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Mientras el gobierno de Estados Unidos sostiene que México es el principal responsable del problema del narcotráfico y exige mayores acciones contra los cárteles, auditorías oficiales revelan que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) participaron durante años en actos de corrupción, lavado de dinero, filtración de información confidencial y colaboración con organizaciones criminales.

Una investigación de la periodista Laura Sánchez Ley sobre las auditorías, memorandos e investigaciones de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, documenta que durante la última década la DEA presentó casos de agentes que aceptaron sobornos de narcotraficantes, protegieron a grupos criminales, vendieron información reservada, desviaron recursos públicos e incluso utilizaron su experiencia para favorecer operaciones de cárteles tras abandonar la corporación.

En su reportaje Del combate a la alianza: Inspector General de EU documenta una década de corrupción en la DEA, Sánchez Ley registra casos como el del exagente Paul Campo, quien después de retirarse de la DEA fue acusado de conspirar para brindar apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la acusación federal, participó en un esquema para lavar hasta 12 millones de dólares mediante criptomonedas, bienes raíces y contrabando de efectivo, además de negociar la adquisición de drones y armamento para la organización criminal.

Otro caso incluido en las auditorias es el de José Irizarry, exagente condenado en 2021 a 12 años de prisión por desviar cerca de nueve millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas de lavado de dinero, recibir sobornos y favorecer a un cártel colombiano.

Los documentos oficiales también refieren investigaciones contra agentes como Joseph Bongiovanni, quien filtró información confidencial a integrantes del crimen organizado italiano durante más de una década; Nathan Koen, condenado por aceptar sobornos de un traficante, y Chad Allan Scott, sentenciado por falsificar documentos, obstruir investigaciones y cometer robos.

Además de los actos de corrupción individual, las auditorías consultadas por Laura Sánchez identificaron fallas estructurales dentro de la DEA. Una revisión realizada en 2021 concluyó que la agencia ejercía una supervisión insuficiente sobre las Unidades de Investigación Sensible (SIU), grupos policiacos extranjeros entrenados y financiados por la propia DEA.

El informe señala que esa falta de control quedó evidenciada tras la masacre de Allende, Coahuila, ocurrida en 2011, cuando información confidencial terminó filtrándose desde una unidad mexicana que colaboraba con la agencia estadounidense. Esta situación derivó en represalias del grupo criminal Los Zetas (Miguel Ángel Treviño Morales, alias “el Z-40”, y Omar Treviño Morales, “el Z-42”), quienes al no poder localizar a los supuestos "traidores", desataron una cacería humana contra empleados, sus familiares, amigos y cualquier persona relacionada. 

La Oficina del Inspector General también documentó retrasos de hasta 266 días para reportar violaciones graves a derechos humanos cometidas por policías extranjeros vinculados a programas de cooperación con la DEA, así como el desvío de recursos destinados a operaciones internacionales y la contratación de personal que no aprobó pruebas de confianza, pero tuvo acceso a información clasificada.

Los reportes señalan además irregularidades en operaciones encubiertas de lavado de dinero utilizadas para infiltrarse en organizaciones criminales, donde se detectaron deficiencias en la supervisión, uso indebido de recursos y ampliación de operaciones sin autorización.

Las investigaciones alcanzan incluso el manejo de evidencia y recursos de la propia agencia. A decir del reportaje, la OIG documentó casos de robo de narcóticos asegurados, falsificación de certificados de destrucción de droga, desaparición de armas oficiales, malversación de dinero público y adjudicación de contratos millonarios sin competencia suficiente.

Los hallazgos muestran que, mientras Estados Unidos mantiene un discurso de presión hacia México por el combate al narcotráfico, sus propios órganos de control han documentado durante años problemas de corrupción, falta de supervisión y participación de agentes de la DEA en actividades vinculadas con organizaciones criminales.