Daniel Martínez Garbuno/Trinidad González 

Para el 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO) estimó en cinco billones 814 mil 291 millones 700 mil pesos el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El reacomodo de los montos en los rubros que comprende el paquete ha generado malestar e inconformidad en los diferentes sectores sociales, desde el universitario hasta el de mantenimiento y limpieza en la propia Cámara de Diputados, donde esta semana se discutió la forma en que se distribuirá, en 2019, la riqueza de la nación, es decir, el PEF. 

El nuevo Presidente de México eliminó del PEF los programas sociales que durante el sexenio pasado estuvieron destinados a los más pobres, entre ellos empleo temporal, jornaleros agrícolas, programas para migrantes, seguro de vida para jefas de familia, comedores comunitarios, inclusión social, fomento a la economía social y a las artesanías; redujo drásticamente el presupuesto a secretarías de las que dependen millones de mexicanos de escasos recursos, entre ellas la de Agricultura, y a las instituciones que desde 2017 se encuentran en crisis económica por la falta de recursos como las universidades estatales y nacionales; el dinero destinado para ciencia y tecnología es casi simbólico. 

Fernando Galindo, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, especialista en presupuestos, consideró preocupante lo que se propone con el PEF 2019, sobre todo porque se reducen recursos para programas de alto impacto social, como el de vivienda, que generaba empleos. Incluso para la aplicación de los recursos se cambian los lineamientos, por lo que la situación puede empeorar, dijo en entrevista radiofónica. 

De las 21 dependencias gubernamentales existentes, 13 sufren recortes drásticos mayores al 20 por ciento de lo que obtuvieron en 2018. En ocho de ellas se incrementaron los recursos, siendo los más elevados para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con un 971.8 por ciento de incremento y para la Secretaría de Energía, que tuvo un incremento del mil 2.3 por ciento con respecto al 2018.   

El incremento del 971 por ciento a la STPS se debe a que esta dependencia concentrará el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que otorgará becas –a través de tarjetas bancarias– a estudiantes de entre 18 y 29 años. El gobierno de la Cuarta Transformación (4T) subsidiará a dos millones 600 mil jóvenes con becas de dos mil 400 pesos mensuales para estudiantes universitarios, y tres mil 600 pesos a los que se encuentren capacitándose para el trabajo. En total, este programa de becas tiene un monto asignado de 108 mil millones de pesos.  

Aunque desaparecen casi ocho programas sociales, la Secretaría del Bienestar –antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– fue una de las oficinas premiadas con aumento de presupuesto. Esta dependencia, encabezada por Luisa María Albores tendrá un aumento de 42 millones, al pasar de 106 mil 645 a 148 mil 491 millones de pesos (mdp) que serán destinados, en gran parte, a las pensiones de mil 160 pesos para adultos mayores que el Presidente prometió en campaña. Ocho millones 500 mil abuelitos serán beneficiados cada mes con este recurso, según aseguró la propia Presidencia de la República.  

La Secretaría de Turismo también vio aumentado su presupuesto en 124.3 por ciento, debido a que concentra los recursos para la elaboración del Tren Maya. 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en su documento de observaciones al PEF 2019, calificó así el presupuesto de egresos: “A través de la estructura del gasto se reflejan claramente las prioridades del gobierno, de tal manera que se puede inferir la visión del Estado en cuanto a la eficiencia en la asignación de los recursos (…) es evidente que su enfoque es principalmente asistencialista”. 

Y sobre esto mismo, Nicolás Loza Otero, especialista en teoría social, opinión pública y comportamiento electoral de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), puntualizó: “Todo parece indicar que por ahí se va a construir una estructura de clientelas y dadivas”. 

La dependencia que sufrió el mayor recorte fue la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que registra un 29.4 por ciento de reducción. “Empleo Temporal”, será uno de los programas suprimidos en esta Secretaría. Otras dependencias que sufrirán recortes son Comunicaciones y Transportes (SCT), quien pasa de 84 mil 584 a 66 mil 404 mdp; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 72 mil 125 a 57 mil 343 mdp; además de Cultura, Relaciones Internacionales, Función Pública, Hacienda, la Consejería Jurídica y la Función Pública. 

