Habitantes de Huitzilan consideran que detrás de las tensiones políticas registradas en los últimos años domina el interés de grupos vinculados al antiguo cacicazgo por recuperar influencia en la vida pública del municipio.
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Luego de que la fiscalía zacatecana imputara los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, presidente municipal de Apulco, fue desaforado y separado de su cargo a fin de que enfrente el proceso judicial correspondiente.
El desafuero fue aprobado por el pleno de la Legislatura de Zacatecas con 28 votos a favor, cero en contra y una abstención contra Jáuregui Muñoz, quien asumió el cargo hace poco más de un mes, lo que obligará a las autoridades a definir en próximos días quién tomará las riendas de Apulco mientras avanza el proceso penal, cuya investigación corresponde a delitos de fuero común.
Al respecto, el fiscal Cristian Camacho Osnaya reveló que también existe otra investigación en curso contra Jáuregui por un delito federal, la cual integra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
Cabe destacar que, para proteger el derecho al debido proceso y la dignidad del imputado, se limitó la información pública sobre el dictamen, remitiendo el texto completo a los correos institucionales de los 30 diputados locales.
Tras la aprobación del desafuero, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas procederá a judicializar la carpeta de investigación y solicitará la intervención del órgano judicial para ejercer acción penal contra Jáuregui, quien será citado a audiencia para formular la imputación de los delitos mencionados.
Habitantes de Huitzilan consideran que detrás de las tensiones políticas registradas en los últimos años domina el interés de grupos vinculados al antiguo cacicazgo por recuperar influencia en la vida pública del municipio.
El gremio pidió investigar la presunta intervención de grupos delictivos en conflictos sindicales y acusó a empresas transnacionales de promover estas prácticas.
Los habitantes del municipio, ni duda cabe, habrán de movilizarse en apoyo a su presidente y exigiendo respeto al derecho popular a decidir, hoy coartado por las huestes de Morena.
Cerca de 2 mil trabajadores de la mina Peñasquito, en Zacatecas, recibirán un reparto histórico de utilidades tras un acuerdo entre el Sindicato Nacional Minero y la empresa Newmont.
Productores agrícolas marcharon con tractores en la capital zacatecana y acusaron al gobierno estatal de ignorar sus demandas mientras destina recursos a eventos públicos.
Según las cifras del SESNSP, los delitos sexuales y la violencia familiar son los que concentran una mayor incidencia.
La medida buscará aliviar la presión financiera del sistema y solo aplicará a nuevos jubilados.
La empresa Minera Camino Rojo, S.A. de C.V. incurrió en una “grave denegación de derechos” al interferir directamente en la actividad sindical de los trabajadores.
La Secretaría del Ayuntamiento de Morena minimizó el caso al señalar que “cuatro elementos no significan nada” frente a los mil 500 que integran la corporación.
El senador rechaza la prohibición interna contra el nepotismo, pese a que su hermano David Monreal es el actual gobernador, y advierte que la decisión debe recaer en la militancia.
El artefacto impactó en la parte trasera del vehículo del alcalde.
El más reciente hecho dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 más heridas.
Habitantes del municipio, quienes cuestionan el presunto uso del dinero público para fines familiares, en un contexto marcado por rezagos en servicios básicos y obras públicas.
Demandan regularización de concesiones vencidas, ya que dicha situación les impide acceder a programas energéticos o resolver adeudos con la CFE.
El mandatario presumió como otro logro de la organización el “Teatro Aquiles Córdova Morán”, sede del evento.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.