Quien incurra en ese delito enfrentará hasta 12 años de prisión.
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Tras el crimen cometido contra Patricia Cruz, de 46 años, asesinada ayer en Ixtapaluca, Estado de México, vecinos y familiares realizaron una manifestación este lunes 14 de junio para exigir al presidente municipal, Felipe Arvuzi, y al Gobierno del estado mayor seguridad y justicia en el caso.
Con pancartas que decía: “ni una más”, “exigimos seguridad en todas las colonias de Ixtapaluca” y “pedimos audiencia con el director de seguridad pública”, los ixtapaluquenses protestaron frente al palacio municipal, sin embargo, no fueron atendidos por ninguna autoridad.
Más tarde, externaron su inconformidad a través de redes sociales y con el lema #IxtapalucaInseguro denunciaron en X la falta de atención por parte de Felipe Arvizu y la inseguridad que impere en aquel municipio del oriente mexiquese.
Todo comenzó la mañana del domingo 13 de julio. Patricia Cruz de 46 años, se dirigía a vender tamales en su puesto en la colonia del Tejolote cuando fue asesinada por un hombre que viajaba en una motocicleta.
La comerciante llevaba su triciclo con sus botes de tamales y atole para comercializarlos en la calle Edgardo, cuando un hombre en su motocicleta se acercó a ella y le disparó varias veces, por lo que la mujer murió casi instantáneamente.
Los vecinos, alertados por las detonaciones, llamaron a las autoridades y al servicio de emergencias, sin embargo no pudieron dar más detalles del porqué de la agresión hacia la mujer, misma que fue descrita como una persona dedicada y trabajadora.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía evidencian que el 64 por ciento de los habitantes de Ixtapaluca viven con miedo hasta para caminar de día.
Quien incurra en ese delito enfrentará hasta 12 años de prisión.
El nuevo reglamento contempla multas de entre mil 810 y dos mil 262 pesos.
En septiembre de 2025 se presentaron mil 810 denuncias contra servidores públicos, 23% más que en el mismo mes del año pasado; la capital concentra una de cada cinco.
Primeros reportes policiales apuntan que el plagio fue perpetrado por un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán.
Vecinos y familiares de víctimas acusan lentitud en las acciones oficiales; el gobierno promete reforzar la seguridad y hacer un “diagnóstico detallado” tras meses de denuncias.
Mientras las autoridades de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México evaden su responsabilidad, el cuerpo permanece sin resguardo.
Los puntos bloqueados incluyen las autopistas México-Pachuca, Querétaro, Puebla y Toluca, por mencionar algunas.
Cierran por completo el servicio de tococirugía (área de especialidad médica para procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, el parto y posparto).
El paso de los vehículos es intermitente y los manifestantes amagan con permanecer en el lugar hasta recibir atención por parte de las autoridades capitalinas.
La extracción ilegal genera una crisis que afecta a 2.2 millones de mexiquenses, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI.
Los cuatro municipios mexiquenses que se encuentran en el top 10 nacional son gobernados por Morena.
El secuestro del dirigente social Honorio Piña Mina ocurrió la tarde del 22 de octubre en la colonia Tecomatlán, municipio de Úrsulo Galván. Exigen su localización inmediata.
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Buscan compartir estrategias que brinden mayor seguridad en las comunidades.
Una de las vialidades catalogadas como más riesgosas e inseguras para los automovilistas y transportistas se extiende por la autopista México-Puebla-Veracruz, donde los atracos se han incrementado últimamente.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.