“México forma a más investigadoras e investigadores de los que está dispuesto a contratar”, señaló Daniela Aguirre Guerrero, integrante de la Red de Investigación e Intervención Educativa (RIIE), en un artículo de opinión para El Universal.

La doctora en Tecnología por la universidad de Girona, España, expuso las dificultades que enfrenta el personal científico para acceder a empleos estables en México.

En este sentido, dijo que el problema quedó reflejado en el primer Programa de Inserción Laboral 2026 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que ofreció 200 plazas de docencia, investigación e ingeniería tecnológica en Centros Públicos de Investigación.

Según cifras de la dependencia, se registraron cuatro mil 335 personas con doctorado, quienes presentaron seis mil 110 postulaciones, equivalentes a poco más de 30 candidaturas por cada puesto disponible.

Indicó que a pesar de que el programa contempla contrataciones directas con plazas definitivas, salarios y prestaciones de ley, su alcance resultó limitado frente a la cantidad de personas que buscaron incorporarse al ámbito académico. 

Agregó que de acuerdo con el Anuario Estadístico de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), durante 2025 egresaron 24 mil 500 personas con doctorado en México.

Además, Aguirre Guerrero advirtió que, en México, estas actividades suelen financiarse mediante becas temporales que no establecen una relación laboral, por lo que sus beneficiarios carecen de antigüedad y cotizaciones para una pensión.

Otro mecanismo de contratación, el programa Investigadoras e Investigadores por México, mantiene alrededor de mil 500 plazas autorizadas, de las cuales aproximadamente mil 200 están ocupadas y 300 permanecen disponibles; no obstante, el Colectivo de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Académica y Laboral (CIJAL) reportó que en 2024 se asignaron apenas 20 lugares y que durante 2025 no se abrió ninguna convocatoria.

Aguirre Guerrero también advirtió en su artículo la limitada inversión en ciencia y tecnología; así como la escasa participación del sector privado en la contratación de personal con doctorado. A ello sumó la reducción de investigadores en el sector gubernamental, cuya cifra pasó de nueve mil 279 en 2011 a seis mil 662 en 2017, de acuerdo con los datos citados en su artículo.

Frente a este panorama, la especialista consideró necesario garantizar convocatorias anuales para la inserción laboral de investigadores, reconocer las estancias posdoctorales como trabajo académico con seguridad social y antigüedad, así como establecer incentivos fiscales para las empresas que contraten personal altamente especializado. De lo contrario, concluyó que la migración y el abandono de la investigación implicarán la pérdida de capacidades científicas y de recursos públicos destinados a la formación de especialistas.