Cada pozo de petróleo o gas explotado con la técnica de fracturación hidráulica requiere hasta 29 millones de litros de agua; y en un lapso muy corto ha provocado una crisis alarmante de producción agrícola en el norte del estado de Veracruz.

La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMF), autora de esta denuncia, documentó que, además de la escasez de agua potable en los últimos 10 años, este método de extracción ha contaminado los mantos acuíferos subterráneos de Totonacapan y la Huasteca veracruzana con metales pesados y compuestos químicos demasiado tóxicos.

“La alteración de la calidad del agua puede influir negativamente en la salud de los árboles y la calidad de la fruta. La contaminación del suelo también podría ser una preocupación, ya que los residuos pueden alterar el equilibrio del suelo y afectar la absorción de nutrientes”, reveló el análisis de 2023.

El impacto a los cultivos es casi total en Veracruz, pues afectó al 31 por ciento de la producción de naranja; 54 por ciento de la vainilla; 29 por ciento de sorgo grano; maíz en grano, uno por ciento; limón, tres puntos porcentuales; mandarina, 23 por ciento; tangerina, 37; piña, cuatro; plátano, dos y maracuyá 25, así como 38 mil 338 unidades del programa Sembrando Vida”, detalla el informe.

Estas pérdidas se han detectado en localidades agrícolas de Papantla, Poza Rica, Coatzintla, Castillo de Teayo y Tihuatlán, ubicadas en las cuencas petroleras Cazones y Tecolutla; y se hallan muy cerca de los pozos donde se utiliza la técnica fracking.

El fracking genera escasez de agua, salmueras (alta concentración de sal en ésta), emisiones tóxicas y derrames de hidrocarburos que afectan la productividad de los cultivos de su entorno inmediato.

Esta información está incluida en la investigación Fracturando el campo. Impactos potenciales del fracking en la agricultura y en Sembrando Vida, editado por Carla Flores Lot y Manuel Llano, integrantes de la AMF y Cartocrítica, iniciativa civil mexicana independiente.

Estas organizaciones promueven la transparencia y el acceso a la información socioambiental georreferenciada y el respeto a los derechos humanos, además de la conservación de la diversidad biológica y cultural.

Veracruz, primer lugar nacional en fracking

En territorio mexicano hay 68 municipios donde se utiliza el fracking, de los cuales 25 se conforman en Veracruz, por lo que esta entidad ocupa el primer lugar nacional; le siguen Tamaulipas con 15; Nuevo León, nueve; Tabasco, ocho; Coahuila, seis; Puebla, tres y Chiapas, uno. En Veracruz, a decir de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en 2023 se detectaron 10 mil 356 fracturas hidráulicas en dos mil 953 pozos petroleros.

En Papantla y sus comunidades hay 738 pozos, pero sólo 169 están en operación; es decir, el 23 por ciento; en tanto que 569 están abandonados (77 por ciento); mientras que en Poza Rica únicamente hay tres que no funcionan. De los casi tres mil 953 pozos veracruzanos donde se aplicó el fracking, sólo 655 operaban (32 por ciento); y mil 398 (68 por ciento) se hallaban en el abandono.

“Los pozos visitados han sido fracturados desde ocho, 10 veces o hasta más de 70 veces. Son pozos agotados”, demandó la investigación de los activistas de la AMF, quienes visitaron las plataformas de los pozos fracturados y de los yacimientos convencionales de la zona Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (ATG).

Entre las primeras estuvo la documentación de los pozos 26 y 428 del Campo Poza Rica; Campo Santa Águeda; Plataforma Remolino 1984 (operada por Weatherford); Campo San Andrés y Campo Furberos; este último muestra el mayor número de fracturas en el país, entre ellos los de los pozos Presidente Alemán-1336, San Andrés-5044 y Furbero-1559, con 93, 85 y 70 fracturas cada uno, de acuerdo con datos de Cartocrítica.

La empresa paraestatal Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEP) informa que en el periodo de 2010 a 2020 se empleó la citada técnica de extracción en 784 ocasiones sobre seis campos petroleros; y que en los de San Andrés y Remolino se aplicó al menos en una ocasión durante 2021. 

El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos detalló que, durante 2022, se usaba la fracturación hidráulica en mil 168 pozos de los dos mil 55 de Papantla, es decir, en el 56.8 por ciento de los pozos.

El fracking nos dejó sin agua

En la localidad Reforma Escolín, municipio de Papantla, los habitantes denunciaron la falta de agua debido a que los manantiales se secaron; los pobladores culpan de ello a Petróleos Mexicanos (Pemex) y señalan que las perforaciones en busca de nuevos yacimientos provocaron fisuras de más de tres metros de profundidad en sus tierras.

Esto ocurrió en febrero de 2023; los lugareños se alarmaron porque, a través de las brechas abiertas por el fracking, se filtraba el agua hacia abajo y los dejaba sin ella. Este problema se suscitó después de que, en 2022, los pozos artesianos prácticamente se secaron, denunció en su momento Gerardo Pérez Jiménez, sub-agente municipal de esa localidad.

“Para las exploraciones realizadas por Pemex utilizaron explosiones subterráneas; esto provocó que la tierra se cimbrara y hubo fracturas, razón por la que el agua se fue hacia las profundidades”, denunciaron los pobladores de Reforma Escolín, cuya comunidad está conformada por unas dos mil personas y se asienta a un costado de la carretera Papantla-Poza Rica, donde transitan constantemente vehículos de la paraestatal, pues en ese sitio hay decenas de campos petroleros.

“Los pozos que son fracturados no llegan solos; los habitantes de las comunidades en donde hay fracking se ven obligados a comprar agua, porque se secan sus manantiales y otras fuentes de agua”, indica la AMF.

