Las calles de la Ciudad de México (CDMX) y de otras capitales del país se parecen cada vez más a las de muchas ciudades de Estados Unidos (EE. UU.), como Los Angeles, San Francisco, Nueva York, Chicago y otras; este parecido no tiene que ver con el embellecimiento urbano ni los iluminados centros comerciales, sino con el notable incremento de personas en situación de calle, los homeless, los indigentes; las causas son diversas: drogadicción, desempleo, precarización extrema, violencia familiar, migración o enfermedades mentales. Independientemente de los motivos por los que un individuo se ve obligado a pernoctar y realizar actividades privadas en la vía pública o protegido apenas con cartones y cobijas, este fenómeno creciente exhibe plenamente el fracaso estructural de un sistema incapaz de garantizar una vida digna para todos y su crecimiento es un indicador de la decadencia del modelo económico imperante en ambos países: el capitalismo.

Un documento del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) define la población en situación de calle, potencialmente población indigente, como un grupo social diverso conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas mayores, gente con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general, el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público y utilizan recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales.

El documento especifica: “Este fenómeno está asociado al de la extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados y la inexistencia de vivienda convencional regular; factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacios de vivienda y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares administrados institucionalmente como albergues o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisorias”.

Podría pensarse erróneamente que el problema se deriva sólo de la falta de vivienda, pero el fenómeno es más profundo; solamente como ejemplo, se expone aquí el caso de California (EE. UU.) donde, según una investigación publicada en junio de 2023 por la Universidad de California en San Francisco (UCSF), las personas pasaron primero por una situación de salud precaria, traumas y pobreza extrema. Según el documento, el ingreso familiar de esas personas promediaba 960 dólares mensuales, aun cuando el salario promedio de los estadounidenses ronda los tres mil 858 dólares al mes; sin embargo, ahora 171 mil personas se encuentran en situación de calle y son víctimas, además, del consumo de fentanilo, lo que impacta directamente en sus condiciones de vida. La investigación también reveló que la cuarta parte de las personas en esa condición registradas en la ciudad eran afrodescendientes, aun cuando este segmento representa apenas el seis por ciento de la población. Esto significa que el problema no se debe sólo a la falta de vivienda, sino a cuestiones raciales y de segregación.

Y así como en Filadelfia o California… “éste es el paisaje de la CDMX, güero. ¿Has visto las carpas detrás del muro de contención, sobre la Avenida Zaragoza? ¿Cómo llega ahí la gente, verdad?”, me preguntó un taxista.

Y pese a que el gobierno ha emitido reglamentos como la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Salud y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el nivel federal, así como la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal (ahora CDMX), es evidente que la población en situación de calle y la indigencia se incrementa en México cada día que pasa.

Especialistas sostienen que se trata de un fenómeno complejo, resultado de muchos problemas estructurales. “Es multicausal; por ejemplo ser pobre, migrante y étnicamente diferente implica un proceso con una fase de riesgo, una fase inicial y una de arraigo en la que la persona asume, como parte de su identidad, el hecho de ser de la calle; y es relacional: se da a partir de la interacción del individuo con su entorno social y natural. Por eso resulta tan difícil abordarlo científicamente”, advierte, en un escrito publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alí Ruiz Coronel, del Instituto de Investigaciones Sociales.

Por eso las políticas públicas impulsadas para combatir el problema se convierten, inevitablemente, en paliativos; a veces ni siquiera se desarrollan tales políticas porque no existen conteos serios, “metodologías homogéneas” o “se les responsabiliza de su condición”, en lugar de atenderlos por ser poblaciones vulnerables, como reveló, entrevistado por buzos, Enrique Hernández, director de Caracol, una organización mexicana sin fines de lucro dedicada a atender a población que vive en la indigencia. Y continúa: “además, no digo que sea de esta administración; en todas las que he estado desde hace 31 años he visto que a los servicios sociales del Estado nunca se les ha invertido lo necesario para que sean de calidad: que los baños estén limpios, que el personal se capacite, que tengan los medicamentos suficientes; como es un servicio social, parece que tiene que ser de mala calidad”, sentenció el experto.

Violencia familiar y adicciones

En 2016, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la CDMX estableció que las personas terminan en situación de indigencia debido a la violencia familiar (59 por ciento de las personas encuestadas), y el consumo de drogas (11 por ciento), como la segunda causa.

