El pasado 30 de marzo fue denunciada en redes sociales la detención arbitraria de cuatro jóvenes a manos de un comando armado cuando ingresaban a una sala de tatuajes de Orizaba; poco después, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aclaró que en realidad habían sido detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado porque portaban armas de fuego, pero no aclaró por qué los agentes actuaron como si se tratara de un secuestro.

En Orizaba no es la primera vez que ocurre un acto de violencia policial como el de finales de marzo. Hace unas semanas, la SSP estatal intervino el cuartel de la municipal sin avisar previamente al alcalde Igor Rojí. Este hecho provocó que los policías auxiliares locales se atrincheraran ante el temor de desaparecer o de ser trasladados a Xalapa sin saber por qué.

La tarde del pasado 30 de marzo, la periodista Abigail Martínez López, hermana de dos de las víctimas, denunció la captura, en su taller de tatuajes “Serpiente Negra Tattoo and Piercing”, supuestamente propiedad del muralista Aldo Daniel Hernández Hernández, mejor conocido como Fize, en pleno centro histórico de Orizaba, quien llegó cuando se realizaba la movilización policiaca.

“Su desaparición y posterior detención, así como el proceso de ésta, ha estado plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. A la sociedad veracruzana pedimos su solidaridad en nuestro caso; a la prensa le solicitamos tenga ética y sensibilidad en el trato de la información, y a las autoridades competentes exigimos respetar las garantías e integridad de nuestros familiares”, escribió Abigail.

Según algunos testimonios, uno de ellos llegó acompañado por su hermano a retocarse un tatuaje; uno de los dibujantes trabajaba con una de las mujeres, cuando de pronto irrumpió el comando. Integrantes del Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba, informaron que los elementos de la patrulla con número SP-2527 “fueron los que se comportaron de una manera muy agresiva verbalmente a nosotros, con tono burlón expresaron que el colectivo no conoce los protocolos y que de nada sirve que estuviéramos ahí”.

Cuestionado sobre estos hechos, en una entrevista, Cuitláhuac García confirmó que los cuatro reportados como desaparecidos estaban detenidos junto a otros cuatro, y que ya habían sido presentados ante el Ministerio Público. “Fueron detenidos, no están desaparecidos, todos están detenidos y ya la Fiscalía dará a conocer el detalle, dejen que tengamos la reunión; lo que hoy se nos informó en la Mesa para la Construcción de la Paz es que no están desaparecidos, están detenidos y presentados ante el Ministerio Público”.

El colectivo convocó a una manifestación pacífica en el Parque Castillo para el dos de abril, durante la cual marcharon más de 200 personas y exigieron justicia para José Rogelio Vásquez López, los hermanos Raúl y Moisés Martínez López –estudiante de ingeniería mecánica y preparatoriano de 17 años, respectivamente–; Adriana Isabel Navarro Cid, de 22 años; Itzel Maricela Moreno y un adulto mayor que llevaba comida al local todos los días.

Familiares y amigos de los jóvenes denunciaron que los estaban difamando y que su detención había sido arbitraria.

“No permitamos que sigan atentado contra la libertad de nuestros jóvenes”, denunciaron en la marcha. El pintor Fize, por cierto, días antes había pintado un mural con técnica de grafiti para resaltar el trabajo social que hacen los integrantes del colectivo.

La escueta respuesta, tanto de la SSP como de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue que habían sido detenidos algunos de ellos por ultrajes a la autoridad y los otros por supuestos nexos con el crimen organizado. Primero liberaron al menor de edad.

Movimientos fallidos de la SSP

Cabe recordar que, el pasado 13 de febrero, luego de un operativo sorpresa de la Guardia Nacional, en el que se pasó revista del armamento, la SSP asumió el control de la policía municipal y detuvo, por unas horas, a dos de los 350 elementos acusados por presuntos ultrajes de la autoridad, aunque posteriormente un juez decretó ilegal la detención.

Lo anterior provocó que un grupo de policías municipales se atrincherara en el interior del palacio, advirtiendo que solo entregarían sus armas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se rehusaron a ser trasladados a la Academia del Lencero en unidades sin rotular.

El entonces presidente municipal –hoy candidato de la Alianza Va por México a la diputación federal por el distrito de Orizaba– Igor Rojí López, intentó ingresar, pero le negaron el acceso; en respuesta a los hechos, acusó públicamente al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, de que ni siquiera le tomaba las llamadas telefónicas.

“Ellos, que habían sido acusados y detenidos, privados de alguna manera de su libertad, hoy están de nueva cuenta con nosotros, con su hermana y con su esposa, para que lo sepan sus compañeros que estaban muy preocupados por ellos”, señaló, mientras uno de los elementos calificó su detención como una arbitrariedad de los elementos de la Fuerza Civil.