Estados y municipios, los afectados 

Otros de los damnificados con la nueva asignación de los recursos de la nación son los estados y municipios, quienes, a través del Ramo 23, podían gestionar recursos extraordinarios para la construcción de obras e infraestructura que, por su envergadura, no podrían ser subsidiadas con recursos estatales o locales. Sin embargo, en el PEF 2019, este rubro sufrió un descuento del 70 por ciento de sus recursos. La administración morenista justificó la reducción de recursos del Ramo 23 con el argumento de que este ramo daba pie a “moches” y generaba corrupción. 

El análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con respecto al PEF 2019, identificó las reducciones más importantes del Ramo 23 en las correspondientes a “Proyectos de Desarrollo Regional”. En 2018, estos proyectos contaron con un presupuesto de 17 mil 953 mdp para obras como carreteras, techados, caminos, construcción de aulas, casas de cultura, entre otros; este año, cuenta con cero pesos. 

En la misma situación está “Programas Regionales”, que pasó de dos mil 858 mdp en 2018, a cero, en este año. En ceros también se deja al Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, el Fortalecimiento Financiero y de Seguridad y Monitoreo al Estado de México. 

Ante el cierre de esta llave de flujo de recursos, estados y municipios tendrán que constreñir su capacidad de respuesta y de atención de demandas en educación, salud e infraestructura básica a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, o Ramo 33, que para este año es de 743 mil millones, apenas el 6.6 por ciento más con respecto al periodo pasado. Aunado a esto, y ante la preocupación por los recortes, presidentes municipales y hasta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, han mostrado públicamente su descontento; Alfaro Ramírez aseguró que la “Línea Cuatro del Tren Ligero”, una de las cuatro obras prioritarias en Jalisco, se efectuará a pesar de la negación de recursos por parte de la federación. El PEF tampoco contempla los recursos para la construcción de la presa derivadora El Purgatorio, el libramiento sur de Puerto Vallarta, y el saneamiento del río Santiago. 

El mandatario jalisciense aseguró en Guadalajara: “De una vez, de frente, la Línea cuatro del Tren Eléctrico a Tlajomulco se va a hacer, de alguna forma se va a hacer. No voy a terminar mi gobierno sin hacer una obra por la que luchamos tanto. Con la federación, sin la federación o a pesar de la federación, se va a hacer la Línea cuatro. Yo espero que sea con el Presidente (…). A la gente de Tlajomulco les digo: tranquilos, no pasa nada, vamos a sacar adelante nuestros compromisos”. A la par, anunció que alzará la voz en favor de los jaliscienses y que, de ser necesario, acudirá con los alcaldes de la entidad a la Cámara de Diputados a exigir un mayor presupuesto. 

Alfaro Ramírez también se ha caracterizado por oponerse a la figura de los coordinadores estatales de programas federales, conocidos también como superdelegados, quienes reunirán en una sola oficina las funciones y la operación de las instituciones y dependencias federales, sobre todo la aplicación de recursos y programas federales.  

Sobre los superdelegados, el especialista de la FLACSO, Nicolás Loza Otero, señaló a buzos que con las figuras de los “superdelegados” se atenta contra el federalismo y la autonomía de los estados; y que son parte de la estrategia presidencial para construir una nueva estructura clientelar. “Desde ahí se construirán sus nuevas candidaturas y un uso clientelar, eso es muy delicado, debemos señalarlo; con esta facultad que les está concediendo a los superdelegados, Morena está generando una estructura clientelar”. 

 Por su parte, el columnista Roberto Rock L. aseguró en el diario El Universal que si “los mandatarios estatales albergaban ya crecientes inquietudes con respecto a los fondos con que dispondrán en 2019, el horizonte se nublará más con anuncios que aún no se formalizan (…) Hasta el 40 por ciento de los dineros públicos canalizados a las entidades será controlado por los ‘superdelegados’ designados por AMLO”. 