La CNH ha reportado que cada pozo sometido a fracturación hidráulica contiene entre nueve y 29 millones de litros de agua dulce mezclada con más de 750 sustancias, muchas de ellas tóxicas (arsénico y benceno, entre otras), por lo que irremediablemente se contamina.

De esta agua dependen las comunidades para su consumo y actividades agrícolas, entre otras necesidades. Esta distracción agrava el estrés hídrico en un país donde se ha alterado el régimen de lluvias, agregaron los activistas, quienes llevan una década estudiando las afectaciones provocadas por la industria petrolera.

La técnica de fracturación hidráulica es aplicada principalmente en los yacimientos con poca porosidad y casi impermeables llamados lutitas, esquistos o “no convencionales”, que se encuentran a profundidades de mil a cinco mil metros, aunque también se utiliza en yacimientos convencionales de escasa o difícil extracción.

La organización Cartocrítica explica que, cuando el terreno es poco permeable, la perforación que busca contactar la roca petrolera puede ser vertical u horizontal; y que una vez logrado este objetivo se ejecuta una inyección de alta presión con fluidos de agua para fracturarla y liberar las moléculas de hidrocarburos hacia la superficie.

Cada pozo requiere un desigual número de fracturas porque su ubicación geológica es distinta. El fluido que se inyecta para la fracturación hidráulica contiene 90 por ciento de agua, nueve de arena y uno por ciento de aditivos químicos, la mayoría tóxicos, porque se trata de biocidas, surfactantes, inhibidores de corrosión, lubricantes, “gelificantes” y disolventes.

Las afectaciones potenciales

La CNH reporta que hasta 2019 se habían practicado 35 mil 979 fracturas hidráulicas en siete mil 840 pozos situados en 68 municipios de siete entidades de la República.

“Ante esta problemática es imperativo considerar las afectaciones que la falta de una prohibición efectiva y duradera del fracking podría traer a la agricultura en México, adicionales a las afectaciones generales a la salud, al agua, a los ecosistemas y a la atmósfera”, advierten los activistas de la AMF y Cartocrítica.

Ambas organizaciones precisaron que hasta ahora los cultivos directamente afectados por esa técnica extractiva son 60. En el caso de Veracruz, los campos agrícolas dañados están en Papantla, donde hay 737 pozos en los que se aplica este método; en Coatzintla son 654; Álamo Temapache, 342; Tihuatlán, 129; Castillo de Teayo, 62; Chicontepec, 44; Tepetzintla 28 y Espinal, 19.

El fracking se emplea en México desde 2003; hasta la fecha hay más de mil pozos cuya explotación fue delegada por Pemex a las grandes empresas petroleras extranjeras, como Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes.

El análisis químico aplicado en los últimos 10 años sobre las áreas intervenidas por esta técnica ha revelado altos índices de contaminación en el agua, suelo y en los ecosistemas, daños que arriesgan el futuro de la agricultura en las regiones petroleras.

“Estos factores pueden tener efectos devastadores en la productividad agrícola, lo que resulta en pérdidas económicas significativas para los agricultores y, a su vez, afecta la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales”, destaca el informe Fracturando el campo.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C, (Cemda) realizó una investigación documental sobre el impacto ecológico del fracking en Papantla entre 2017 y 2022, ya que en 95 por ciento de sus áreas hay empresas que actualmente exploran y extraen hidrocarburos de 27 campos petroleros con base en 19 adjudicaciones oficiales.

Cemda aclara que el impacto ambiental de dicha técnica extractiva resulta grave porque libera ingentes cantidades de metano (CH4), un gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera y contamina el aire, además de los acuíferos superficiales, los subterráneos y el suelo.

La organización civil destaca, asimismo, que otras de sus repercusiones negativas corresponden a la alteración o modificación de los paisajes; sus aportaciones a la actividad sísmica y la contaminación con sustancias químicas y radioactivas del agua potable.

Este impacto es el de mayor gravedad, porque las comunidades que viven cerca de pozos, ductos y campos petroleros ven severamente afectadas su salud, economía, cultura y seguridad física. La más común de las afectaciones a la salud está asociada al metano, pues este gas propicia enfermedades respiratorias.

Demandas de la población afectada 

Los pobladores de las comunidades dañadas por el uso del fracking y las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos y ecológicos exigen que el gobierno mexicano prohíba la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica en general.

Argumentan que esta prohibición se ha realizado ya en Francia, Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales del mundo. Tal es el caso del estado de Nueva York, Estados Unidos, cuya administración prohibió el fracking en diciembre de 2014 por el alto riesgo que representa para la salud de las personas.

Proponen además que las entidades públicas del Estado mexicano elaboren políticas energéticas que garanticen los derechos humanos, en especial los de las comunidades indígenas y campesinas en cuyas tierras se halla gran parte de los recursos naturales nacionales.

El Estado debe garantizar el derecho humano al agua, tal como lo establece el Artículo 4° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y la resolución A/RES/64/292 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recomienda no arriesgar estas actividades básicas para la supervivencia de la humanidad.

Igualmente, los activistas exhortan al Estado a garantizar el derecho al medio ambiente sano; definir los cambios legales e institucionales pertinentes para impulsar el desarrollo de energías renovables y las medidas necesarias para reducir el consumo de energía con base en los requerimientos sociales.

En suma: la prohibición efectiva y duradera del fracking representa una necesidad imperativa para proteger los recursos naturales, la agricultura, el medio ambiente, el desarrollo rural sostenible y la salud de los mexicanos que habitan las regiones petroleras.