Las reformas energéticas promulgadas hace dos meses por la presidenta Claudia Sheinbaum para devolver la soberanía energética al país no ha sido suficiente. Hoy, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las empresas públicas más endeudadas del mundo. Sumado a que, en varias regiones, se presentan apagones recurrentes, resultado de una insuficiente producción de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pemex se ha convertido en una de las compañías petroleras más endeudadas del mundo. De acuerdo con sus estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025, la deuda de la compañía paraestatal asciende a más de un billón 970 millones de pesos (mdp), cifra que alcanzaría para construir alrededor de siete mil 579 estadios como el Azteca. 

Esta cifra coloca a la empresa mexicana en el primer lugar de las paraestatales con mayor deuda, únicamente seguida por la rusa Gazprom y la francesa TotalEnergies. 

De manera específica, la petrolera del Estado mexicano pasó de una deuda de 425 mil 219 mdp a 561 mil 781 mdp en un corto plazo, lo que se traduce en un incremento de 32.1 por ciento. También adeuda 100 mil 221 mdp por vencimientos a proveedores. 

Al cierre del primer trimestre de 2025, el saldo de las deudas que la empresa debe pagar a proveedores y contratistas en el plazo de menos de un año corresponde a 404.4 mil mdp. Este monto es 10.9 por ciento mayor al reportado el 31 de marzo de 2024, cuando ascendió a 364.8 mil mdp.

A este panorama negativo se suma la deficiente producción de petróleo y combustibles. Durante los primeros tres meses de 2025, el procesamiento de crudo de la empresa cayó 11.3 por ciento anual, es decir, ya no produjo 1.615 millones de barriles diarios.

La propia empresa reveló que la demanda interna de crudo crecerá sostenidamente hasta alcanzar un máximo de un millón 700 mil barriles diarios para 2035; sin embargo, el ritmo actual de producción es evidente que no cumplirá con la producción del hidrocarburo, principal fuente energética del país. 

Los problemas en Pemex alcanzan a los trabajadores. La agencia Bloomberg Línea reveló hace poco que la paraestatal prevé un recorte de tres mil 114 puestos de trabajo, principalmente plazas de confianza, lo que le generaría un ahorro de 10 mil 494 mdp. Esto sucedería a pesar de que la primera mandataria prometió que no habría recortes en Pemex, según la nota.

CFE en el mismo camino

Las reformas en materia energética que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no se limitaron a Pemex, también incluyen a la CFE y cambios a la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, entre otras.

Expertos en el sector afirman que, si no se aplican medidas urgentes, el futuro energético del país se arriesgará, principalmente en el abasto de energía eléctrica para las familias mexicanas. Por los resultados actuales de Pemex y CFE, los expertos anticipan que la administración de Claudia  no logrará llevar a México a la autosuficiencia energética en el corto plazo, como lo prometió su antecesor. 

La generación de energía y producción de petróleo en México se complica y a largo plazo tiene el desafío principal de cumplir con la creciente demanda interna, así como ajustarse a los estatutos y regulaciones internacionales del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el país, la CFE es la única empresa autorizada por el Gobierno Federal para prestar servicios de transmisión y distribución de electricidad, mientras que Pemex ostenta la exclusividad para explotar el petróleo y gas natural en territorio nacional y sobre la asignación de áreas petroleras, incluso en esquemas mixtos con privados. 

Con este panorama en el sector, México experimentó una caída en el Índice de Independencia Energética (IIE) de 0.969 en 2015 a 0.721 en 2023, año del que se tiene registro. Es decir, la nación redujo su capacidad para cubrir la demanda de energía con producción propia.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló en un reporte que las expectativas para 2037 indican que la demanda eléctrica aumentará alrededor de 2.5 por ciento anual. Esto implicaría que, en casi dos décadas, el país necesitará generar cerca de 44 por ciento más electricidad que en 2022.

Las consecuencias de la insuficiente capacidad de transmisión, falta de generación para cubrir la demanda y los problemas de distribución ya se experimentan hoy. El pasado 25 de marzo falló la central de Cogeneración Nuevo Pemex, en Tabasco, lo que ocasionó un apagón en Cancún, Quintana Roo, que se extendió a municipios como Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel.

Casi un año atrás, del siete al nueve de mayo, al menos 10 entidades federativas fueron afectadas por apagones. A decir del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el problema se debió a la demanda excesiva de electricidad provocada por las altas temperaturas en el país.

