El 10 de junio de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, con bombos y platillos, que ya era propiedad de la nación Altán Redes, una empresa privada que se dedica a la conexión de Internet y la telefonía que el gobierno rescató de la quiebra en 2021, con créditos por 161 millones de dólares (mdd) y que ésta deberá “devolver” con intereses en un plazo de 33 años.

El 21 de junio de 2022, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) y varias organizaciones civiles, así como empresas especializadas en este ramo, aclararon que Altán Redes no fue comprada o “nacionalizada” sino únicamente rescatada con préstamos del Gobierno Federal y otras compañías de la iniciativa privada.

Altán Redes se declaró en quiebra en 2021, después del fracaso del plan de negocios que había iniciado en 2017 y, ahogada en deudas, el 13 de julio de 2021 solicitó la integración de un concurso mercantil para buscar un acuerdo judicial que le permitiera pagar a sus deudores. Este procedimiento, que culminó el pasado tres de noviembre, quedó a cargo del conciliador Gerardo Sierra Arrazaola.

El acuerdo judicial estableció los tiempos en que Altán Redes deberá cubrir adeudos a 119 acreedores (la mayoría proveedores) por poco más de mil 500 mdd, equivalentes a más de 30 mil millones de pesos (mdp), el préstamo por 161 mdd del Gobierno Federal y el pago de 50.5 mdd por concepto de intereses.

Además, al parecer, también está obligada a seguir invirtiendo en el desarrollo de la “red compartida” de telecomunicaciones del país, específicamente en las áreas rurales que no tienen los servicios de Internet ni telefonía.

Para el rescate de la quiebra a Altán se creó un “fideicomiso de garantía”, en el que se depositó el 100 por ciento de las acciones de la empresa en calidad de prenda para asegurar el pago de los créditos otorgados por las otras entidades privadas y la Banca Mexicana de Desarrollo (BMD).

De acuerdo a la información del IFT, el Gobierno Federal aportó 161 mdd; y con eso asumió temporalmente el 61 por ciento de las acciones depositadas en el fideicomiso prendario; estos recursos fueron aportados por Nacional Financiera (Nafin); el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C; (Banobras) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Los inversionistas privados aportaron el restante 39 por ciento de las acciones colocadas en el fideicomiso de rescate con préstamos por 50.5 mdd.

El acuerdo establece que, conforme Altán Redes vaya pagando los créditos a las instituciones financieras del Gobierno Federal, el 61 por ciento de las acciones depositadas en el fideicomiso se reducirán paulatinamente hasta ser recuperadas por los inversionistas privados.

En su informe 060/2022, del 21 de junio de 2022, el IFT indica: “De acuerdo con lo notificado, la Banca Mexicana de Desarrollo tendrá derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán y el porcentaje de derechos fideicomisarios de la Banca Mexicana de Desarrollo se irá disminuyendo y revirtiendo en favor de los accionistas de Altán conforme el crédito se vaya pagando”.

En otras palabras: el Gobierno Federal no compró la empresa de telecomunicaciones, como lo ha reiterado en varias ocasiones el Presidente de la República, para afirmar su compromiso de llevar la red de Internet a las regiones marginadas del país, proyecto incierto para el corto plazo, porque no existe la infraestructura necesaria de acuerdo a los expertos.

El 24 de octubre de 2022, Enrique Yamuni, director ejecutivo de la empresa Megacable, una de las socias de Altán Redes, declaró que la operación gubernamental de rescate financiero a esta compañía, de ninguna manera la convierte en una empresa del Estado. 

“El gobierno no es el dueño de Altán; ahora tiene ciertas cláusulas de gobernanza porque prestó dinero. Pienso que el rescate es exitoso y pensamos que así será; ese dinero se le va a regresar al gobierno, se le va a pagar intereses y habrá otros socios”, Yamuni hizo esta aclaración a la revista de negocios Expansión.

Esta precisión desmintió lo declarado por el Presidente el 10 de junio de 2022, cuando informó que el día anterior (9 de junio) su gobierno se había convertido en dueño y socio mayoritario de Altán, después de firmar un acuerdo para rescatarla financieramente de la quiebra.

“Tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa, que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación”, aseguró AMLO. “El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa, así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener la mayoría de la empresa Altán”.

Enrique Yamuni, director ejecutivo de Megacable, socia de Altán Redes

El proyecto no es de la 4T

El proyecto original de Altán se denomina Red Compartida y no fue desarrollado por el actual Gobierno Federal, sino por el del expresidente Enrique Peña Nieto, quien lo presentó el 21 de marzo de 2018 y lo puso a cargo de Altán Redes, la cual aportaría la inversión financiera y el gobierno el “espectro radioeléctrico”, es decir, la infraestructura de telecomunicaciones y la autorización para usar el espacio nacional y transmitir las señales.

