Entrevista a Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México

México se enfrenta a una profunda crisis en materia de derechos humanos, una ola de violencia nunca antes vista, una impunidad que aumenta día a día y un gobierno más enfocado en realizar persecuciones y señalamientos, no solo contra “opositores”, sino en contra de la sociedad civil, lo que es una amenaza al espacio cívico donde antes cabía el diálogo con las organizaciones, alertó Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, en entrevista con César García para Canal 6TV. Recientemente fue presentado el informe 2021/22 donde Amnistía Internacional dio a conocer la situación de los derechos humanos alrededor del mundo en 2021, entre ellos el capítulo México.

¿La impunidad prevalece en pleno 2022, porque hay diversas personas desaparecidas, diversas actas levantadas, pero no hay claridad en este tema?

Desafortunadamente, este informe corrobora la crisis de derechos humanos que vivimos en México y que se expresan en estas cifras de gravísimas violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas durante 2021. Las propias cifras oficiales señalan que hay más de 97 mil personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964, una gran cantidad de asesinatos de mujeres, de detenciones arbitrarias, de actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos y, desafortunadamente, el signo es la impunidad. En México, 98 de cada 100 delitos quedan impunes.

El otro elemento importante que también destacamos es el proceso de reducción del espacio cívico que estamos observando en México y que tiene dos vertientes, por un lado ataques constantes a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa, a los medios de comunicación, a las personas defensoras de derechos humanos, ataques digamos desde la narrativa. Y por el otro lado también acciones de carácter legislativo que van cerrando el espacio cívico, que es el espacio de participación de la sociedad civil.

En ese contexto llama mucho la atención que en México haya más de 52 mil cuerpos no identificados y más de siete mil desapariciones en 2021, pese a la pandemia.

La pandemia no fue un momento en el que se detuvieran las violaciones a los derechos humanos en México. La problemática de desaparición continúa en el país, las cifras aparecen en el informe: más de siete mil personas desaparecidas durante 2021, más de dos mil cuerpos encontrados, la mayoría de ellos en fosas comunes, de acuerdo con cifras del propio gobierno mexicano.

Son las organizaciones civiles quienes por cuenta propia han buscado a sus familiares y han encontrado las fosas comunes en varios estados de la República Mexicana.

Desafortunadamente, las personas tienen que impulsar los procesos de búsqueda, impulsar los procesos de investigación. Las familias de las personas desaparecidas son quienes ubican a las personas desaparecidas, quienes incluso conducen a las autoridades hacia las fosas y en algunas ocasiones les enseñan a los agentes de Estado cosas tan elementales como distinguir un cuerpo de un hombre y de una mujer o la edad que podía tener una persona porque los familiares de estas personas desaparecidas se han vuelto expertos. Esto ocurre también con los familiares de víctimas de feminicidio, ellos mismos hacen las diligencias, entrevistas y búsqueda de evidencias. Recordar por ejemplo que, hasta diciembre de 2021, solamente se habían dictado 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada en México, un país con siete mil 698 personas desaparecidas en 2021 y más de 52 mil cadáveres no identificados da clara cuenta de la impunidad.

Recientemente hubo una matanza en Michoacán, en dos puntos distintos, uno de ellos en la localidad de Zinapécuaro, donde murieron 20 personas y el Presidente de la República, antes de tener los elementos completos, hace juicios a priori, señalando que se había tratado de un conflicto entre grupos rivales. Esta evaluación habla muy mal de la autoridad, ¿prejuzgar antes de investigar?

Sí, y es un error de las autoridades realizar este tipo de declaraciones cuando no se ha abierto una investigación y no existen pruebas que nos permitan conocer con claridad en qué contexto se están dando matanzas como ésta. Como señalas, abona a la impunidad, no abona a un proceso de investigación independiente e imparcial, como el que debería desarrollar una fiscalía fortalecida. Además, abona a que las personas saquemos conclusiones por nuestra propia cuenta, en un contexto en el que no se confía en la autoridad.

La agresión hacia las mujeres es un tema pendiente de resolver para las autoridades y la sociedad. Un tema preocupante que ha tenido una escalada en nuestro país.

