“¡No me quiero ir!ˮ, gritó Flora, pequeña indígena na’savi (mixteca) de nueve años, en Cochoapa El Grande, municipio de la región de La Montaña de Guerrero, tras enterarse que debía irse a vivir al jacal de sus suegros, quienes habían pagado 150 mil pesos para casarla con su hijo Juan Julián, un adolescente de 14 años.

Flora sabía que había sido pedida en matrimonio y se resistía a aceptar esta situación; pero la mirada enérgica de su padre la obligó a desistir y salió de su casa humillada, descalza y cabizbaja, ante la sorpresa atónita de sus hermanas.

De esbelta figura y con las mejillas partidas por la escarcha helada de esa mañana, la pequeña caminó hacia la que será su nueva familia, que le impondrá nuevos hábitos y labores domésticas y campesinas hasta el día de su boda, varios años después.

El drama de Flora y muchos otros salieron a la luz pública luego de la difusión nacional e internacional del caso de Angélica, adolescente de 15 años que fue vendida en matrimonio por sus padres y encarcelada durante 11 días, con tres hermanas menores, por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, de ese mismo municipio, porque se negó a tener relaciones sexuales con su suegro, Rutilio Julián Moreno.

Además de solicitar su encarcelamiento, este hombre reclamó el dinero que había pagado por Angélica para que se casara con su hijo Rafael Julián quien, a su vez, debió emigrar a Estados Unidos (EE. UU.) para pagar esta deuda, después de dejar a su esposa bajo el resguardo de sus padres, para quienes aquélla estuvo trabajando en los campos agrícolas.

Pero en los casi 420 municipios indígenas que aún se rigen con la legislación de “usos y costumbres” –reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– la historia de Angélica es común en la región de la Montaña de Guerrero, aunque en su caso los abusos de su suegro –cometidos en Yarécuaro, Michoacán– no forman parte de esa tradición y ya han sido objeto de sanción penal.

En efecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a Rutilio Julián Moreno, en Tlapa de Comonfort, con el cargo de violación equiparada, acción judicial debida fundamentalmente a la amplia difusión pública que su caso generó a mediados de octubre de 2021, cuyo primer efecto positivo fue la liberación de Angélica y sus tres hermanitas.

Las luces de alerta sobre la grave situación que enfrentan miles de niñas indígenas de las regiones de La Montaña y la Costa Chica fueron exhibidas inicialmente por la lucha que las mujeres de La Montaña han emprendido para romper, en específico, las cadenas de esclavitud matrimonial que les imponen sus padres.

Al respecto, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAIA) destacó que los elementos de la Policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se comprometieron a no avalar más matrimonios forzados, en los que haya pagos con dinero o con bienes y cuando una menor de edad figure como cónyuge.

En el caso intervinieron también la Secretaría de la Mujer (SeMujer) del gobierno estatal, con el compromiso explícito de fortalecer el cerco de seguridad en torno a las víctimas y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), que preside Cecilia Narciso Gaytán, quien asimismo anunció que brindará atención legal y psicológica a las víctimas y sus familiares.

Quedan afectadas de por vida

La venta de niñas y mujeres indígenas en las comunidades de La Montaña y la Costa Chica se ha gestionado durante varias décadas, con el argumento de que se trata de una tradición por usos y costumbres. En 2019, Guerrero ocupó el primer lugar nacional en matrimonios de mujeres de entre 15 y 19 años de edad.

La representante en la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en México, Sáenz Leuke, afirmó que los matrimonios entre menores de edad, como ocurre en Guerrero, es una forma de violencia, porque obstaculiza el desarrollo de sus vidas.

“Cuando las mujeres contraen este tipo de matrimonios tempranos, sufren graves consecuencias en el desarrollo de su vida, pues tienen que abandonar sus estudios; su salud puede tener afectaciones y los embarazos precoces son una de las principales causas de muerte en las niñas entre 15 y 19 años en el mundo”, explicó la internacionalista.

Tras el escándalo derivado del drama sufrido por Angélica, el gobierno estatal de Guerrero activó una estrategia para prevenir, sancionar y erradicar el delito. La mandataria estatal Evelyn Salgado promovió un programa para atender con prioridad ese problema, que fue suscrito por los ediles de todos los municipios en la entidad.

El plan prevé la creación de un mapa de riesgos por violencia contra las mujeres en cada ayuntamiento; la capacitación de las autoridades municipales en derechos de la mujer y perspectiva de género para que emprendan políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

También incluye la rehabilitación o la creación de refugios para mujeres violentadas; capacitación policial para prevenir este tipo de delitos y se destinarán recursos adicionales para que estas acciones sean respaldadas con amplia información educativa, sanitaria y de acceso a la justicia.

El programa responde, asimismo, al hecho de que, desde 2017, nueve municipios de Guerrero tienen alertas emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); y ninguna ha sido cumplida al 100 por ciento. Se trata de Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Ayutla de los Libres, Ometepec, Zihuatanejo, Tlapa de Comonfort, Coyuca de Catalán y Chilapa de Álvarez.

Existe la presunción, además, de que la migración interna y externa (ésta hacia EE. UU.) ha empeorado este tipo de prácticas tradicionales en regiones como La Montaña, ya que la mayor disposición de dinero ha aumentado la compraventa de niñas y mujeres, quienes en total indefensión permanecen cautivas durante años, acorraladas por sus suegros y sometidas al poder machista de las autoridades comunitarias.