Universitarios protestan por recortes 

Los recortes de la actual administración también incluyeron a las universidades públicas. Un verdadero contraste, pues mientras AMLO definió una partida presupuestal de mil millones de pesos para la creación de 100 nuevas universidades como parte del programa “Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2018-2024”, 12 instituciones de educación superior estatales se encuentran en crisis económica. 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá una disminución real del 6.3 por ciento. Para 2019 se prevé una partida de 37 mil 277 mdp, mil millones de pesos menos con respecto a 2018. Meses antes a la presentación del PEF, el rector de la UNAM, Enrique Graue solicitó un aumento presupuestal de al menos cuatro por ciento, pues era necesario –argumentó– hacer frente a la dinámica institucional. 

Luego de que Carlos Urzúa presentara el proyecto PEF 2019, la UNAM emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo. “La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM en más de seis por ciento no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina, ni al esfuerzo cotidiano que realiza para atender a una comunidad de más de 350 mil alumnos, además de que pone en riesgo el adecuado cumplimiento de sus tareas sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura”, refirió la institución en un comunicado de prensa. 

“Se va a hacer más con menos”, le reviró a la UNAM el Presidente de la República durante su conferencia matutina del 17 de diciembre. La formula del Presidente es sencilla: “Se va a hacer más con menos porque se acaba con la corrupción y se acaba con el derroche y va a rendir el presupuesto, tiene que rendir más el presupuesto, porque deben terminarse los lujos”. 

“No sé de qué lujos habla este señor. Quienes formamos parte de la administración universitaria sabemos que el presupuesto ya era insuficiente. Este año, sin ir más lejos, donde yo trabajo dejamos de imprimir carteles, separatas de revistas y hasta algunos libros; y no pudimos pagar los derechos de un artículo que queríamos traducir al español. ¿Hacer más con menos? ¿Qué tal grupos de hasta 100 estudiantes por profesor, a cambio de 60 y tantos pesos la hora? Ah, no: eso ya se hace”, expresó en su cuenta de Facebook Juan Nadal Palazón, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. 

Otras universidades que se verán afectadas son la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 7.7 por ciento menos recurso; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) al que se le redujo el 4.9 por ciento de su presupuesto; la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con una reducción del 6.6 por ciento; y la Universidad Agraria Antonio Narro, que apenas operará con 920 millones, es decir 51 millones de pesos menos que en 2018. 

También hay reducción en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la Universidad Abierta y a Distancia, el Programa Nacional de becas. A esto se suman las 12 universidades estatales que actualmente se encuentran en crisis económica porque el presupuesto asignado desde 2017 no les fue suficiente. Sin embargo, los subsidios que agrupan a las universidades públicas estatales, interculturales, tecnológicas y políticas, sufrirán un recorte real de 43.6 por ciento, según el análisis del PEF 2019 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por lo que también este organismo se ha manifestado en contra. 

Amarrando voto clientelar 

Ante estos movimientos del recurso de la nación, especialistas han asegurado que AMLO está garantizado el “amarre de votos” para las elecciones de 2021, principalmente con la entrega de becas a miles de jóvenes y pensiones a adultos mayores, lo que le retribuiría un voto duro de al menos 10 millones 600 mil personas. “Hay un riesgo de que los jóvenes –beneficiados– terminen siendo cuadrillas de militantes del partido (Morena), dijo a este medio Héctor Villareal, director del Centro de Investigación  Económica y Presupuestaria (CIEP). 

En el documento “Implicaciones del Paquete Económico 2019”, el CIEP analizó que existen presupuestos insuficientes para diversas áreas, entre ellas salud y educación, además de la desaparición de programas sociales. A pesar de que el gobierno hace un esfuerzo por recortar gastos de operación, éstos no alcanzarán para destinarse a los programas planteados, de ahí que tengan que recurrir a tomar de otras áreas y dependencias. 

Cuestionado por buzos, Villarreal señaló que el riesgo de asignar recursos directamente a los beneficiarios vía tarjetas se puede interpretar así: “si ahora me estás dando una trasferencia por tal o cual programa, unos años después quiero que le pongas otro nombre, porque me gustaría seguir recibiendo la transferencia. Ahí hay riesgo de clientelismo”. El especialista, dijo, espera que con las becas a estudiantes y las pensiones a adultos mayores no ocurra el uso electoral que le daban otros partidos políticos.