Blanca Estrada, de 73 años, es investigada por su posible vínculo con la pérdida de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
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Foto: Internet
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Gobierno de México conocer la verdad y garantizar justicia en torno al paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, cuya desaparición cumple tres años este jueves 15 de enero.
Ambos activistas fueron vistos por última vez en enero de 2023 en el estado de Colima, luego de asistir a una reunión en la que se discutían acciones colectivas contra la empresa minera Ternium, con sede en Luxemburgo.
De acuerdo con los expertos, hasta el momento las autoridades mexicanas no han ofrecido una respuesta efectiva sobre su paradero.
Añadieron que la desaparición ocurrió en un contexto de conflicto entre la compañía minera y la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán, por el control de recursos naturales en una zona fronteriza con el estado de Colima. En ese sentido, los especialistas advirtieron sobre el efecto “amedrentador” de las desapariciones forzadas, las cuales —señalaron— “sirven para silenciar voces críticas”.
Cabe destacar que ambos casos están registrados bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el cual obliga a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a las personas desaparecidas, así como a investigar los hechos.
Asimismo, los expertos subrayaron que las empresas extractivas, con frecuencia, “han sembrado y exacerbado divisiones comunitarias, incitando a la violencia en poblaciones con posturas opuestas” respecto al uso de la tierra y los recursos naturales.
Finalmente, instaron al Gobierno mexicano a reforzar la protección a los defensores de derechos humanos y a cumplir con sus obligaciones internacionales, entre ellas investigar la desaparición forzada, realizar una búsqueda activa, determinar la suerte y el paradero de las víctimas, y sancionar penalmente a los responsables.
Blanca Estrada, de 73 años, es investigada por su posible vínculo con la pérdida de grabaciones captadas por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.