En este sexenio se desdeñó de forma particular la medida del crecimiento económico con el argumento de que eso no beneficia a la población más pobre y que sólo sirve para que los más ricos amasen más y más riqueza. Si bien es verdad que el crecimiento económico no implica por sí mismo la mejora de las condiciones de vida de la población de un país, sí establece una mejor base para la repartición de la riqueza. Cuando una economía crece, también aumenta el valor de bienes y servicios que la población puede consumir y disfrutar; sin embargo, este crecimiento debe ser sostenido y redistribuido. Además, el crecimiento económico aumenta las posibilidades de que haya un Estado fuerte y vigoroso que disponga de los recursos suficientes para impulsar acciones que mejoren las condiciones de la gente que más lo necesita. 

Entre 2018 y 2023, el crecimiento acumulado de la economía mexicana fue de cuatro por ciento, el promedio anual fue de 0.8 por ciento. Sin embargo, el crecimiento del PIB per cápita creció cero por ciento porque, aunque el tamaño de la economía creció, el tamaño de la población también lo hizo en la misma medida. Es decir, no hubo más inversión ni pública ni privada, no crecieron los empleos, para que, fuera de las transferencias monetarias se pueda decir que mejoraron las condiciones materiales de la población.

Muchas de las autoridades miran al nearshoring como una potencial solución a esta falta de crecimiento económico, es decir, que vengan empresas con capitales de Estados Unidos y Canadá, las economías grandes más cercanas, a invertir en alguno de los sectores económicos. Sin embargo, esta solución parece cada vez más lejana, ya que las empresas no ven ventajas reales de anclarse en territorio mexicano. Los bajos salarios ya no son suficientes para atraer inversiones, pues la inseguridad y las deficiencias en las condiciones generales para la producción tienen un peso mayor para ahuyentar a los capitales. El caso más cercano de esto es la empresa Tesla, de capital estadounidense, que fabrica carros eléctricos y no se quiso quedar Nuevo León. Hay también otros casos como la empresa BYD, también de carros eléctricos, pero de capital chino, que desde hace año y medio está anunciando que instalará una planta en territorio mexicano, pero no se concreta nada.

El Inegi registra entre los sectores económicos los de la electricidad, el agua y el gas, y se refiere a la generación, transmisión, distribución y suministro de estos servicios al consumidor final. En este rubro, entre 2018 y 2023, hay una disminución del 30 por ciento de la producción según cifras oficiales. Este sector es fundamental para el desarrollo económico porque comprende las condiciones y servicios generales para la producción; y también para el desarrollo social, porque implica hacer obras y mejorar servicios públicos que mejoren las condiciones de la vivienda de la población más alejada de las zonas urbanas. Con esta producción de energía, los capitales extranjeros actúan con toda racionalidad económica al no querer instalar sus plantas en México. Pero, además, tampoco sienta las bases para que capitales mexicanos inviertan en el desarrollo industrial del país.

Los países pobres como México tienen la urgencia de aumentar la producción de bienes y servicios. Para solucionar la pobreza del país, el PIB por habitante debería crecer 4.3 por ciento durante al menos 10 años seguidos, de acuerdo con requerimientos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; para ello, no es suficiente que el gasto público se concentre en transferencias monetarias, ni siquiera en megaproyectos orientados al turismo. Hace falta que mejoren las obras y servicios en electricidad, agua y gas tanto para la población como para un verdadero desarrollo industrial. Para un gobierno que no está interesado de forma real en el desarrollo económico y social, ésta nunca será una prioridad. El empobrecimiento del país reclama que el gobierno ubique entre sus prioridades la inversión en obras y servicios que promuevan las condiciones necesarias para la inversión privada.