Desde su creación en enero de 2020, el gobierno anterior prometió que, mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), “devolvería al pueblo” parte de la riqueza que estaba en “manos de neoliberales”. Hoy, únicamente se reportan robos internos, falta de transparencia en la administración de lujosos bienes decomisados al crimen organizado e irregularidades contables.

A cinco años de su creación, el Indep se ha destacado más por sus reiteradas denuncias sobre actos de corrupción, por ser una dependencia insolvente con deudas hasta el cuello, según dos de sus exdirectores generales.

Este instituto recibe bienes decomisados en custodia por autoridades judiciales para subastarlos y, desde 2021, incluirlos en sorteos de la Lotería Nacional (Lotenal), según la idea de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Como el Indep no genera dinero suficiente, opera administrando bienes bajo su custodia con recursos aportados por la Secretaría de Hacienda (SHCP), según reveló el exdirector general, Ricardo Rodríguez. 

También afronta severos problemas financieros con otra de sus funciones, la de administrar organismos y empresas del Estado eliminadas del servicio público, como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), que incluye el pago de laudos o dictámenes de autoridades laborales y pensiones, como refirió Jaime Cárdenas, otro de sus exdirectores.

En cinco años, el Indep ha sido encabezado por cinco directores generales: Ricardo Rodríguez Vargas; Jaime Cárdenas Gracia; Ernesto Prieto Ortega; Alberto Becerra Mendoza y Mónica Fernández Balboa, los cuatro primeros nombrados por AMLO y la última por Claudia Sheinbaum. 

Dos de ellos renunciaron, Ricardo Rodríguez y Jaime Cárdenas, ambos en 2020; tiempo después, señalaron haber sido hostigados por AMLO, incluso mediante su entonces secretario particular Alejandro Esquer, hoy senador morenista, para que tomaran decisiones conforme les exigía, con “lealtad ciega” y no como establecen las normas de transparencia y legalidad. 

Además de denunciar movimientos irregulares en el manejo de bienes incautados, Jaime Cárdenas, el segundo director general del Indep, reportó, en su carta de renuncia del 21 de septiembre de 2020, carencia de dinero suficiente para cubrir obligaciones laborales con extrabajadores de LyFC y Ferronales. 

Explicó que, en esa fecha, el instituto necesitaba urgentemente mil millones de pesos (mdp) para cumplir con laudos pendientes, es decir, resoluciones de autoridades laborales en favor de trabajadores; y el Indep no tenía dinero para hacerlo. 

Esas funciones atribuidas al instituto lo responsabilizan por la resolución de problemas laborales, incluyendo el tema de las pensiones de los trabajadores pertenecientes a organismos públicos desaparecidos, donde las irregularidades administrativas también han aflorado. 

En su informe de auditoría al cumplimiento 2023-3-3891M-19-0231-2024, fechado el 14 de octubre de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un posible daño al erario por 17.8 mdp en las cuentas del Indep de 2023, relacionadas con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Endeudado y con moches

Ricardo Rodríguez, el primer director del Indep, quien se separó del cargo el 1° de junio de 2020, señaló que el organismo está endeudado hasta el cuello: “Creo que, en la actualidad, el Indep es una de las entidades más endeudadas de la administración pública”, declaró a El Sol de México el 17 de septiembre de 2024. 

Rodríguez subrayó que el instituto se sostiene con transferencias y subsidios otorgados por la SHCP, dinero utilizado para administrar los bienes a su cargo, “se está fondeando un Indep que quizás llegue a un punto de terapia intensiva, porque está sumamente endeudado”, alertó. 

Consideró que “no puede seguir como barril sin fondo, cuyos recursos se gastan principalmente en administrar los bienes y no en dárselos a las comunidades que más los necesitan”.

El 22 de marzo de 2023, durante la gestión de Ernesto Prieto Ortega, el tercer director del instituto, fue separado de su cargo el titular de la dirección ejecutiva de Recursos Materiales, José Ángel Anzures Galicia, luego de ventilarse en medios de comunicación que cobraba a trabajadores para respetarles su puesto en la dependencia. 

Anzures, quien estaba a cargo de 70 empleados, dejó el puesto tras la denuncia de 15 de ellos, que lo acusaron de haber sido extorsionados con una cuota de 30 por ciento salarial para permanecer en su puesto; acusacion que recuerda el episodio protagonizado por Delfina Gómez al frente del municipio de Texcoco, antes de ser gobernadora del Estado de México (Edomex).