Fue así como se creó la Asociación Pública-Privada (APP) porque el gobierno necesitaba de inversiones privadas para invertir en la ampliación de la red de telecomunicaciones electrónicas y conectar a las regiones que carecen de Internet y telefonía. 

El objetivo de la Red Compartida consiste en llevar al 92.5 por ciento de la población nacional las señales de telefonía celular, Internet y video (empresas cableras) a las áreas rurales más alejadas de los centros urbanos del país, donde las empresas comerciales no acceden porque no obtendrían negocios.

Para las firmas comerciales como Telcel y AT&T, por ejemplo, la ampliación de su cobertura a estas regiones no les representaría ninguna ganancia, y aun les sería difícil recuperar sus inversiones debido a la reducida capacidad de pago de la población marginada.

Altán Redes invertiría en el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicaciones, aparecería en el mercado como “mayorista” y ofrecería contratos de interconexión a firmas comerciales “minoristas” que venden telefonía, Internet y videos a consumidores filiales.

Se supuso que estas firmas pagarían por usar la Red Compartida y llevar estos servicios a las zonas marginadas, pero el plan falló; las empresas grandes no vieron negocio, rechazaron la oferta y Altán quebró en 2021.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 11 de junio de 2013 se publicó un paquete de reformas a los Artículos 6°, 7°, 27°, 28°, 73°, 78°, 94° y 105° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que fundó al IFT como autoridad para vigilar el adecuado desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones con apego a las leyes.

Con base en esa misma reforma constitucional, el 24 de enero de 2017, Altán RedesAPP obtuvo una concesión por 20 años como empresa mayorista en el sector telecomunicaciones, que la autorizó para vender a terceras empresas el uso de la Red Compartida Mayorista de Servicios de Telecomunicaciones.

En esa misma concesión, se fijó como meta a Altán alcanzar una cobertura del 92.5 por ciento de la población a más tardar en 2024; pero la empresa quebró en 2021; y en el marco de las acciones para rescatar Altán en 2022, el IFT aceptó cambiar los tiempos para que cumpla con ese objetivo.

De esta forma, el plan de la Red Compartida no se cumplirá al 100 por ciento en el último año del sexenio de AMLO (2024) sino hasta 2028. En el informe 060/2022, del 21 de junio de 2022, el IFT define las nuevas fechas oficiales para cumplir el plan: el 70 por ciento para el 30 de noviembre de 2022; el 85 por ciento para el 24 de enero de 2027 y el 92.2 por ciento para el 24 de enero de 2028. Con este cambio, Altán también se liberó de pagar multas por el incumplimiento de la concesión original.

Más conexiones… pero electorales

Según datos oficiales, Altán Redes actualmente tendría una cobertura de aproximadamente 70 por ciento, que sumada a la infraestructura nacional que existía antes de su creación en 2017, conecta a 80 millones de personas.

La Red Compartida está disponible gratuitamente en siete mil espacios públicos, oficinas gubernamentales, mercados, hospitales, escuelas y plazas de zonas rurales, particularmente en los 87 “pueblos mágicos” (de alta atracción turística). Por su condición de mayorista, Altán no puede dar servicio de conexión a personas en lo individual, es decir, en casas particulares.

Pero el 28 de agosto de 2022, AMLO informó que el Ejército colocará antenas de telecomunicaciones en zonas militares, en cuarteles de la Guardia Nacional y el Banco del Bienestar; y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE-Telecom, terminará de conectar su red de fibra óptica –aunque sigue en desarrollo y con traspiés– para servir a pobladores de zonas marginadas y cumplir con el plan de “Telecomunicaciones e Internet para Todos” del actual gobierno.

Con la misma intención propagandística de campaña político-electoral, los integrantes del gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantean la próxima activación de una “telefonía del bienestar” en las zonas marginadas; de esta manera, las señales de  Internet y telefonía celular llegarán mediante las torres que pondrá el Ejército y la fibra óptica de CFE.

Anticipan que muy pronto se distribuirán chips del Bienestar a los habitantes de zonas marginadas para que dispongan de servicio telefónico e Internet “5G” gratuito, la tecnología más avanzada y costosa del mercado actual.

