El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
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Para muestra un botón: durante la pandemia de Covid-19, los mexicanos fueron abandonados a su suerte; entre el sinfín de evidencias de la desinformación y la irresponsabilidad criminal en que incurrieron los charlatanes del sistema de salud gubernamental, destacan las 800 mil personas fallecidas a causa de ese virus, ¡una verdadera tragedia nacional! Pero no sólo eso, en ese mismo periodo, el Gobierno Federal suspendió el programa del Seguro Popular (SP); su calidad no era óptima y tenía muchas anomalías, pero brindaba alivio a pacientes humildes que no podían acceder a tratamientos para enfermedades degenerativas, cirugías menores, hospitalización y medicinas gratuitas. El SP fue sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que, como nunca funcionó, terminaron por desaparecerlo. Ni los funcionarios públicos de alto nivel ni sus familias utilizaron estos servicios; ellos se atienden en los mejores hospitales privados del país y el extranjero.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) difundió recientemente información contradictoria: por un lado reporta que la pobreza se redujo en cinco millones de personas; por el otro informa que más de 50 millones se quedaron sin acceso a los servicios de salud. Este tipo de mentiras se produce porque la realidad no se puede ocultar; el pasado 11 de octubre, en su conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República firmó un convenio con los 23 gobernadores morenistas para garantizar los servicios de salud; sin duda ésta fue otra maniobra electorera para hacer creer que se alcanzará la gratuidad en el sistema de salud. Pero nada bueno puede esperarse porque, en palabras de los analistas, sólo se centralizan los recursos financieros del Estado para usarlos en la campaña electoral, propiciar mayor desatención en el sector salud y provocar más muertes entre las clases populares.
Pero los morenistas son incapaces de reconocer su ineptitud, sus errores y los proclaman como un gran éxito, gritando a los cuatro vientos que nunca como antes se habían visto tantos logros en el país, pese a que éste se desmorona. ¿Y qué decir de Hugo López Gatell? Hoy es precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en lugar de hallarse en la cárcel por el enorme daño que hizo a los mexicanos; hoy se pavonea impunemente en abierta campaña electoral. Hoy, los candidatos a puestos de representación popular son verdaderos rufianes que confían en que los ciudadanos son ignorantes y de memoria corta; no se dan cuenta que lo único que están provocando es que el abstencionismo impere y que el día menos pensado los mexicanos entiendan que sus representantes populares deben salir de sus propias filas.
El auditor federal estará al frente del órgano durante ocho años, del 2026 al 2030.
Analistas han advertido que, sin una transformación profunda de las fiscalías y las unidades de inteligencia financiera, la reforma electoral de Sheinbaum continuará siendo inútil.
El empresario Fernando Paniagua Garduño aportó 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines de Adán Augusto López en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en 2023.
Mientras la “Cuarta Transformación” asegura que trabaja en favor de las mujeres indígenas, en los hechos, éstas carecen de empleo, acceso a la salud y a la educación.
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El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
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Desde hace 17 años, el legislador ha contado con tres escoltas, según el anuncio.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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Escrito por Capitán Nemo
COLUMNISTA