La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) podría recibir 10 mil 776 millones 930 mil 484 pesos.
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La Corte Suprema de Argentina dejó firme una medida cautelar que obliga al gobierno del presidente Javier Milei a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que el mandatario había vetado la norma por considerar que contravenía su política de austeridad fiscal.
Con la resolución, el Poder Ejecutivo deberá aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley, lo que implica recomponer los salarios de los docentes universitarios y actualizar las becas estudiantiles en todas las universidades públicas del país.
El fallo busca restablecer el nivel de financiamiento de universidades que existía hasta antes de diciembre de 2023, cuando la inflación y los recortes presupuestales deterioraron los recursos destinados a la educación superior.
La decisión del máximo tribunal representa un revés para el gobierno de Milei, que nunca puso en marcha la legislación pese a que fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada por el Parlamento tras el veto presidencial, en octubre del mismo año.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, explicó que la resolución judicial no busca aumentar el presupuesto universitario, sino recuperar las condiciones previas a los recortes. "La pérdida ha sido muy fuerte a lo largo de este tiempo", afirmó.
El conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas se ha prolongado por más de dos años y ha provocado numerosas movilizaciones en defensa del financiamiento para la educación superior. La más reciente se realizó el pasado 13 de mayo frente a la Casa de Gobierno, donde miles de personas exigieron al presidente cumplir con la ley.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), celebró la decisión de la Corte y aseguró que la sociedad argentina "nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social".
Hasta el momento, el gobierno de Javier Milei no ha emitido una postura sobre el fallo.
La resolución judicial permanecerá vigente mientras un tribunal analiza la constitucionalidad del decreto mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso definiera la fuente de financiamiento.
En junio, la Secretaría de Educación había ofrecido un incremento salarial de 24.33 por ciento y la restitución parcial de recursos para gastos operativos. Sin embargo, sindicatos docentes sostienen que los salarios acumulan una pérdida cercana al 40 por ciento en los últimos dos años, situación que ha provocado la renuncia de cientos de profesores universitarios.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) podría recibir 10 mil 776 millones 930 mil 484 pesos.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.