En 2017, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX presentó los resultados preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras de la Secretaría de Inclusión y Bienestar (Sibiso), antes (Sedesol), que logró contabilizar a cuatro mil 354 personas que vivían y sobrevivían en las calles de la CDMX y dos mil 400 personas que habitaban albergues públicos y privados. “En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se propuso hacer un conteo real; lamentablemente, se vino la pandemia y el conteo tuvo que suspenderse; pero en 2017 hicieron un conteo con ayuda de la sociedad civil, nosotros participamos; y es así como se logró un conteo más o menos claro: estaban en esa situación cuatro mil 354 personas en la CDMX y dos mil en albergues; o sea un total de seis mil 354”, aclara Enrique Hernández.

La información difundida por el secretario de Desarrollo Social destaca que el 39 por ciento de las personas se encuentran en situación de calle debido a problemas familiares, mientras que el 28 por ciento lo está a causa de problemas económicos o desempleo. En estas cifras preliminares se encontró que el 100 por ciento de las personas en situación de calle refiere alguna adicción, la mayoría padece alcoholismo (39 por ciento);  32 por ciento consume tabaco y 29 por ciento reconoce dependencia de otras drogas, principalmente inhalantes (34 por ciento) y mariguana (27 por ciento).

Han pasado ya cinco años y actualmente se observan casuchas y cada vez más personas en situación de indigencia en diversos puntos de la ciudad; esto significa que la cifra de personas sin hogar o indigentes se incrementó.

“Nunca me llevé bien con ella: a mi jefe ni lo conocí; pero con mi mamá nunca conviví, no nos llevamos muy bien; como me abandonó, la neta nunca se hizo cargo de mí, pues no, no tenemos ni de qué hablar, ni nada en común”, comenta un joven en situación de calle que, según relata, en sus buenos tiempos, cuando fue boxeador semiprofesional, le llamaban “Elvis, el Rey del barrio”. 

Y continuó: 

“Ya estuve en el reclu”.

–¿Andabas moviendo droga?, interrumpí.

–“Sí, anduve en la maña, pero pues ya no; no quiero volver a eso. Pues es dinero fácil, ¿ves? No vale la pena. Pero es con lo que creces; está en tu entorno, andábamos pisteando, haciendo mamadas. Te metes de todo, perico, cristal, goma, solventes; igual vendes de todo. No me arrepiento, pero no lo volvería a hacer”.

Falta de vivienda, factor determinante

Aunque la carencia de un sitio dónde vivir no es el único factor para caer en la indigencia, la falta de vivienda sí representa un problema fundamental. La Presidenta de la República ha reconocido que en México existe más de medio millón de viviendas abandonadas o irregularmente ocupadas; pero, al mismo tiempo, una cuarta parte de la población total del país enfrenta algún tipo de riesgo en sus alrededores, como deslaves o hacinamiento. Esto quiere decir que, por un lado, más de nueve millones de personas carecen de los medios económicos necesarios para acceder a una vivienda digna y, por otro, unas 600 mil casas no pertenecen a nadie.

“Llevo 15 días cantoneando en la calle, carnal, me corrió el rentero. Mi mujer se fue a la casa de su mamá con mi hija… (respira como cansado y, al mismo tiempo, resignado; luego continúa) mi vieja me dijo que no hiciera pedo; pero me da tristeza porque ahora vivo en la calle por no pagar un mes de renta y mi hija acaba de nacer, carnal: no sé qué hacer, no tengo cantón y la gente cree que es bien fácil, creen que es por huevón. Me pagan 200 varos al día, con eso como, le compro algo a mi nena, pañales o leche; tengo que pagar baños, regaderas, y ya se me fue el dinero: no haces nada con eso”, narró para buzos Elvis, quien antes residía en los Reyes, La Paz, y ahora duerme en las calles y parques del Centro Histórico de la CDMX. 

En contraste, el sector inmobiliario aumenta; y para prueba, estimaciones de la consultoría Softec revelan que este sector planea invertir 652 mil millones de pesos (mdp) en 2025, lo que representa un crecimiento aproximado de 15 por ciento anual; esto significa que el negocio es redituable. Desalojan casas y construyen hoteles o casas más caras, como ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando el pasado 16 de mayo desalojaron a varias familias “mediante resoluciones legales cuestionables”, denunció Rita Celia Contreras Ocampo, dirigente del colectivo Movimiento Nueva Aztlán. Predios que ahora están, según este colectivo, en manos de poderosas inmobiliarias.

Indígenas y migrantes, los más vulnerables 

En el último conteo publicado por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), la zona en la que se detectaron más personas migrantes pertenece a la alcaldía Cuauhtémoc, donde se albergan 616 extranjeros, más del 50 por ciento del total. Éste es otro problema estructural que ninguna pólítica de paliativos puede resolver y que se agrava desde hace varios años debido al endurecimiento de las leyes antiinmigrantes en EE. UU.