Los precios oscilan entre 30 mil y 400 mil pesos. En 2020, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud (SS local), más de tres mil niñas y adolescentes guerrerenses, de entre nueve y 17 años, fueron madres; y varias de ellas se embarazaron dentro de matrimonios arreglados.

Según información de la SAIA, la creciente precariedad socioeconómica de los pueblos indígenas ha propiciado la pérdida de la ancestral ritualidad de la “entrega de doncellas por dote”, a partir de la primera menstruación, ante la mercantilización de niñas, quienes son más vulnerables frente a la violencia sexual y la explotación laboral doméstica y agrícola.

Las niñas y las jovencitas de La Montaña suelen ser también atraídas por personas de otras regiones de Guerrero u otras entidades de la República que requieren mano de obra barata destinada a labores domésticas, fabriles o agrícolas. Según la Asociación de Mujeres Profesionales de Medios de Comunicación (AMPMC), Guerrero es el estado con más venta de niñas; y aunque no hay cifras exactas, se estima que la cifra alcanza los 300 mil casos.

Esta agenda mediática vertió en vorágine hace varios días debido a las desatinadas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien para minimizar las denuncias por la venta de niñas en la entidad sureña, declaró: “lo de la trata y prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades. En La Montaña de Guerrero se venden a las niñas, puede ser la excepción, pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos”.

Este dramático problema social en los pueblos na´savi de Guerrero tiene sus raíces más profundas no solo en la pérdida de una ritualidad ancestral o las prácticas irregulares de la legislación de usos y costumbres, sino básicamente en los graves problemas económicos y políticos. La violencia y el acceso a la tierra permanecen como una demanda pendiente del Estado mexicano en esa región.

No es casual que en Metlatónoc y Cochoapa El Grande, dos de los municipios más pobres del estado y del país, se registre la mayor venta de niñas y sean los principales proveedores de mano de obra en los campos agrícolas hacia el norte del país,

En palabras de los especialistas, es necesario atender seriamente la violencia que padecen las niñas y mujeres indígenas de Guerrero; pero sin atribuir su origen a los usos y costumbres, ni situar a los pueblos indígenas en un conflicto entre tradición y modernidad o entre barbarie y civilización.

“Se debe ir más allá de la dicotomía racista que solo alimenta el linchamiento que se ejerce contra los modos de vida de los pueblos indígenas”, reveló a buzos Elvira García Rodríguez, representante de los Pueblos Originarios de Cochoapa El Grande.

Una consecuencia del abandono oficial

En reciente conferencia de prensa, varias mujeres indígenas afirmaron que sin los apoyos más indispensables para que operen los servicios de educación, salud y vialidad en los pueblos de La Montaña, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda “no tiene derecho de intervenir ni a prohibir esto” (en alusión a la venta de niñas).

Elvira García Rodríguez lamentó que el discurso oficial de las autoridades sobre la venta de niñas se haya quedado en el estigma y no se haya considerado con apoyos financieros destinados a mejorar la infraestructura física de las comunidades.

Las mujeres indígenas aseguran que la venta de niñas es resultado de muchos años de abandono oficial hacia estas comunidades y que, para combatir este problema, debe hacerse más que firmar un documento –como hizo la gobernadora– cuyo contenido además se desconoce en varios pueblos de La Montaña.

“Si la gobernadora no va a intervenir con estos tres puntos que estamos pidiendo: educación, infraestructura y salud, no tiene derecho de intervenir ni de prohibir esto, porque las personas están totalmente abandonadas. La situación no va a cambiar firmando documentos que desconocemos en las comunidades”.

La activista exigió conocer la estrategia, que no debe violentar los derechos ciudadanos de los pueblos originarios porque la venta de niñas no terminará mientras no se resuelvan problemas esenciales como el de la educación; ya que aunque las madres y las niñas quieran salir adelante, no hay condiciones adecuadas para buscar otra forma de vida, pues “no hay trabajo ni educación”.

Durante la conferencia comunitaria, una de las mujeres informó, en su lengua natal, el náhuatl, que provenía de un matrimonio forzado y advirtió que no quería el mismo destino para sus hijas; pero en su comunidad no hay escuelas donde los niños y jóvenes reciban siquiera educación básica.

Señaló también que, en ocasiones, su único alimento son las tortillas con sal; y que cuando hay salsa, les “va bien” a ellas y sus hijos. Ésta es su comida diaria y a ello se debe que en la región de La Montaña haya un elevado número de muertes infantiles.

La señora explicó que fue pedida en matrimonio porque sus padres no tuvieron oportunidad de educarla; indicó que está dispuesta a que sus hijos estudien y hablen español, pero denunció que hoy no existe ningún apoyo oficial para los pueblos indígenas; y reveló que con firmas de documentos no se resuelven las múltiples carencias de las comunidades indígenas.

Y mientras el lector conoce este texto sobre el México marginado de la región de La Montaña de Guerrero, en municipios como Cochoapa El Grande y Metlatónoc, se están festejando a lo grande los matrimonios infantiles, cuya erradicación necesita mucho más que documentos muy bien firmados y protocolarios u ocurrencias presidenciales.