Mansur Solar, empresa en sistemas fotovoltaicos de la región Bajío, indicó que la capacidad instalada en México ronda los 89 mil megavatios (MW) ‒cifra que podría iluminar alrededor de 11 veces la Ciudad de México y el Estado de México)‒ con una generación promedio de entre 37 y 45 mil MW.

Sin embargo, también señaló que el crecimiento de la nueva capacidad reporta únicamente dos por ciento anual, lo que “sugiere que, en unos años, la red energética mexicana podría colapsar debido a la brecha entre la demanda y la capacidad de generación”.

Tres sexenios de reformas

La legislación energética mexicana ha experimentado diferentes cambios en el reciente periodo; sin embargo, los más relevantes sucedieron durante los últimos tres sexenios. Con Enrique Peña Nieto al frente del Gobierno Federal, cuando se promulgó una serie de modificaciones al sector que se alinearon con los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, porque buscó fortalecer al Estado, democratizar la economía y ampliar los derechos sociales.

Así, en el Artículo 25° constitucional se agregó el concepto de “empresas productivas del Estado” para regir a la CFE y a Pemex y se eliminó la restricción del Artículo 27° constitucional, que impedía utilizar contratos con privados para la extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Estos cambios no alteraron el control de propiedad que el Estado tenía sobre los hidrocarburos y mantuvieron la prohibición de otorgar concesiones y derechos sobre recursos naturales a particulares, ya que solamente permitieron la participación de la iniciativa privada en la exploración y extracción a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos.

De esta manera, se permitió que el sector privado participara directamente en la cadena productiva de energéticos después de la extracción, incluyendo el transporte de crudo, gas natural y derivados.

Adicionalmente, se reestructuró la empresa productiva del Estado y sus subsidiarias en dos nuevas divisiones: Transformación Industrial y Exploración y Producción; cambiaron las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de la empresa; y se estableció una política nacional de fomento a las compras de proveedores del sector.

Bajo este nuevo esquema, Hokchi Energy, operada por la filial mexicana de Pan American Energy de la familia argentina Bulgheroni, se convirtió en la primera empresa privada en realizar trabajos de perforación.

En torno a la energía eléctrica, se abrió un mercado para la generación, sin que el Estado perdiera el control del sistema eléctrico nacional ni la exclusividad en la transmisión y distribución, para que se impulsara el sistema eléctrico nacional conjuntamente por la CFE y particulares y reducir costos para elevar la productividad y eficiencia del sistema.

También se otorgó mayor libertad a la CFE en aspectos operativos y organizacionales y se establecieron certificados de energías limpias para impulsar la producción mediante tecnologías de generación eólica, geotérmica, hidráulica, solar y de biomasa.

En 2018, AMLO envió un conjunto de reformas al Congreso de la Unión en las que se incluía una “contrarreforma” energética. Esta modificación pretendía cambiar los intereses de las empresas estatales. Mientras que Enrique Peña Nieto buscó atraer mayor inversión al sector energético para impulsar el desarrollo, la propuesta de AMLO pretendía recortar las ventas de energía de proyectos privados provenientes del extranjero.

Otra diferencia consiste en que la administración obradorista pretendió que la CFE se responsabilizara enteramente de la electricidad, ofreciéndole control total sobre el Sistema Eléctrico Nacional y la generación plena.

Los gobiernos de Morena prometieron llevar a México a la soberanía energética y fortalecer al sector; sin embargo, esto no se ha logrado; muy por el contrario, endeudaron a Pemex y la corrupción campea en la CFE, al grado de que los consumidores de varias regiones padecen los apagones. 

Reformas restringen la participación privada

Inicialmente, las reformas han generado desconfianza entre el capital privado, que podría verse reflejada en la falta de fondos para nuevos proyectos de generación, exploración y producción, que disminuirían la capacidad para atender la creciente demanda energética del país, retrasos en la transición hacia energías limpias y, eventualmente, mayores costos operativos.

Raúl Cedeño, fundador de la firma consultora experta en el sector energético Cdño & Jech, explicó a buzos que la reforma morenista otorga preponderancia a ambas empresas energéticas estatales para que decidan sobre la participación del sector privado.

Para Cedeño, “definitivamente se trata de un esquema complicado porque las reglas no son claras en términos de participación en contratos mixtos”, pues “la forma de invertir ya no tiene una estructura tan fuerte que genere un margen de confianza para los inversionistas”.

