentes por bullying, asesinatos y feminicidios se ha incrementado en el estado de Veracruz; pero las autoridades estatales no atienden con la puntualidad debida ni la celeridad adecuada este grave problema social.

El 15 de enero de 2023, dos niños de apenas 10 y 11 años protagonizaron uno de los incidentes más sintomáticos de este tipo cuando el primero de ellos perdió una apuesta de videojuego, corrió a su casa, tomó una pistola y regresó a la tienda de “las maquinitas” para matar de un balazo en la cabeza a su amigo; el suceso ocurrió en la comunidad El Tejocote, del municipio de La Perla, enclavado en la Sierra de Zongolica.

El menor, de nombre Samuel, fue trasladado por policías y elementos de Protección Civil al Hospital Regional de Río Blanco, donde poco después murió debido a la gravedad de la lesión. Hasta la fecha, los padres de Samuel siguen esperando justicia porque el agresor, Eduardo N., no fue siquiera requerido y su familia huyó del pueblo.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se ha limitado a informar que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para averiguar el destino de la familia; y anunció que fortalecerá la campaña para que la población canjee sus armas de fuego o de cualquier tipo.

“Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia y la detona contra otro menor por una discusión entre ellos; tiene que actuarse apegado a derecho para ver las responsabilidades por el arma, porque sin duda que hay responsabilidades”, reconoció el gobernador.

La Fiscal del estado, Verónica Hernández Giadans, explicó que se valoraba la posible responsabilidad de los padres del agresor por omisión: “estamos desarrollando la investigación y a quién generará la responsabilidad por ley; actuaremos en consecuencia”.

Los padres de la víctima, en tanto, han difundido fotografías de los padres del menor mediante las redes sociales para que los ciudadanos ayuden a su detención:

“Si alguien lo ve, por favor den aviso inmediato a las autoridades o si es posible deténgalo y átenlo de pies y manos; debe pagar con la justicia por el crimen que su hijo cometió. Ayúdenos a encontrarlo”, advierte el texto que acompaña las imágenes.

Una semana después del lamentable incidente, el síndico del ayuntamiento de La Perla, Fortino Alamillo Vega, informó que se habían decomisado 50 “maquinitas” y que se haría una campaña de desarme con otras autoridades.

“Por accidente tuvimos la pérdida de un niño, pero no fue por un problema de delincuencia, fue accidental con otro niño, pero de delincuencia no es mucho”, intentó justificar el funcionario municipal.

Sin embargo, el 20 de enero, en Córdoba, ciudad ubicada también en la región centro de la entidad, una adolescente de 14 años hirió a su prima en la espalda con un cuchillo de cocina. La menor fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, luego de que los vecinos llamaran al número de emergencias 911.

El caso fue turnado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Procuraduría de la Defensa del Menor.

El pasado 20 de abril, una menor de 13 años fue asesinada con un arma blanca a solo unos metros del Palacio Municipal de Tecolutla, en la costa veracruzana. Un día después, la FGE reportó que un menor de solo 14 años había sido entregado por su padre a la policía ministerial por la muerte de Estefany Naomi.

La adolescente era vecina y compañera de secundaria de Víctor N., quien la asesinó porque no aceptó ser su novia. Estefany pensaba estudiar enfermería. El agresor fue ingresado a un centro especializado para adolescentes, donde solo podría permanecer cuatro meses.

Ejecuciones y desapariciones

En diciembre de 2022, Yesenia Lilian, de solo 13 años, fue asesinada en Coatzacoalcos cuando salía de su casa e iba a comprar “papitas”.

El 22 de enero fueron asesinadas seis personas en la entidad, entre ellas dos menores de edad, hijos del excandidato a la presidencia municipal de Coxquihui, Fernando Pérez Vega. Fueron ejecutadas por un grupo armado en la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de Las Bajadas, en el puerto de Veracruz.

E1 siete de enero, un estudiante del Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (Cobaev) número 62, ubicado en el Puerto, fue asesinado a puñaladas para robarle el celular, cuando se dirigía de su escuela hacia su casa. Su asesinato generó movilizaciones en varias ciudades del estado.

El cinco de marzo, en Tezonapa, municipio de la región centro, fue asesinado el secretario de Asuntos Legislativos del Congreso Local, Alexis Sánchez García, con su hijo de solo siete años. Ese mismo mes, el 31, fueron victimados tres adultos y herido un niño en Tecolutla.

El pasado 11 de abril, en Tihuatlán, municipio en el norte, fueron ejecutados cuatro integrantes de una familia y entre las víctimas hubo una niña y un niño.

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) informó que, entre 2017 y 2022, se incrementó el número de desapariciones de niñas y adolescentes en Veracruz; y llegó a mil 315 casos.

En los tres primeros días de mayo de 2023, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió fichas de localización de un niño de siete años del municipio de Coatepec; una de 16 en Xalapa; otra menor de seis de Nogales; dos de la misma edad en el Puerto; un bebe de dos años, una niña de cuatro en Poza Rica y una adolescente de 14 años en Pueblo Viejo: ocho menores en tres días.

Mientras se escribía este reportaje, la activista Wendy López Hernández representó el performance Las sin nombre frente al Palacio de Gobierno, en Xalapa, para recordar a las 19 niñas asesinadas con saña en varios lugares del país entre el año 2000 y 2023 y cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior de maletas, cajas, bolsas de basura y otros espacios.

Wendy apuntó que en Veracruz no hay un registro de las víctimas con un destino similar. “Veracruz es tercer lugar nacional en feminicidios con las dos alertas de género; y nos matan 11 mujeres al día aquí en México”, denunció López Hernández.

