La emigración hacia Estados Unidos (EE. UU.) ha sido la única opción que miles de habitantes del llamado “Triángulo del Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) tienen para salvar sus vidas. Esta región, vital para la geopolítica estadounidense hace más de un siglo, está sometida a una espiral de dependencia y subordinación que hoy la hunde en la corrupción y el golpismo. Aunque ahí ingresan miles de millones de dólares en remesas, “ayuda” financiera exterior y comercio, no hay expectativas de bienestar y gobernabilidad. La tragedia centroamericana sucede en una América Latina donde las derechas más retrógradas se reposicionan y se encuentra paralizada la integración regional. Ahí el oportunista Donald John Trump impone su política anti-inmigrante y extorsiona a México.

A lo largo de la historia, en términos geopolíticos y como región estratégica, Centroamérica ha sido importante para los distintos centros de poder mundial. El capitalismo le concedió a esos Estados el rol de economías terciarias o de “repúblicas bananeras-cacaoteras-cafetaleras”. Por esta misma causa forman parte de una región tradicionalmente estancada.

Hoy es la zona más desigual de América Latina, con persistente concentración de riqueza e intervención de EE. UU. en apoyo a las élites político-económicas. Ahí conviven regímenes autoritarios (Guatemala), golpismos blandos (Honduras), aparentes gobiernos democrático-burgueses (Costa Rica) o en “tránsito hacia la estabilidad” (El Salvador). Todos mantienen una profunda dependencia hacia EE. UU. en materia militar, seguridad y comercial, mientras que las trasnacionales con sede en la potencia definen las políticas de agroexportación.

Para allanar el camino a una mayor presencia estadounidense en la región y fortalecer a las oligarquías, los gobiernos del triángulo profundizan su dependencia hacia Washington con políticas de mano dura contra los opositores al neoliberalismo. Entretanto, ahí escalan la pobreza y la ingobernabilidad.

Iracundo por la supuesta amenaza a la seguridad de su país por las caravanas de inmigrantes, Donald John Trump eliminó de tajo en marzo la ayuda que el Congreso de EE. UU., aprobó para Centroamérica en este año fiscal, que oscila entre 500 millones y 450 millones de dólares (mdd). En diciembre, EE. UU. y México habían anunciado inversiones multimillonarias en la región para frenar la emigración.

Es dudoso que se logre armonizar la protección a los derechos humanos, garantizar la soberanía mexicana y el desarrollo económico. Por tanto, el acuerdo alcanzado en junio entre Washington y México para frenar la inmigración impone a nuestro país un “fórceps migratorio” diseñado por la Casa Blanca, publicó Prensa Latina.

Estos aportes no llevan bienestar, sino que recuerdan la estrategia de la “ayuda del hombre blanco”, con la cual los países ricos pretenden ayudar a los más pobres sin lograrlo y solo los comprometen con ellos, como critica el economista William Easterly en su libro White Man’s Burden.

Esa “ayuda” se despilfarra, no llega a quien lo necesita y solo impone compromisos a los gobiernos. “¿Cómo puede ser que pese a tanto dinero mueran tres mil niños por un piquete de insecto?”, pregunta Easterly. Lo mismo sucede en el Triángulo del Norte, país por país.

Honduras fallido

Golpe de Estado, gobierno de facto, transgresión del orden institucional, irrespeto a la Constitución y normas de la democracia, fraude electoral, anuencia de las élites en la entrega de los recursos naturales al capital trasnacional, medidas de ajuste estructural, abrumadores índices de corrupción, injerencia estadounidense, alarmantes niveles de pobreza y violencia, escalada del crimen organizado en altas esferas del Estado, criminalización de la protesta social, además de las dramáticas tasas de migración, constituyen el explosivo coctel de elementos en la Honduras del siglo XXI, describe la analista Carmen Elena Villacorta.

Se afirma que en la geopolítica estadounidense Honduras ocupa un sitio estratégico y, como en todas sus relaciones bilaterales, la seguridad es prioritaria. Para combatir la violencia urbana y al crimen organizado, solo entre 2014 y 2016 la agencia antidrogas (DEA), la policía de Chicago, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, entrenaron a la Tropa de Inteligencia de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), Policía Antimotines (Cobras) y la Policía Nacional, dice Villacorta.