“A leguas fue una arbitrariedad por parte de ellos. Se nos estaba inculpando de algo que nosotros no hicimos. En todo momento cooperamos con ellos en cuestión de las preguntas que se nos hacían. En todo momento se vio el maltrato policial de parte de ellos. Nos identificamos como policías municipales, portábamos nuestro uniforme que se nos dota por parte del Ayuntamiento, con la identificación oficial que este Ayuntamiento nos proporciona, a lo que ellos no accedieron y destruyeron incluso nuestras cámaras; nos ultrajaron violentamente, nos pisotearon, nos esposaron sin antes mencionar el por qué estábamos siendo detenidos mi compañero y yo”, explicó Juan Mixtexo Zepahua.

El diputado federal con licencia Héctor Yunes Landa condenó la intervención y promovió un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz (CEDH) para que, en el marco de sus atribuciones, garantice los derechos humanos y garantías constitucionales de los elementos de la policía municipal, pues afirmó que ésta ha sido reconocida como una de las mejor preparadas del país, ya que todos sus elementos han sido evaluados mediante exámenes de control de confianza. El priista insistió en que la detención de dos de sus elementos fue ilegal, como lo confirmó el juez del caso, por lo que obtuvieron su libertad.

Dos días antes, el 11 de febrero, tres policías estatales fueron acribillados en el interior de su unidad, que se encontraba afuera del Servicio Forense. En junio de 2020, otros dos policías, de las llamadas Fuerzas Rurales, fueron detenidos por desaparición forzada.

Otro hecho que atrajo la atención en Orizaba se suscitó en octubre de 2018, cuando seis policías municipales estuvieron involucrados en el asesinato de dos jóvenes hermanos profesionistas justo afuera de su casa.

Abuso policial en Soteapan

El pasado nueve de abril, elementos de la Fuerza Civil agredieron a navajazos y con armas de fuego a Cirilo Hernández López, presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Soteapan, a su hermano Delfino Hernández López, al comisariado ejidal de Las Palomas, Silverio Hernández Cruz, y a otras dos personas (identificadas como miembros del Movimiento Antorchista Veracruzano), que se encontraban a unos metros y ajenos a los hechos.

De acuerdo con su testimonio, el alcalde fue interceptado en el camino que comunica a las localidades sureñas de Las Palomas y El Mirador, por dos patrullas de la Fuerza Civil, quienes lo despojaron de sus pertenencias y lo amenazaron con tirarlo en los límites con Oaxaca –una de las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad– o en Tabasco. Uno de los supuestos elementos, a quien no pudo reconocer, pues usaba pasamontañas, le advirtió que ya lo tenían identificado como líder, por lo que teme por su integridad y la de su familia.

Las tres víctimas se desplazaron al municipio de Acayucan para ser valorados por un médico. Cuando Hernández López intentó interponer una denuncia ante la Fiscalía Regional, le indicaron que Soteapan no corresponde a dicha jurisdicción, por lo que debía presentarla en Tatahuicapan; pero como era viernes, tampoco podía ser recibida en ese momento.

Luego de los hechos, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, aseveró que se trata de una agresión política, por lo que exigió al gobierno estatal de Veracruz y a la FGE su intervención inmediata “o serán considerados cómplices”. Tanto esta dependencia como la SSP se han negado a emitir pronunciamiento alguno al respecto, escudados en la veda electoral.

La misma actitud ha asumido la CEDH sobre los hechos suscitados en Orizaba y Soteapan, en cuyo Indicador de Cumplimiento de las Observaciones, las 10 emitidas en 2020 a la SSP –entre ellas la R-04-2020– ninguna ha sido cumplida. El avance en la recomendación R-05-2020, que se refiere también al presidente municipal de Papantla, lleva apenas un 10 por ciento de satisfacción de parte del edil, pero sin ningún avance en lo competente a la SSP.

En los hechos violatorios de mayor impacto –tortura, tratos inhumanos o degradantes– la CEDH ubica a los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Acayuca, Coatepec y Jilotepec con mayor índice; y entre las alcaldías con más desapariciones forzadas a Xalapa, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Oluta, Córdoba y Coatepec.

En la página de la CEDH ocurre un hecho muy curioso: cuando se consulta el número de quejas de violaciones a los derechos humanos en Veracruz, aparece el informe “error”. ¿Error o coincidencia? Resulta que su titular, Namiko Matzumoto Benítez, recientemente fue ratificada por la mayoría morenista para permanecer en su cargo por varios años más.

Orizaba, ubicada en el centro del estado de Veracruz, es uno de los corredores industriales más importantes, más desarrollados y el que más recursos fiscales genera en la entidad.