Tan solo en la CDMX existen dos campamentos migrantes: uno de ellos se ubica en la colonia Vallejo y el otro en la plaza de la parroquia de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Esta población busca cruzar a EE. UU., pero a veces permanece un largo periodo en la ciudad hasta que logra ahorrar algunos pesos para continuar su travesía, pues muchas veces son familias completas las que emigran. Llegan de Centroamérica a Chiapas, donde abordan autobuses baratos y se instalan en la CDMX, donde aparentemente no encuentran restricciones violentas de la policía y se establecen en campamentos improvisados; sin embargo, aquí se enfrentan a condiciones insalubres, al crimen organizado y a la indiferencia gubernamental. Así lo detalla Jaden, un inmigrante que actualmente trabaja en uno de esos campamentos cortando el cabello; llegó hace tiempo con su familia, no se ha enfrentado con los uniformados “pero sí con la vida… ahorita estamos viendo a dónde nos vamos a dormir, porque los hoteles están muy caros”, señaló hace varias semanas, entrevistado por buzos; hoy se ha establecido en uno de estos campamentos, pero sabe que esta solución sólo es un pequeño respiro, porque las autoridades ya les han notificado que serán desalojados de ese sitio argumentando que tratan de “salvaguardar la integridad de las personas en contexto de movilidad”, como ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando retiraron el campamento situado en la Avenida de los 100 Metros, en la alcaldía Gustavo A. Madero; sin embargo, la aparente intención humanitaria de los funcionarios morenistas no puede ocultar lo que significa para las familias migrantes quedarse sin este último refugio: “fue un acto muy feo, derrumbaban casas aún con las familias adentro”, reveló al diario El Universal José Manuel, quien vivió este desalojo.

Otro sector que sufre la indigencia es el de las personas provenientes de algún pueblo indígena. Un niño no mayor de 10 años, con los pies descalzos, estira una y otra vez la manita para conseguir una moneda de los automovilistas que pasan sobre Viaducto; con un calor sofocante que hace hervir el asfalto… una locura. Más adelante, un grupo de personas dedicadas a limpiar parabrisas dice que su vida es dura, pero que no se compara con “Los Chiapas”, población indígena que potencialmente termina en la indigencia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostiene que la alfabetización empodera a las personas y mejora la vida al ampliar sus capacidades, reduce la pobreza, aumenta la participación en el mercado laboral y tiene efectos positivos en la salud y el desarrollo sostenible; las mujeres alfabetizadas –dice– provocan un efecto dominó positivo en todos los aspectos del desarrollo; aprender a leer y escribir les brinda mayores opciones de vida y una repercusión inmediata en la salud y la educación de sus familias, particularmente en la educación de las niñas. Pero esta teoría no alcanza para modificar la vida de los menores indígenas migrantes.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, siete millones 364 mil 645 personas de tres años y más, hablantes de alguna lengua indígena en México, lo equivalente a 6.1 por ciento de la población total de ese rango de edad, se vieron obligadas a salir de sus pueblos debido a las carencias que les rodean, como la falta de oferta educativa y oportunidades para cursar estudios del nivel básico, pues este sector registró un promedio de escolaridad de 6.2 grados (equivalente a primaria completa). La escolaridad es menor que la de quienes tienen 15 años y no hablan alguna lengua indígena, sector en el que se registró un nivel de 10 grados de escolaridad; mientras que la escolaridad general fue de 9.7 grados.

Un mal que se normaliza

Existen otros factores que empujan a un individuo a la indigencia: el abandono escolar, los deficientes servicios de salud, la violencia o la falta de espacios públicos accesibles, indicadores que reflejan la desigualdad social y que, estando a la vista de todos, los gobiernos insisten en normalizar.

Rigoberto Hernández Delgado, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, denuncia la normalización del problema y señala que “resulta necesario efectuar un análisis detenido sobre la modalidad operativa que convierte a la norma en un principio de producción y de control político en extremo eficaz en la sociedad moderna. Esta modalidad puede denominarse normalización”.

La desigualdad social es el mayor de los peligros a los que se enfrenta toda persona, pues supone una diferencia en el acceso a distintos espacios, oportunidades, bienes y servicios; la falta de protección, de seguridad alimentaria y oportunidades laborales representa el principal obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos; todo esto padece la población en situación de calle, señala la Fundación Pro Niños, citando un documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Para Pilar Barrios, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la población vulnerable que habita en las calles es un síntoma del deterioro en el tejido social: “Las familias y comunidades no han tenido la capacidad de arraigar a sus miembros”. Así, “la violencia, la falta de reconocimiento, aceptación y poca oportunidad de desarrollo son factores que aumentan el número de personas que llegan a la calle”.