A finales de enero de 2024, el gobierno del estado de Oaxaca detuvo a seis defensores de los derechos humanos por organizar una marcha de protesta contra la gentrificación, una de las expresiones de la migración laboral más recientes en el mundo. 

En el estado de Oaxaca, una de las entidades donde gran parte de su población padece hambre, desempleo y emigración, el también llamado “turismo laboral” está provocando más inflación y desalojos de casas-habitación de las clases sociales con menores ingresos en lugar de contribuir a resolver esos problemas.

Esta situación es particularmente crítica en los barrios de Xochimilco y Jalatlaco, en la capital oaxaqueña, donde hace algunos años el costo de la renta de un apartamento era de cinco mil pesos mensuales y hoy supera los 35 mil pesos. 

Óscar solía vivir en el Barrio de Xochimilco, que hace ya más de 400 años fue construido en cantera. Por ello, en sus rocas y en sus calles, aunque todavía sin piso de concreto, está labrada la historia de una de las comunidades urbanas más famosas de Oaxaca. 

Estas características, aunadas a la idea de que el tiempo está supuestamente detenido en su contorno, son las que proporcionan el mayor atractivo para los visitantes de curso rápido y los empleados turistas, cuya presencia se hizo más frecuente desde hace algunos años. 

Óscar recuerda que cuando decía a un gringo que el apartamento que rentaba en Xochimilco no se hallaba disponible, le ofrecían más dinero para que expulsara al arrendatario y él lo ocupara.

“Para ellos no importaba si eso nos metía en problemas y complicaba nuestra existencia, porque aplicaban la lógica del capitalismo voraz: si yo pago más, lo demás sale sobrando. ¿Qué pasaría después? ¿Lo ocuparían por una temporada, para luego irse y no volver, y de paso no aprender siquiera a decir hola en español?”, reveló el oaxaqueño. 

Reprimidos por solidarios

–Auxilio, soy defensor de derechos humanos– gritó Filadelfo cuando cinco policías lo sometían. Dos se encimaron sobre él y otro le tapó la boca para que no siguiera hablando. La catedral de Oaxaca fue testigo mudo de la brutalidad policíaca. 

Esta escena se repitió en otras cinco áreas de la plaza central de la capital oaxaqueña. Seis jóvenes, que momentos antes habían participado en la marcha contra la gentrificación, fueron detenidos. La mayoría son defensores de los derechos humanos.

–No lo traten así. No se está resistiendo– se escuchó una voz entre la gente que rodeaba la escena. 

Los cinco policías fueron reforzados por otros y pronto completaron la docena, la mayoría provistos con armas largas. Los jóvenes fueron llevados en patrullas a la comisaría. Dos hombres y dos mujeres fueron acusados de vandalismo. 

Filadelfo Aldaz Desiderio, originario del pueblo Po’kxtäkn Ääy, de la región Ayuk, Estancia Morelos, Oaxaca, tiene 33 años; fue detenido por participar en una manifestación contra la gentrificación en el estado de Oaxaca. 

Es activista del colectivo Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë que brinda alimentos gratuitos a las personas que los necesitan, especialmente migrantes. Filadelfo informó que desde hace varios meses los tenían identificados, no el 28 de enero cuando los detuvieron.

“Nos tenían como objetivo por la labor humanitaria que hemos hecho con La Comedora Comunitaria. Sólo montaron su espectáculo para criminalizarnos por todo el tiempo pasado; como somos personas indígenas, se nos racializa ante el ojo público”, lamentó.

Aldaz Desiderio explicó que a él y a sus compañeros los han perseguido desde que iniciaron su labor de ofrecer alimentos a los migrantes, obligación que corresponde al gobierno del estado, pero que éste incumple. 

“Nos hostigan cada que bajamos a repartir comida a los parques, a las terminales de autobuses, donde siempre intentan desalojarnos o amenazan con subirnos a las patrullas con todo y nuestras cazuelas”, denuncia el defensor de derechos humanos, quien ha publicado imágenes en vivo a través de la red Facebook, en las que los activistas son amedrentados por elementos policiacos.