En efecto, por lo menos en la última década hemos tenido un incremento sostenido de asesinatos de mujeres. En 2021, las propias autoridades reconocieron que se están investigando tres mil 427 homicidios de mujeres, de los cuales solamente 887 están siendo investigados como feminicidios.

Amnistía Internacional publicó, el año pasado, un informe titulado Juicio a la justicia, en el que se documentan las deficiencias en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México y que sabemos que se presentan en todo el país. En México, el personal de las fiscalías pierde evidencia, no aplica correctamente la perspectiva de género y no investiga suficientemente los casos, esto deriva en más impunidad; pero además, implica que son las propias familias las que están realizando las acciones de búsqueda e investigación de sus propios familiares y son a su vez víctimas de violencia institucional.

En México, buscar justicia es muy costoso económica y emocionalmente, y además es peligroso. Las familias de víctimas de feminicidio, como las de víctimas de desaparición, reciben ataques y amenazas de los presuntos feminicidas, pero también de las autoridades.

El informe plantea un desgaste y una desatención hacia aquellas personas pertenecientes a los organismos de los derechos humanos y también en el tema de migración, situación que se ha agudizado, sobre todo por el incremento de migrantes que transitan hacia Estados Unidos y pasan por nuestro país. Se ha incrementado un plan de contención en el que la fuerza policiaca está presente.

Muy grave la situación con los migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo que continuaron en 2021 sometidas a un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y devoluciones ilegales también de autoridades, pero además a secuestros y homicidios por parte de actores no estatales.

Desde Amnistía Internacional seguimos considerando que es un riesgo que la gestión de la migración esté en manos de la Guardia Nacional, es un riesgo para la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

Recordar también que, en 2021, la Comisión de Atención y Ayuda a Refugiados recibió 131 mil 448 solicitudes de asilo, es la cifra más alta en la historia de México.

En 2019 platiqué con su antecesora, Tania Renaum, que está ahora en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la situación con el gobierno en turno por las descalificaciones del Gobierno Federal, específicamente del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué ha pasado con la relación con el Gobierno Federal?

Seguimos viendo una reducción del espacio cívico en México, durante esta administración los ataques son constantes, una semana sí y otra también hay ataques hacia la sociedad civil, hacia los defensores de derechos humanos o hacia los grupos que se oponen a algunas decisiones del gobierno, lo que no quiere decir que sean parte de fuerzas conservadoras, como ha sido la narrativa.

De 2019 para acá la situación incluso ha empeorado y se está generando un clima de hostilidad hacia las organizaciones de la sociedad civil, en un país donde el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Es una actividad donde te asesinan o te desaparecen. En el primer trimestre de este año, ocho periodistas fueron asesinados.

Se suma esto a una narrativa presidencial de atacar a las organizaciones, pero además se suma con iniciativas que pretenden reducir nuestras fuentes de financiamiento.

¿Hay algún punto donde se muestre un avance, donde los datos sean positivos?

Destacamos cuatro elementos positivos durante 2021: el primero es la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para atender e investigar las desapariciones de personas durante el periodo de la ‘guerra sucia’; debo decir que incluso en Amnistía Internacional, hace un par de semanas, tuvimos oportunidad de hacer entrega de una serie de archivos que tenemos, justamente de personas desaparecidas durante el periodo de la ‘guerra sucia’. El hecho de que haya existido Amnistía Internacional en México desde los años 70 es lo que nos ha permitido proveer al Estado de esta información.

Los otros dos elementos importantes a destacar tienen que ver con el reconocimiento del aborto a las mujeres y personas gestantes, tuvimos importantes avances el año pasado; por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia en donde señala que es inconstitucional que el aborto sea ilegal en algunas entidades federativas y por otro lado emitió otro pronunciamiento en el que señala que no puede haber objeción de conciencia por parte de personal médico, lo cual estaba contemplado en la Ley Federal de Salud.

A la par de eso, varias entidades federativas ya han aprobado, legalizado y reconocido el derecho al aborto. Y el otro elemento tiene que ver con el matrimonio igualitario en México; siete estados más durante el año pasado reconocieron el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y entonces cerramos 2021, ya con 26 entidades federativas que reconocen el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Esto a pesar de que México sigue siendo un país con un alto riesgo para la comunidad LGBTQ+, que ha sufrido también bastantes ataques.