En noviembre de 2022, la revista Expansión informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, detectó desorganización en el proyecto de ampliación de la red de fibra óptica, hecho que origina afectaciones económicas, hace posible su suspensión y que no culminará en este sexenio.

Michel Hernández Tafoya, director de Observatel.

La información cita a Michel Hernández Tafoya, director de la organización especializada Observatel, quien estima que los retrasos en el proyecto de telecomunicaciones son comprensibles porque la CFE-Telecom se incorporó tarde, a más de la mitad del sexenio, y porque no tiene una adecuada estrategia operativa.

Incertidumbre

En esta historia hay actores generalmente no mencionados: las comunidades sociales organizadas que durante décadas han luchado en defensa de sus proyectos de comunicación, entre ellos estaciones de radio y actualmente las redes locales y conexiones a servicios digitales. De hecho, hay concesiones vigentes para la operación de estas redes a comunidades, sobre todo en la región sur del país.

Carlos Baca, coordinador del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (CITSC) –organización civil que impulsa la gestión y operación de medios de comunicación y telecomunicaciones para las comunidades indígenas– reveló a buzos que, en la realidad, Altán y el proyecto Red Compartida no aclara cómo funcionará luego del rescate financiero, y cómo se aplicarán las acciones previstas por el gobierno.

En los hechos –explicó Baca– una red compartida requiere redes locales; y la mayoría de las comunidades a las que se pretender llegar no tienen los recursos suficientes para instalar la infraestructura necesaria para habilitar las redes que se conectarían con una nacional.

“No sé cuál sea el futuro de Altán. Sigue siendo un futuro incierto, como lo era hace unos meses”, puntualizó Baca, quien acerca del proyecto “telefonía e Internet para todos” de AMLO, denunció: “Ha habido un error en políticas públicas en materia de telecomunicaciones que se repite; es un error que tiene que ver con pretender que el Estado, el gobierno, o las grandes empresas, van a cubrir todos los territorios del país; y ya vimos que no es sustentable (rentable) un negocio.

“Ya hay muchísimos ejemplos, muchos años de experiencia para saber que no es sustentable pensar que las redes de última milla (se refiere a la entrega del servicio al consumidor final), en contextos sobre todo rurales, van a poder ser administradas por las grandes empresas o por el gobierno.

“En cambio, justo las redes comunitarias es lo que han demostrado ser opciones muy viables; justamente, al ser la misma gente de la comunidad la que instala y mantiene las redes (locales) logran ser sustentables en el tiempo. Entonces, en ese sentido hay que cambiar la lógica.

“Más allá de un gobierno en sí, se trata de cambiar una lógica que tiene muchos años de pensar que justo la única manera de solucionar los problemas de falta de acceso al servicio de telecomunicaciones tiene que ser a través de estos dos mecanismos, el gobierno llegando hasta el último rincón y las empresas llegando hasta la última milla”, agregó Baca a buzos, quien insistió en que el modelo idóneo para brindar servicios de telecomunicaciones en zonas rurales es el comunitario.

Ante el rechazo de los operadores comerciales a dar servicios a comunidades rurales apartadas, a partir de 2016 comenzó un movimiento de pobladores y organizaciones civiles para exigir el cumplimiento de su derecho a la comunicación y la libre expresión ahora a través de los medios digitales.

Por ejemplo, la organización civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, Asociación Civil. (TIC-AC) trabaja en comunidades indígenas donde promueve la construcción, gestión y operación de sus propias redes de comunicación. En julio de 2016 obtuvo la primera concesión para un grupo social que administra y opera redes de telecomunicaciones, radiodifusión autónoma y comunitaria, y conexiones digitales en cinco estados: Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas y Veracruz.

En un posicionamiento público del seis de octubre del 2017, Artículo 19 publicó que la reforma en telecomunicaciones expedida en junio de 2013 fue impulsada por el movimiento social para abatir la enorme concentración de medios de comunicación en pocas manos y para ampliar la operación de los indígenas y las comunidades rurales.

Denunció que el desarrollo de estos medios en las comunidades marginadas resulta lento por las dificultades que oponen las autoridades para cubrir los requisitos de ley y obtener las concesiones necesarias.

Durante el evento Conecta México, realizado 15 y 16 de junio de 2022, especialistas y empresas de telecomunicaciones advirtieron sobre una compleja problemática si se cambian los términos de la concesión otorgada a Altán Redes de mayorista a minorista; advirtieron que esto rompería los equilibrios en el funcionamiento del sector y que produciría conflictos, incluso en el ámbito internacional; pues violentaría el marco de lo dispuesto en el acuerdo comercial México-EE. UU.-Canadá.