La Comedora Comunitaria nació durante la pandemia de Covid-19 y cumplió tres años de trabajo brindando alimentos a las personas que no tienen vivienda y comida para alimentarse, en particular a los indígenas que abandonan sus comunidades porque “son migrantes en su propio territorio.

“Necesitamos transporte. Lo que la ciudadanía quiera aportar en víveres, despensas, agua potable, incluso fuerza de trabajo para preparar alimentos”, recomendó Filadelfo. 

Los alimentos de la Comedora Comunitaria, cuya sede se encuentra en una vivienda de interés social en una de las colonias populares de Oaxaca-capital, se preparan para decenas de personas, principalmente niños que van de paso y que únicamente comerán durante algunos días.

Gentrificación es despojo

Para Filadelfo, el término gentrificación no le dice mucho porque el español es su segunda lengua y su equivalente en esta lengua es despojo, un concepto que se refiere al sufrimiento de las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca, incluida su lengua materna.

“El castellano no es mi primera lengua; para mí el término, o lo que pueda significar, no me convence mucho; porque representa el despojo no sólo de la ciudad de Oaxaca. Para mí es el despojo de la tierra y el territorio, el ecocidio, el lingüicidio”, detalló. 

Aldaz critica directamente al gobierno estatal de Salomón Jara Cruz quien, como sus antecesores, aplaude al turismo porque afirma que Oaxaca vive de éste. Pero nosotros “decimos que no es así, ya que es el turismo el que vive de Oaxaca”, añadió; y aseveró que desde hace muchos años, los gobiernos en turno imploran a los turistas que visiten el estado”.

Los ayuuk, como se autodenominan los hablantes de la lengua mixe, no se consideran oaxaqueños porque, como explica Filadelfo, que pertenece a este pueblo, éste “es una cultura, una lengua y una identidad viva que sólo cohabita en este territorio que llaman Oaxaca”.

Filadelfo calificó de ignorantes y bárbaras las declaraciones que el gobernador Jara Cruz hizo en su conferencia mañanera a dos días de la represión contra los activistas de su colectivo:

“La lucha racista es repudiable. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler: creyó que era de una raza superior. Yo no sé si estos jóvenes (los activistas) sean de una raza superior. Los respetamos mucho; pero en Oaxaca no hay razas superiores”, fue lo que declaró el gobernador de Oaxaca

La Real Academia Española (RAE) define la gentrificación como la renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, mediante el desplazamiento de su población original por otra que tiene mayor poder adquisitivo.

Pero para los defensores de la tierra y los bienes inmobiliarios de Oaxaca la citada “renovación” no es más que despojo; y tal disparidad conceptual ha generado un debate público que, en 2022, obligó al Congreso local a realizar una investigación cuyo resumen fue reunido en el documento Gentrificación turística.

El estudio explica que hay tres tipos de gentrificación: turística, productiva y comercial –gourmetiva–. La primera hace referencia a la transformación de barrios tradicionales en turísticos; la segunda a la sustitución de áreas productivas por otras de mayor valor; y la tercera al incremento de los precios de productos gastronómicos.

La investigación detectó siete regiones del estado con gentrificación, entre ellas la de Oaxaca de Juárez, especialmente en los barrios de Santo Tomás Xochimilco y Jalatlaco; en Santa María Huatulco, Santa Cruz Huatulco, San Pedro Mixtepec y Puerto Escondido.

De acuerdo con el Congreso de Oaxaca, la gentrificación no es un fenómeno aislado e individual, porque es alentado principalmente por los gobiernos y aprovechado por inversionistas privados, que operan como sus principales agentes comerciales. 

“Hablar de gentrificación como fenómeno social obliga a mirar sus efectos negativos para las sociedades contemporáneas; algunos de los más evidentes son la contaminación del medio físico, contaminación acústica, deterioro del paisaje urbano, la alteración de los patrones climáticos, encarecimiento de alimentos y vivienda, precarización del empleo, inseguridad, desplazamiento comercial y desposesión simbólica”, abunda el estudio.

La colaboración de los gobiernos municipales y estatales en los procesos de gentrificación se produce por acción u omisión debido a que sus políticas públicas optan por el turismo para la recuperación rápida de la economía, destaca el documento.

