Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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¡El Tren Maya va! Es la expresión triunfal con que el Presidente de la República y el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) cierran cualquier posibilidad de suspender, modificar o siquiera discutir uno de sus megaproyectos: el tren que, según ellos, desarrollará social y económicamente el sureste del país, específicamente los estados comprendidos en la zona donde habitan los descendientes de uno de los pueblos de cultura más desarrollada desde antes de la conquista española; pueblos que, en el momento actual, se oponen a la realización de una obra que, según el Gobierno Federal, los beneficiará mejorando su situación económica y sus condiciones de vida en general. El Tren Maya es un fiel retrato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su 4T: la decisión de construirlo es irreversible; no solo no se aceptan argumentos contrarios a su ejecución, no se les prestan oídos y, si es posible, se les impide expresarse, se les descalifica llamándolos “seudoambientalistas”, acusándolos de servir a grupos de poder o de ser contrarios a los intereses del pueblo mexicano.
Todos deberíamos preguntarnos por qué, a pesar de todas las promesas de prosperidad y desarrollo, en la mayoría de los estados de la región maya surgieron de inmediato la inconformidad y el rechazo a un proyecto tan encomiado por la 4T, rechazo que este gobierno atribuye a la mala influencia de grupos opositores a su gobierno, negando así la capacidad de estos pueblos de dilucidar cuáles son sus propios intereses y cuáles los ajenos; AMLO y su gobierno consideran que, siendo dueños absolutos de la verdad, ninguno de sus proyectos puede adolecer de falla alguna.
Actitud diferente es la de estos pueblos, que tuvieron el acierto de escuchar la opinión de gente preparada, de sociólogos y ambientalistas que les advirtieron los peligros, los aspectos negativos de tal proyecto y la debilidad de los argumentos oficiales; esto reforzó en ellos la voluntad de luchar por sus tierras y defender su entorno; los convenció más el razonamiento que las promesas y el discurso demagógico. La lucha se ha intensificado y se extendió de Chiapas a toda la Península de Yucatán. Las movilizaciones y bloqueos, la resistencia frente a la presión para que vendieran sus tierras, su defensa legal, las peticiones de amparo ante el Poder Judicial han tenido algunos avances; sin embargo, el gobierno de la 4T ha sabido maniobrar y usar su poder para deshacer el obstáculo que representa la lucha de los pueblos mayas; en otras palabras, sabe cómo atropellar la ley para burlarse de las órdenes giradas en contra de su megaobra y puede vencer la resistencia de algunos funcionarios, como se ejemplifica en nuestro Reporte Especial.
¡El Tren Maya va!, aunque los directamente afectados protesten; aunque se demuestre que los pueblos mayas no saldrán beneficiados, sino las empresas constructoras, comerciales y turísticas. ¡El Tren Maya va!, aunque los habitantes del territorio maya opinen lo contrario, porque no se trata de convencerlos, es una decisión que se tiene que cumplir. ¡El Tren Maya va!, aunque los defensores del medio ambiente se opongan y presenten argumentos convincentes; los discursos y promesas pesan más que los razonamientos complejos, que el Presidente no desea escuchar. ¡El Tren Maya va!, aunque organizaciones sociales de muy diversa índole en México y en otros países se manifiesten contrarias a un proyecto devastador. ¡El Tren Maya va!, aunque se demuestre que los bosques se destruirán, que los mantos acuíferos se agotarán, que los suelos se erosionarán, que la cultura de los pueblos antiguos no podrá conocerse y estudiarse… nada de eso le importa a la 4T.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
Especialistas advierten que persisten prácticas que limitan la autonomía sindical y la protección plena de los derechos laborales.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Redacción