El Reporte Especial de esta semana nos habla de las múltiples funciones de un grupo creado en este sexenio: los Servidores de la Nación, empleados del Gobierno Federal y activistas de Morena; promotores del voto y encargados de enlistar a beneficiarios de programas sociales, promoviendo, con la entrega de apoyos monetarios, la figura presidencial para garantizar votos a favor de los candidatos del partido gobernante en los próximos comicios.

Si en sexenios anteriores el candidato triunfante convirtió a sus promotores del voto en funcionarios públicos, asignándoles buenos sueldos y diversas funciones importantes, como levantar el padrón para las siguientes elecciones, enlistar a los beneficiarios de los programas sociales; supervisar, coordinar y vigilar importantes programas como la aplicación de vacunas contra terribles epidemias… si Presidentes electos del pasado premiaron a los promotores del voto de su partido, asegurándoles un brillante futuro… si en el pasado, un partido en el gobierno podía ahorrarse el pago de miles de sus activistas, porque la administración pública absorbía este gasto… en fin, si todo esto sucedía con gobiernos anteriores, entonces los mexicanos permanecemos anclados en el pasado gracias a la “Cuarta Transformación” y sus engendros, como los superdelegados y los “servidores” de la Nación.

Lo que estamos presenciando en México durante este periodo electoral es la historia de siempre, solo que enriquecida con las experiencias electorales de 2018, con la campaña de promesas de apoyo con programas sociales, una manera “refinada” de comprar los votos. Afortunadamente, muy pronto la realidad mexicana ha comenzado a desmentir tantas promesas descabelladas y autoalabanzas de honestidad, rectitud moral, democracia y combate a la corrupción como características esenciales del “nuevo régimen”.

La estrategia de cargar al erario el pago de una maquinaria electoral que garantice la continuidad en el poder del partido gobernante es parcial, inequitativa, antidemocrática y abusiva; atenta contra el derecho de los demás partidos, de los otros candidatos y de todos los ciudadanos; los opositores no tienen la posibilidad de usar los recursos públicos para influir en la población ni para financiar sus actividades y efectuar su labor propagandística; han quedado en desventaja frente al aparato electoral del Estado, encabezado por el Primer Mandatario; por lo tanto, este proceso es injusto e ilegal.

Estos posibles excesos del poder público, de los funcionarios –principalmente del Poder Ejecutivo– están prohibidos por la ley en reglamentos y artículos constitucionales que hicieron necesaria la creación de un instituto autónomo encargado de vigilar la vida electoral y con facultades para evitar irregularidades y delitos por parte de cualquier participante en los comicios, incluidas las autoridades y el propio Presidente de la República, obligando a todos a respetar la Ley Electoral y con facultades para sancionar a quien transgreda los preceptos constitucionales en esta materia; esto no es coartar la libertad de expresión, sino garantizar el respeto a las libertades y derechos de todos los individuos; por eso no tienen razón el Presidente y todos sus correligionarios, que pusieron el grito en el cielo cuando el INE dictaminó que no deberían transmitirse de manera íntegra las conferencias “mañaneras” y acusaron a su titular de atentar contra la libertad de expresión y otros derechos del Presidente; el titular del Poder Ejecutivo no es cualquier ciudadano, sino el representante de todos los mexicanos, cuya mayoría le confirió un poder excepcional no para abusar de él sino para impedir todo atropello y poner el ejemplo de equidad, imparcialidad y respeto de la ley en materia electoral; ya no solamente es servidor de su partido, aunque también proteja sus libertades y derechos, ahora la protección se la debe también a todas las organizaciones políticas.

Pero los lineamientos de las autoridades electorales no han sido respetados por el Poder Ejecutivo; hace tiempo que el Presidente abusa de su investidura utilizando recursos públicos para promover su imagen y garantizar el triunfo de su partido en las próximas elecciones.

La vieja maniobra no ha pasado completamente desapercibida para el pueblo; los comentarios surgen y se abren paso; las críticas abundan y van desde la preocupación y el asombro hasta la indignación y la condena por el uso del poder para inclinar el proceso electoral en el sentido que convenga al gobierno y su partido, al más puro estilo de quienes estuvieron al frente del país 90 años antes de Morena.