Pancartas en apoyo a Nicolás Maduro, demandas de amnistía y exigencias de libertad para dos militantes de Jardun acompañaron el reclamo de reconocimiento internacional de la Euskal Selekzioa.
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El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente este jueves el señalamiento de Estados Unidos de pretender a catalogar Venezuela como uno de los países que “no cooperan en la lucha contra el terrorismo".
“Venezuela rechaza los señalamientos de la administración Trump, que pretenden catalogar al gobierno venezolano como "no cooperante en lucha antiterrorista" luego de haber sufrido, una incursión armada con fines terroristas, bajo la dirección del gobierno de EE.UU”, escribió el Canciller venezolano, Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.
En el comunicado emitido por la Cancillería bolivariana, señala que Washington ha demostrado en reiteradas oportunidades su desprecio por el derecho internacional en materia de terrorismo.
El documento añade que “"ante la incredulidad del mundo y hasta de su propio Congreso, EE.UU. pretende ocultar su permanente inobservancia y violación de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al brindar refugio a terroristas".
El gobierno venezolano también subrayó que el gobierno estadounidense no tiene porqué evaluar y menos certificar la conducta" de un país cuando ellos son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. "Para nadie es un secreto que el surgimiento y accionar de grupos terroristas en el Medio Oriente, tiene la firma de origen de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos", reza el comunicado.
Pancartas en apoyo a Nicolás Maduro, demandas de amnistía y exigencias de libertad para dos militantes de Jardun acompañaron el reclamo de reconocimiento internacional de la Euskal Selekzioa.
La mandataria promete cambios económicos y políticos, pero no fija plazos para la restitución de bienes ni para las elecciones.
El juicio del presidente venezolano y su esposa fue aplazado hasta el 14 de junio de 2027.
La Fiscalía estadounidense acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer presuntas tortura contra opositores y ciudadanos estadounidenses; los nuevos cargos se suman a acusaciones por narcotráfico y se producen meses después de que Washington los secuestrara en Caracas.
Entre las personas que aparecen como firmantes están el músico Roger Waters, el periodista Ignacio Ramonet y João Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.
El mercado muestra que el petróleo no escasea: lo que falla es su circulación.
Más de 741 mil órdenes de deportación o salida voluntaria fueron emitidas hasta el pasado mes de agosto en EE. UU.
Las concesiones petroleras tienen una vigencia de hasta 100 años y la de una mina de oro por tres décadas.
Venezuela seguirá en la lista de 23 países considerados por Washington como principales territorios de tránsito o producción de drogas, pero ya no figura entre las cuatro naciones señaladas por incumplir sus compromisos antidrogas.
La líder opositora venezolana exigió transparencia sobre el pacto energético entre Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez y advirtió que la recuperación petrolera requiere inversiones, pero también instituciones democráticas, seguridad jurídica y reglas claras.
El Partido Comunista de Venezuela rechazó el acuerdo que contempla desarrollar 17 campos petroleros con un potencial de 65 mil millones de barriles y cuestionó la participación de Estados Unidos en el negocio energético venezolano.
Con el secuestro de Maduro como antecedente, el nuevo marco petrolero formaliza el control total de Washington sobre el subsuelo venezolano.
Las restricciones migratorias reducen el registro en albergues y empujan a las personas a rutas clandestinas.
La volatilidad provocada por las tensiones en Medio Oriente abrió oportunidades para productores de la región.
Presuntamente, Ucrania prepara una operación con armas rusas para introducirlas a México, Colombia y Venezuela.
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Escrito por Redacción