Por su parte, Ramsés Pech, analista con amplia trayectoria en el sector, comentó a este semanario que las nuevas leyes solamente son una “adecuación de la Reforma Energética de 2013”, por lo que consideró que “no hay un plan energético a largo plazo”.

En cuanto a las nuevas disposiciones, explicó que quien asumirá los riesgos financieros de asociarse con la empresa petrolera estatal será la iniciativa privada, sin que este órgano pueda decidir sobre las operaciones, además de disponer únicamente de su propio flujo de efectivo.

“¿Qué compañías pueden tener su propio flujo de efectivo para que una matriz le dé a una empresa? Sólo compañías como Halliburton, Waterford, Schlumberger; porque BP, Shell y todas las demás no operarán en campos con Pemex”, añadió.

Otro factor de desconfianza fue mencionado por Pech: bajo el esquema anterior, cuando la petrolera retiraba un contrato a cualquier empresa con el argumento de “interés nacional”, los privados podían acudir a instancias internacionales, porque se regían por la ley mercantil. Sin embargo, con ambas compañías regresando al concepto de “empresas públicas”, los entes privados sólo se enfrentarán a la burocracia estatal.

Replantear el modelo energético puede evitar una crisis

Con la reforma, como se encuentra ahora, sin un marco regulatorio claro y sin reglas estables y certidumbre jurídica para el mercado energético en el que pudieran participar privados, el país podría quedarse rezagado en la carrera hacia la modernización de la infraestructura energética e imposibilitado para cumplir con los compromisos climáticos mundiales.

Al respecto, Pech explicó que las decisiones consideradas por el Estado respecto a la operación del sector energético, es decir, las empresas energéticas estatales, no generan ingresos y recibirán inversiones de recursos públicos, quitando a otros sectores, como la inversión pública en servicios e infraestructura; de esta forma es como salimos perdiendo los ciudadanos. 

Al consumidor “el cambio de las leyes en un sentido pragmático no le afecta en forma directa, le afecta en forma indirecta con base en las decisiones financieras, económicas y de políticas públicas energéticas”, aseveró.

Ante esto, sugirió que el gobierno necesita destinar más inversión en tecnología y ofrecer “un plan energético a largo plazo que respete la Constitución y en el que se determinen objetivos específicos, no sólo en la forma en que se genera la electricidad, sino cómo retirar los combustibles fósiles”.

Raúl Cedeño consideró necesario y primordial “atender el marco jurídico para otorgar una aplicación efectiva a todos los actores energéticos, con reglas del juego bastante claras”.

También apuntó que se debe tener “más apertura en inversión de proyectos de energía y las implementaciones adecuadas para lograr que ese capital se capte y se generen proyectos estables”. Asimismo, reveló que será necesario prestar atención a CFE y a Pemex “como empresas que requieren una administración mucho más sensata”, pues “si las dos estatales serán las que den rectoría para cumplir con los objetivos de desarrollo de la Presidenta, deben tener una mejor administración y un carácter mucho más técnico y operativo”.

México Evalúa, centro de investigación de políticas públicas, advirtió que las estrategias gubernamentales “han drenado los recursos públicos sin generar mejoras estructurales en el sector”, por lo que “es necesario un replanteamiento que priorice la eficiencia y la viabilidad financiera”.

El centro sugirió una solución viable: “gestionar el sector energético mediante una política industrial diseñada a la medida del país”, con un “esquema de incentivos que premie la eficiencia, la innovación y la productividad, al tiempo que sancione las ineficiencias. Este enfoque no sólo optimizaría el uso de los recursos públicos, también impulsaría un cambio institucional, productivo y tecnológico que fortalezca la competitividad del sector energético en el largo plazo”, destacó.

Si no se aseguran medidas al respecto, la perspectiva no mejorará. Para Cedeño, la administración de Sheinbaum no logrará llevar a México a la autosuficiencia energética, pero podría sentar las bases para hacerlo.

En el mismo sentido, Ramsés Pech consideró que México no alcanzará la soberanía energética en ningún momento, pues “no existe en el mundo soberanía energética absoluta. Todos los países importan algo”. No obstante, indicó que, para mejorar el panorama del sector, debe considerarse implementar más tecnología en la generación de electricidad; mientras que, para el rubro de hidrocarburos, la extracción y refinación no son prioridades, sino debe enfocarse en la comercialización.