En este sexenio ha aumentado el salario mínimo, pero, más allá de la ganancia política que reditúa, deben revelarse sus verdaderas causas y dimensionarse su real alcance económico. Desde los años ochenta, la política neoliberal impuso un régimen salarial regresivo, para competir por inversión extranjera, a costa del bienestar social: desde 2000 hasta 2016, el aumento anual del minisalario representó 2.20 pesos diarios (CIDE). Pero desde 2018, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) estableció incrementos nominales mayores. Para este año el mínimo diario es de 249 pesos, salvo en la franja fronteriza, un incremento de 20 por ciento. En 2019, el salario fue de 102 pesos (14 más por día). Ello representa un progreso respecto a la situación previa. Sin embargo, vistas las cosas con cuidado, su efecto en bienestar social no es significativo.

En principio, no todos los asalariados se benefician; por ejemplo, los ocupados en el sector informal: sólo a quienes laboran en el sector formal y están inscritos al Seguro Social. La Población Económicamente Activa es de 60.6 millones de personas, de las que 59.8 millones están ocupadas, y en la informalidad laboran 32 millones, 54 por ciento de los ocupados (Inegi). Obviamente, tampoco a los 1.6 millones de desocupados, ni a una gran parte de los 4.2 millones de subocupados (cifras del Inegi), personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y declaran tener necesidad y estar dispuestas a trabajar más horas (diré de paso que todas esas cifras nos revelan una economía enferma, y no se ve cuándo ni cómo será saneada). No se benefician tampoco los productores agrícolas no asalariados, los campesinos, donde, se estima: “El total de mano de obra se compuso de 5.8 millones de familiares (…) Además, 3.3 millones de productores participaron activamente en las labores…” (Inegi 2022).

Entonces, ¿a cuántos beneficia? Según declaraciones de Luisa María Alcalde, exsecretaria del Trabajo, serían 6.4 millones de trabajadores. Luis Felipe Munguía, presidente de la Conasami, dice: “el último incremento beneficia directamente a 8.9 millones de personas trabajadoras” (El País, 14 de enero de 2024). De 59 millones de ocupados se “benefician” entre el 10 y el 15 por ciento, en el mejor de los casos. Pero aún falta. Según la Ley Federal del Trabajo sólo se aplica el incremento cuando el trabajador percibe como máximo un salario mínimo; para quienes perciben más, sólo servirá como referencia (20 millones de personas ganan entre uno y dos mínimos).

El beneficio no es tan elevado como aparenta, pues el aumento sufre mermas significativas por varios descuentos. La inflación general (4.6 por ciento en 2023) incluye todos los bienes, pero a los trabajadores les importa particularmente la de la canasta básica, normalmente más elevada. Al respecto Proceso, el 11 de marzo, publica: “En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el precio de la canasta básica en los entornos rural y urbano aumentó en un 43.8%, en promedio (…) en el arranque del sexenio la canasta alimentaria mensual valía mil 218 pesos por persona en el campo y mil 600 pesos en la ciudad; montos que, de acuerdo con el Coneval, permitirían cubrir una dieta basada en tortilla, jitomate, frijol, huevo y pollo. En febrero pasado, la misma canasta se ubicaba en mil 756 pesos por persona en el campo, y 2 mil 293 pesos en la ciudad (…) aumentó en 538 pesos entre enero de 2019 y febrero de este año en el entorno rural, y en 693 pesos en las ciudades”. La inflación, pues, se come al aumento salarial.