Pederastia y bullying

Con respecto a la violencia sexual en Veracruz, los partes policiales evidencian que el problema es también grave. Por ejemplo, el pasado 19 de abril, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas logró un fallo condenatorio contra Patricio N., como responsable de los delitos de pederastia agravada y abuso sexual de menores de edad en agravio de sus dos hijos. Las violaciones se dieron entre los años 2016 y 2019 en la localidad de Tenexco, municipio de Chalma.

Unos días antes, el día 13, condenaron a 53 años de prisión a Jesús N., como responsable de los delitos de pederastia agravada y abuso sexual cometidos contra una niña de ocho años, cuya identidad fue resguardada; y el día 14, Giovanny N. fue condenado a 16 años de cárcel por los mismos delitos en agravio de dos menores de edad de 12 y 14 años, en Xalapa. Tres casos en solo una semana.

María Angélica Huesca Palomina, coordinadora para la Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales de la Subsecretaría de Desarrollo Educativo de Veracruz, reconoció que los casos de acoso escolar en la entidad han aumentado en las escuelas de todos los niveles; y que el mayor incremento se produjo durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

El 28 de marzo, en Córdoba, un niño de 13 años, estudiante de sexto año de primaria, se arrojó del segundo piso después de que supuestamente sus compañeros lo denunciaran por sustraer 50 pesos de la bolsa de su maestra. Días después se difundió en un hospital que fueron la presión y el acoso de sus compañeros las que lo llevaron a buscar esa salida.

El senador veracruzano Julen Rementería del Puerto presentó una iniciativa de adición al Artículo 208° bis del Código Penal Federal, relativa a los actos de provocación del delito y llamado así en memoria de Norma Lizbeth Ramos, niña de 14 años, asesinada por bullying a manos de una compañera en Teotihuacán, Estado de México.

“Esta iniciativa busca combatir la violencia digital y castigar a aquella persona que provoque e incite públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste. Ya basta de normalizar el clima violento en el que vivimos, el que vive día con día el país en todos los sectores de la sociedad, el cual se ha agudizado en los últimos años y es responsabilidad del Estado mexicano solucionarlo de manera urgente”, sentenció.

El legislador apuntó también que, además de crear y promover las medidas preventivas para inhibir este tipo de conductas, resulta fundamental establecer sanciones penales para impedir la exaltación de hechos que contraríen las leyes y el orden social vigente.

Por su parte, el diputado local Juan Enrique Santos Mendoza propuso una mayor coordinación entre los gobiernos estatal y municipales y la sociedad civil organizada para reorientar y rearticular los esfuerzos en materia de prevención del delito; así como involucrar al sector educativo en la promoción de los valores sociales y el respeto entre las personas.

Santos Mendoza sugirió aprovechar el uso de las plataformas digitales para disminuir, erradicar y prevenir la violencia mediante la difusión de las consecuencias negativas que generan los actos delictivos e insistir en la necesidad de crear entornos libres de violencia.

“Esto tiene el propósito de prevenir la violencia social y la delincuencia; que incluya el ámbito de la seguridad pública para aumentar la confianza entre autoridades de seguridad bajo un modelo de proximidad policial, con la participación de las y los ciudadanos que habitan en las colonias más expuestas a la delincuencia, a través de dinámicas y mecanismos de cooperación que impulsen soluciones estratégicas e integrales, con respecto a la seguridad en la comunidad, la prevención de actos delictivos y las diversas necesidades de infraestructura y servicios para la apropiación del espacio público”, destacó.

El legislador propuso también la creación de programas y campañas para generar espacios de diálogo y coordinación entre instancias de seguridad pública y juntas vecinales, así como la aplicación de acciones conjuntas para mejorar la seguridad en los espacios públicos.

Julissa del Rosario Ibáñez Ruelas, psiquiatra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhortó a padres de familia y profesores a atender este tipo de situaciones, ya que tanto las víctimas como los abusadores requieren atención psicológica.

“El acoso escolar es una forma de violencia en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y, generalmente, están en una posición de desventaja o inferioridad”, explicó.

Agregó que la intervención de los padres o madres de familia y tutores es muy importante; porque estas situaciones no deben pasarse por alto; al igual que la atención psicológica, que debe ser oportuna e individualizada, previa verificación sobre el origen del acoso, porque puede ser que éste sea fomentado.

“No se debe ignorar la relevancia de atender al acosador, ya que el origen de su violencia puede ser causado por problemas sociales o familiares que provocan que el niño desarrolle una actitud agresiva y que en la adolescencia sea aún más violento. En muchas ocasiones, los acosadores son personas que también han sido acosadas”, precisó Ibáñez Ruelas.

Nulas acciones

Pese al alto número y nivel de crueldad de los casos que se producen en la entidad, los gobiernos municipales y el estatal no han desarrollado políticas públicas para evitar o, al menos, reducir la violencia contra los menores.

De las 157 iniciativas de leyes, reformas y exhortos que se han presentado en el Congreso de Veracruz en años recientes, únicamente cinco estuvieron enfocadas en el problema que afecta a los menores, y fueron dirigidas a prevenir los riesgos físicos que propicia la pirotecnia y las prácticas de bullying.

El DIF estatal, a cargo de Rebeca Quintanar Barceló, no ha hecho una sola declaración sobre los actos de violencia cometidos contra los menores, además de que carece de información; y con respecto a la violencia sexual contra menores; declaró que una vez al año se brindan capacitación a los DIF municipales y pláticas de prevención sobre abuso sexual infantil al personal docente de las escuelas del estado que lo solicitan.