Opacidad y corrupción 

Durante décadas, la administración y venta de bienes decomisados se ha mantenido en la opacidad; y a pesar de tener hoy mayores controles registrados, el Indep no ha negado la falta de transparencia y las sospechas.

Para seducir a la población más vulnerable y agregando por todos lados etiquetas de “bienestar” y “pueblo”, AMLO ordenó en 2019 cambiar el nombre de Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), creado el 19 de diciembre de 2002, por Indep, instaurado el 22 de enero de 2020. 

En 2002 se creó el SAE con el objetivo de ordenar la administración de los bienes decomisados al crimen organizado, como ranchos, residencias, joyas, automóviles, yates, aviones ejecutivos; dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, especialmente dólares.

Al SAE se le asignó el trabajo de controlar y subastar tales bienes, en su mayoría de lujo extremo, en décadas anteriores controlados discrecionalmente, incluso se los apropiaban funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de otras dependencias.

Al crear el Indep, AMLO añadió una etiqueta de “sentido social” a las subastas del instituto, porque supuestamente los dividendos beneficiarían a comunidades de alta y muy alta marginación con hospitales, escuelas y obras, lo que no se ha visto, porque esos bienes se deterioran sin que hasta la fecha se les dé un uso social. 

Prueba de la opacidad más reciente en el país es el desconocimiento del paradero de los recursos y bienes de lujo decomisados a líderes de organizaciones delictivas capturados, incluidos los 29 extraditados a EE. UU. 

Antes se produjo el caso de bienes decomisados correspondientes a 205 mdd en efectivo incautados en 2007, con 17 mdp y joyas en una residencia de las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México (CDMX), propiedad del empresario chino Zhenli Ye Gon, encarcelado por lavado de dinero y delitos contra la salud.

No me vengas con que la ley… 

Ricardo Rodríguez, el primer director, se separó del cargo el 1° de junio de 2020, menos de cinco meses después del inicio del Indep; le sucedió Jaime Cárdenas, quien duró poco más de tres meses antes de renunciar. 

En declaraciones hechas en 2023, Jaime Cárdenas declaró haber renunciado a la dirección general del Indep por sus desacuerdos con AMLO, quien constantemente lo presionaba para actuar según criterios ajenos a las normas legales.

Refirió que AMLO criticaba su actitud académica, argumentando que la política es de resultados; señala que los ataques se debían a que, siendo doctor en derecho, él anteponía su formación profesional e insistía en actuar conforme a la ley. 

En 2020, poco después de renunciar, Cárdenas aseguró que, personalmente, no podía actuar con la “lealtad ciega” exigida por AMLO, sino con una “lealtad reflexiva”, lo que incomodó mucho al mandatario. 

El abogado y académico constitucionalista Jaime Cárdenas divulgó su carta de renuncia: “Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios del Artículo 134° Constitucional (sobre buscar el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”, reiteró. 

Cárdenas evidenció la sustracción “hormiga” de piedras y metales preciosos de las joyas bajo custodia del instituto que, por ese motivo, ya no pudieron ser subastadas, casos sobre los que presentó una decena de denuncias administrativas ante el Órgano de Control Interno y otras penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

El 20 de octubre de 2020 se difundió que, entre enero y septiembre de ese año, el Indep había interpuesto 47 denuncias ante la FGR por irregularidades cometidas en el instituto tan solo en el lapso de ocho meses. 

Antes del desmoronamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), con las cuestionadas elecciones del 1° de junio de 2025, AMLO ya tenía injerencia en el PJF por conducto del ministro Arturo Zaldívar, cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre 2019 y 2023, lo que fue reconocido públicamente por AMLO el 21 de febrero de 2024.

De manera similar, AMLO procuró controlar las operaciones del Indep mediante su entonces secretario particular, Alejandro Esquer, como lo evidenciaron en declaraciones los exdirectores generales del instituto, Jaime Cárdenas y Ricardo Rodríguez, en tanto Esquer actualmente goza de fuero parlamentario como senador de Morena.