Nos quitan hasta el agua

Luis Ángel forma parte del colectivo Ocho Trueno, que representa a una empresa editorial que investiga, escribe e imprime trabajos de denuncia sobre saqueos culturales y para la recuperación de la memoria histórica de Oaxaca. Este grupo de activistas fue uno de los promotores de la marcha contra de la gentrificación.

En sus publicaciones, el colectivo ha incluido un neologismo parecido o equivalente a gentrificación: turistificación que, a partir de lo ocurrido en Oaxaca, evoca la idea de que el turismo es una actividad ideal; pero que no considera el despojo ni otros de sus impactos negativos en los sitios donde opera. 

“Nos está pegando en el tema del agua, porque las colonias populares se quedan sin agua porque toda se va al centro histórico, a hoteles, a restaurantes, a los que sólo tiene acceso el turismo. El gobierno estatal nos culpa y nos dice que debemos ahorrar el agua poniendo cubetas”, denunció Luis Ángel.

El colectivo Ocho Truenos convocó a la marcha del sábado 27 de enero, en la que tocó una banda de música y otras expresiones culturales con las que se manifestaron contra la gentrificación. La protesta fue protagonizada principalmente por jóvenes.

“Fue una marcha plural que recorrió el Centro Histórico. Se repartieron volantes y se compartió la información en pancartas. Además de que se entregó un posicionamiento político a los medios de comunicación. Fue todo un éxito”, reportó Luis Ángel.

Igualmente, cuenta que sus compañeros fueron alertados de que las fuerzas policiacas preparaban el arresto de los dirigentes, lo que efectivamente sucedió a seis personas contra quienes se aplicó fuerza innecesaria.

“Inmediatamente protestamos, pero hubo nula respuesta. Llegaron familiares de los compañeros presos y no los dejaron entrar. Con esto vemos que hay una campaña de persecución contra los activistas que defienden el territorio y el medio ambiente”, denunció Luis Ángel.

Acusó directamente al gobernador Jara Cruz de criminalizar las protestas sociales y privilegiar los intereses de las empresas que se benefician de los recursos de los oaxaqueños.

Por su parte, el gobernador justificó la represión acusando de racistas y xenófobos a los defensores de derechos humanos y minimizando su protesta: “aquí no hay simpatía de la población sobre estas causas. Entonces creo que cada uno sí tiene derecho a manifestarse, a luchar, a defender causas justas, pero esto no; el odio no es una causa. El odio no tiene cabida en nuestro estado… No el odio, no el racismo, no la xenofobia”.

Las protestas no se detendrán

“No se van a detener las protestas”, agregó Luis Ángel, que exhortó a la gente para que se organice en las colonias y los barrios donde la escasez de agua es más frecuente; mientras que en los hoteles abunda en sus regaderas y piscinas.

El activista indicó que este tipo de protestas no sólo se han producido en la ciudad de Oaxaca. “En la región del Istmo también se lucha en contra del Transístmico y luchan por la libre autodeterminación. Entonces, estas luchas se conectan con la gentrificación”, precisó el integrante de Ocho Truenos.

En la región de la Cañada los pobladores también defienden su líquido vital porque las autoridades se lo quieren arrebatar; no están dispuestos a ceder en esta lucha porque está su sobrevivencia de por medio. 

La agresión que el pasado 27 de enero sufrieron los defensores de derechos humanos no fue un caso esporádico en Oaxaca. Según el informe firmado por cinco organizaciones civiles de la entidad, revelaron que entre 2018 y 2023 han sido asesinados 47 activistas sociales.

Esta cifra convierte a Oaxaca en el estado más letal para la defensa de los derechos humanos; aunque también destaca el hecho de que la mayoría de las víctimas hayan sido indígenas y defensores de tierra y territorios ecológicos.

“La misma situación acontece con periodistas. Oaxaca es la quinta entidad con más asesinatos de periodistas (2018-2022). Las mujeres defensoras enfrentan a su vez un riesgo particularmente alto por los ataques con componente especifico de género e impactos diferenciados”, explica el informe publicado en diciembre de 2023.

El informe señala que la impunidad es el mayor agravante en la entidad, debido a que el sistema de justicia local se caracteriza por su falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado.