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El programa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado en 2019 para fijar precios de garantía en la comercialización de productos alimenticios como el maíz, el frijol y el trigo, es otro de los proyectos fallidos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que esa instancia no ha cumplido a cabalidad con sus objetivos.
En Zacatecas, donde se siembran 750 mil hectáreas de frijol, los 40 mil pequeños productores vendieron sus cosechas a los “coyotes” por debajo del precio de garantía –16 pesos el kilogramo (kg)– y obtener bajos rendimientos debido a que Selgamex se negó a subir aquel a 22 pesos y los centros de acopio están manejados por burócratas rapaces.
La mayoría de los productores de frijol –en el municipio de Fresnillo se siembran 118 mil hectáreas– vendió sus semillas a 12 pesos el kg; y con ello redujeron sensiblemente sus ganancias; y en algunos casos ni siquiera pudieron recuperar sus inversiones porque los costos de producción subieron, según estimaciones, en 30 por ciento.
El 18 de enero de 2019, el Presidente anunció, precisamente en Zacatecas, la creación de los precios de garantía en algunos productos agrícolas de mayor demanda y consumo en el país. Pero los problemas surgieron muy pronto cuando se denunció que los encargados de los centros de acopio pagaban el kg de frijol entre nueve y 11 pesos, incumpliendo con el precio de garantía de 14.50 pesos.
Desde entonces se responsabilizó al director de Segalmex, Ignacio Ovalle, por la mala administración en el programa, un instrumento de política comercial de Estado como la que fue practicada entre los años 50 y 80 del siglo pasado, en el contexto de la economía cerrada, proteccionista, que caracterizó al llamado “desarrollo estabilizador”, sistema abandonado hace 40 años.
Algunas consecuencias de esa política fue la dependencia de los pequeños productores hacia el Estado mexicano, del que esperaban créditos, fertilizantes y semillas; la práctica del llamado “carrusel”, que consistía en vender el grano a la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) para obtener semillas a precio de subsidio y la baja productividad agrícola por hectárea cultivada.
Esa misma dependencia comercial hacia el Estado propició el monocultivo de granos y otras plantas, el que a su vez provocó la sobreexplotación de suelos, el incremento de plagas y otras enfermedades en especies como maíz, el frijol y el trigo y, finalmente, la crisis del sistema económico proteccionista.
Para sustituir este último, se implementó la perspectiva neoliberal, con la que priorizaron en la competitividad para vender la producción en los mercados internacionales. Este proyecto vio su materialización durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y tras los acuerdos sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) el 1° de enero de 1994.
Entonces se difundió que los campesinos debían ponerse “al tú por tú” en capacidad productiva con sus pares de Canadá y Estados Unidos (EE. UU.), incluso hubo ingenieros agrónomos que, emocionados, imaginaron el campo mexicano inundado con tecnologías nuevas, sistemas de riego y semillas mejoradas que rendirían cosechas de gran calidad.
Los precios no funcionan por decreto
A pesar del fracaso de una política de la que ya se demostró que fue inapropiada y que el contexto económico actual es completamente distinto, el Presidente insiste en aplicar prácticas proteccionistas e improductivas que resultan contraproducentes.
El agricultor Rafael Berumen Ramírez, entrevistado en la comunidad Santiaguillo, de Fresnillo, cuenta a buzos que el año pasado cultivó 20 hectáreas de frijol de la variedad Pinto Saltillo y que solo pudo cosechar ocho toneladas, debido a que “la tierra es débil, tiene mucha piedra, aquí todas las tierras son malitas”.
En contraste al bajo rendimiento de su terreno, don Rafael, conocido en la comunidad con el apodo El Azul, reveló que en parcelas muy buenas se lograron de dos a 2.5 toneladas por hectárea y que sus propietarios sacaron 16 toneladas. También señaló que invirtió entre 38 mil y 40 mil pesos debido al encarecimiento de los insumos registrado el año pasado.
Informó, por ejemplo, que el tambo de diésel de 200 litros costó cuatro mil 500 pesos, porque el litro ahora está en 22.50 pesos; que el arrendamiento de la trilladora también se incrementó; y que las intensas lluvias de temporada afectaron mucho el rendimiento de su terreno.
Pese a ello obtuvo 96 mil pesos en ventas, monto del que una vez descontados los 40 mil pesos en costos de producción, le quedaron 56 mil pesos de ganancias. Sin embargo, con esta cantidad debe considerar tanto el precio de su trabajo personal, como el de muchas labores que no son contabilizadas; ya que así ocurre con el desgaste del tractor y las herramientas de trabajo. De esta forma, los ingresos siempre son menores que los gastos; así sucede a decenas de millones de campesinos en México.
En torno al uso de semillas mejoradas, reportó que es muy difícil hacerlo porque el bulto de 25 kg cuesta alrededor de mil pesos y solo rinde para 1.5 hectáreas. “Por eso no se compra. Aquí se guarda lo que se sembrará en el siguiente temporal; de todas maneras, aunque meta semillas buenas no se adaptan a nuestras tierras lavadas y eso es pérdida”.
Explicó, asimismo, que él no llevó su frijol al centro de acopio porque el precio de garantía de 16 pesos por kg es incosteable. En diciembre pasado hubo manifestaciones de inconformidad porque abrieron 20 de los 30 centros de acopio que hay en la región productora; pero en ellos predominan los actos de corrupción y el coyotaje de sus funcionarios.
Ésta es la causa por la que los campesinos prefieren vender su producto a 12 pesos el kg –cuatro pesos por debajo del precio de garantía de Segalmex– ya que el traslado del grano a los centros de acopio resulta incosteable por el pago del flete. En su caso tendría que pagar el flete por los 40 kilómetros que hay entre su comunidad y Fresnillo.
Además, El Azul denunció que en los centros de acopio de Segalmex hay muchas prácticas destinadas a cuestionar la calidad del producto. “Allí revisan que si está manchado, que si lleva piedras, tierra o paja, todo eso para bajarle el precio”. Por eso él, como muchos campesinos de la región y de otros municipios, comercializó a 12 pesos el frijol a los coyotes.
Vendió a este precio, afirmó, porque los agricultores no tienen otra opción; porque los coyotes los visitan casa por casa en sus comunidades; porque “hay forma de ganarles con el regateo y porque urge vender para pagarle a los trabajadores que allí están esperando su dinero”.
La producción de alimentos es la actividad económica que más depende del clima; y en México, pese a su dependencia externa en este rubro y la existencia de múltiples recursos científicos y tecnológicos para disminuir los riesgos inherentes a los cultivos agropecuarios, los gobiernos no han hecho nada para superar estos déficit y para evitar que los campesinos figuren entre los pobres de la nación.
La Segalmex no cumple con los objetivos para la que fue creada, pues los precios de garantía que define son muy bajos; además, no paga de forma inmediata los productos que adquiere y los agricultores deben esperar hasta cinco días hábiles para recibir su dinero. Esto les genera desesperación porque pagan a los jornaleros y el diésel con que se mueven las trilladoras.
Por ahora, comentó El Azul, él y muchos de los campesinos de Zacatecas esperan que dicha dependencia se vaya “puliendo”, que sus reglas de operación sean más flexibles y que funcione con una burocracia que no sea inepta ni corrupta como la que ahora impera en su aparato burocrático.
Se le preguntó por qué los campesinos de la región no cultivan otras especies como el maíz y su respuesta concluyente fue: “el frijol se cosecha rápido, tiene menos trabajo para cosecharlo y se agarran rápido los centavos y el maíz no”. Con éste hay que invertir más, pagar ayudantes que cobran mínimo 200 pesos el día para sacar la mazorca, luego moler la pastura y encostalar.
“Por eso yo siembro frijol, sale más pronto y se pierde menos”, explicó el labriego fresnillense.
La eliminación del seguro catastrófico
Don Rafael Berumen tiene otra queja contra el gobierno morenista por la eliminación del seguro catastrófico, de cuyos fondos provenientes de 2018 algo pudieron rescatar los campesinos afectados en 2020. Entre ellos figuró él, quien todavía pudo cobrar seis mil pesos por la pérdida de una cosecha.
El Azul advirtió que el abandono del campo en este gobierno es casi integral y le reprochó que no existan apoyos para la adquisición de maquinaria agrícola. “Aquí ya ha pasado que algunos vecinos compran su tractor y que completan el enganche, pero luego ya no tienen para pagar las mensualidades y se los recogen, así que pierden el enganche que con tanto sacrificio consiguieron y se quedan sin nada”.
Entrevistado en el patio de su casa, comentó a buzos que el campo deja poco beneficio a los productores, pero afirmó que éstos no pueden abandonar sus labores porque de éstas siempre han vivido y de “algo tienen que vivir. Además, ahora que ya estoy viejo, ¿qué más puedo hacer? Solo echarle ganas para salir adelante”.
La fijación de precios de garantía es solo una buena intención del actual gobierno para rescatar el campo mexicano; pero esta medida no funciona para la autosuficiencia alimentaria, porque el precio de las mercancías no puede fijarse por decreto.
Estos problemas se habían previsto al inicio de la actual administración federal; y debido que fueron habilitados en la década de los años 70 del siglo pasado no funcionaron. Su repetición presenta los mismos errores que se cometieron entonces. Si en verdad se quiere ayudar a la gente, entonces también un precio de garantía para el consumidor final del frijol, que es uno de los alimentos del pueblo mexicano más humilde.
Sí, insiste El Azul, sería ideal que el precio del frijol para el consumidor “también quedara fijo en los mismos 16 pesos por kilo… pero eso tampoco se puede hacer y lo que se está descubriendo es que no hay un programa de gobierno definido, sino más bien solo ocurrencias o bien medidas electoreras del Presidente de la República”.
Su ideología y su historial no se alinean con los principios de Morena.
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De una multa original de 53 millones 798 mil 17 pesos por excesivos gastos de precampaña, Morena sólo tendrá que pagar una penalización final de 37 millones de pesos.
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Escrito por Redacción