Espectáculo del avión presidencial 

Ernesto Prieto Ortega, el tercer director del Indep –entre septiembre de 2020 y octubre de 2023– fue nombrado por AMLO tras haber sido titular de la Lotenal, donde se encargó de organizar el sorteo del avión presidencial. 

La pretendida rifa del avión de la Presidencia fue una simulación, porque la nave no se rifó, sino un monto de dos mil mdp dividido en 100 “cachitos” dentro de un tradicional certamen festivo de Lotenal.

El supuesto sorteo del avión se efectuó en el evento especial 235 de Lotenal, del 15 de septiembre de 2020, con 100 premios de hasta 20 mdp por cada uno. Según AMLO, con la venta de “cachitos” se generaron dos mil mdp, cuyo destino se desconoce, y que serían destinados a hospitales públicos, que hoy aún se deterioran por insuficiencia de fondos.

Este caso ejemplifica la forma en que AMLO ordenaba administrar el Indep, una historia que incluye la mañanera del 10 de febrero de 2020 cuando, imitando los antiguos programas de concurso televisivo, el expresidente exhibió un cheque por dos mil mdp entregado por el Fiscal General Alejandro Gertz, producto de la recuperación monetaria de un fraude contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

El dinero sería para el sorteo de Lotenal, aunque, en la realidad, no podía ser utilizado, porque pertenecía a un procedimiento judicial; debido a eso, el Fiscal Gertz entregó el cheque al resguardo del Indep a cargo de Ricardo Rodríguez, un asunto que heredó a Jaime Cárdenas, su sucesor en la dirección general.

Con sus declaraciones divulgadas en 2023, el abogado constitucionalista Cárdenas señaló que, no obstante las presiones de AMLO, se negó a entregar el dinero del cheque porque, con eso, incurriría en los delitos de peculado y ejercicio indebido de atribuciones.

El documento bancario fue enviado al Infonavit; mientras tanto AMLO enojado, –narró Cárdenas– le ordenó completar esa misma cantidad de dinero, como fuera, con recursos del Indep, y lo presionó continuamente.

Al final, se utilizaron 200 mdd confiscados al narcotráfico, que estaban en custodia del Indep, aunque el director Cárdenas aseguró haber advertido a AMLO que legalmente no estaba previsto que un dinero confiscado se pudiera usar para fondear sorteos. 

Tras la salida de Jaime Cárdenas de la dirección general del instituto, AMLO colocó en su lugar a Ernesto Prieto, quien precisamente era el director de la Lotenal, organizador del sorteo del avión presidencial.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de Julen Rementería, su entonces coordinador, denunciaron, el nueve de febrero de 2022, “un fraude a los mexicanos de mil 823 mdp” con el presunto sorteo del avión presidencial. 

“A la fecha, ni Lotenal ni las secretarías de Salud (SS), Educación Pública (SEP), SHCP y ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hacen responsables del destino final de los mil 823 mdp obtenidos de la rifa del avión presidencial, sólo se conocen dos escuelas que han podido aplicar parcialmente los recursos; esto es una estafa aérea”, reclamó Rementería.

Auditorias reveladoras

En el informe de su auditoría de cumplimiento sobre “Administración, Avalúo y Comercialización de Bienes”, 2022-1-06HKA-19-0201-2023, fechado el dos de febrero de 2024, la ASF reportó irregularidades en la ejecución de 20 procedimientos de comercialización de mil 578 bienes por 555.1 mdp, uno de ellos, relacionado con Lotenal. 

La ASF detalló que el Sorteo Especial 260 de Lotenal, para el cual el Indep aportó un inmueble con valor de 79.3 mdp, “la entidad fiscalizada no documentó los criterios considerados para la selección del bien propuesto como premio en especie”. 

En la auditoría 07/2022 del Órgano de Control Interno del Indep, aplicada a la dirección ejecutiva de Recursos Materiales del Instituto, se evidenció la carencia de medidas para mantener el control sobre la planeación y ejecución de las “Subastas con Sentido Social” de artículos decomisados al crimen organizado. 

En sus revisiones a las cuentas públicas de 2020 y 2021, concluidas el 27 de enero de 2021, la ASF reportó en su documento 2019-1-06HKA-19-0052-2020 52: “De la revisión de expedientes de 577 bienes muebles e inmuebles que entraron y 420 que salieron en 2019, se observaron algunos faltantes de documentación relativa a su transferencia o su venta”, indica la ASF.