Vienen luego otros descuentos, que reducen el salario real, dejándolo igual, o peor, que como antes estaba, devorándolo, como ocurrió con su pesca a Santiago, el personaje de Hemingway en El viejo y el mar. ¡Viene el ISR! “Sin el subsidio, este año los trabajadores que ganen un salario mínimo deberán pagar un Impuesto sobre la Renta de 594.1 pesos al mes; el año pasado no pagaron nada. Con el aumento de 20% al salario mínimo este año, las tablas de los subsidios fiscales para el empleo se han visto rebasadas y ya no aplican…” (El Economista, cinco de marzo). Y súmense a ello las cuotas sindicales y la cotización al IMSS. Al final de cuentas, los incrementos no han elevado significativamente el nivel general de vida de los trabajadores: “… entre 2018 y 2020, cuando el salario mínimo aumentó 29 por ciento, la masa salarial como porcentaje de PIB nada más pasó del 33.4 al 35.2 por ciento” (Rebelión, Ramón I. Centeno, ocho de noviembre de 2023). Es más el humo que el fuego.

Más allá de su discutible impacto social, el incremento salarial no es fruto de la lucha obrera, ni de que, para arrancarlo, López Obrador haya enfrentado en singular y feroz batalla a los patronos. “Muchos de los avances fueron puestos en marcha por gobiernos anteriores e impulsados por factores externos. La nueva política laboral mexicana fue en parte producto de la presión de Obama para subir los salarios al sur del Río Bravo y así prevenir más cierres de fábricas de autos en Estados Unidos. En consecuencia, a fines de 2016 fue aprobada una reforma constitucional que fortalecía los derechos laborales, dos años antes de que AMLO llegara al poder (…) los intereses estadounidenses, impulsados por el movimiento sindical de ese país, suavizaron los excesos de la burguesía mexicana. Cuando AMLO fue electo en 2018, ya se había preparado el camino “desde afuera hacia adentro”, como denominan eufemísticamente los académicos a este episodio de intromisión estadounidense en la política laboral mexicana” (Ibid., Rebelión, Ramón I. Centeno).

A mayor abundamiento. “Es uno de los temas (…) que puede afectar las actuales renegociaciones del TLCAN: los bajos sueldos de los trabajadores en México, que sus socios en el acuerdo consideran una competencia desleal. Canadá y Estados Unidos piden que se promueva un incremento sustancial de los salarios mexicanos. Es un requisito para mantener por buen camino las negociaciones del nuevo TLCAN, señalan los funcionarios estadounidenses y los sindicatos de Canadá” (BBCNews, 11 octubre de 2017). Otro ejemplo: “Que los sindicatos reclamen mejoras salariales para los trabajadores de su país es algo normal, pero ¿qué pasa cuando plantean lo mismo para los obreros de otra nación? Eso es justamente lo que hizo la principal federación sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, de cara a las discusiones en curso para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN” (BBC News, siete de septiembre de 2017).

Como resultado de esa presión: “El capítulo laboral del T-MEC incluye como compromisos el contar con leyes y regulaciones para condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos…” (Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Conasami”). López Obrador y los empresarios mexicanos, interesados en el T-MEC, tuvieron que plegarse, y “promover voluntariamente” el aumento salarial: “El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos al final del año” (La Jornada, 10 de agosto de 2018). Idéntica información publicó Forbes el 21 de noviembre. Líneas arriba decíamos que el salario mínimo aprobado para 2019 fue de 102 pesos… ¡exactamente el propuesto por la Coparmex! Los pragmáticos capitalistas mexicanos sacrificaron poco en materia de aumento salarial para ganar mucho más, con la firma del T-MEC, respondiendo así a la condición impuesta por el capital imperialista. De modo que no hay aquí ningún acto de filantropía, ni por parte de ellos ni del Presidente. Y por lo exiguo del logro se ve que tampoco es resultado de la fuerza de los trabajadores mexicanos.

Sigue faltando que éstos se sacudan el control de los sindicatos charros y den auténticas luchas por incrementos salariales verdaderos y generales, por la creación de empleos formales, salarios legalmente obligatorios, contratación colectiva y derechos laborales como prima vacacional, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades. Pero más allá de esas conquistas inmediatas, necesitan organizarse políticamente para tomar el poder y acceder así no a una migaja, sino a toda la riqueza por ellos creada, para no necesitar, ni tener que agradecer, dádiva alguna, que les dan con una mano y les quitan con la otra. Los trabajadores deben aprender a valerse de sus propias fuerzas.