Esas fuerzas han sido usadas por el gobierno hondureño contra la oposición en las elecciones pasadas. En ese clima de represión y pese a las denuncias de fraude electoral por la Unión Europea (UE) e incluso por su aliada Organización de Estados Americanos (OEA), Donald Trump legitimó la reelección de Juan Orlando Hernández, quien ha sido acusado de corrupción y de tener vínculos con el narcotráfico. Para algunos, este respaldo se dio a cambio del reconocimiento que el gobierno de Honduras brindó a Jerusalén como capital de Israel.

Por ello, pese a las caravanas de migrantes, EE. UU. mantiene su ayuda a Honduras, ya que la prioridad de Trump es fortalecer la influencia de la potencia en la región. Si en 2011 la asistencia a Honduras era de 11 millones, en 2014 pasó a casi 15 millones, aunque en realidad desde 2009 ha recibido, solo para seguridad, 114 millones de dólares, según Security Assistance Monitor.

Además, el cinco de diciembre, su embajada en Tegucigalpa engolosinó al gobierno de Hernández con un avión de carga y cuatro helicópteros para las Fuerzas Armadas.  Pese a tal asistencia bélica, los hondureños no han visto descender el impacto de la criminalidad.

En abril pasado, Hernández describió así su relación con el gobierno estadounidense: “Somos vecinos, aliados y socios que por más de 160 años hemos aprendido a caminar juntos en busca del desarrollo de nuestros pueblos”. Aceptó que Washington entrega esa ayuda a través de entidades como la Agencia de Cooperación Internacional (USAID), “que ha desembolsado más de 179 millones de dólares de los 545 millones comprometidos en el plan vigente de cooperación”.

Es preocupante que el segundo Estado más pobre de América Latina y el Caribe ponga tal énfasis en la seguridad, pues conlleva el riesgo de imitar el modelo de militarización, violencia y ruptura del tejido social que generó el Plan Colombia, advirtieron en Scoopnest y The Intercept los analistas Lee Fang y Danielle Mackey.

Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, han escalado la movilización social y la polarización, toda vez que diversos grupos sociales exigen su derecho a participar en asuntos públicos y a que mejoren las condiciones de vida. Como las recientes protestas de médicos y maestros contra dos decretos que suponían la concreción de despidos masivos y la privatización de las instituciones públicas de educación y salud. Reunidos en la Plataforma para la Defensa, los disidentes condicionaron el diálogo a que Hernández a atendiera sus peticiones.

Sin embargo, el 12 de junio, la calificadora Moody’s decidió mantener a ese país en el nivel B1 con perspectiva estable; eso significa que “hay crecimiento” y que, por tanto, accederá a préstamos con menores intereses del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para estimular más inversiones, según el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. En contraste, el BID y el BM rebajaron la calificación a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, dándoles un nivel de riesgo mayor.

Sin embargo, la inestabilidad y el desempleo han expulsado en los últimos años a más de 23 mil personas, según datos del colectivo independiente Conexión. Paradójicamente, el BM alertó que el 66 por ciento de los hondureños vive en pobreza.

El ingreso per cápita en 2017 fue de 40 mil pesos mexicanos, con lo que, para ese banco, Honduras tiene el último lugar entre 136 países y para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ese país tiene muy mala calidad de vida. Debido a ello, el pasado 20 de octubre, más de 14 mil habitantes de San Pedro Sula, la Ceiba y la Cholulteca siguieron una convocatoria de redes sociales para emigrar en “caravana” hacia EE. UU., vía México.

Guatemala

Este país aloja el mayor número de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) extranjeras en Centroamérica y es el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense en América Latina. Sin embargo, esa dependencia del exterior solo obedece a la estrategia de la Casa Blanca de aumentar sus intereses e influencia. Solo en 2016, las agencias de EE. UU. aportaron 296 mil mdd, de los cuales 13 por ciento se destinó a los ámbitos militar, “gobernanza”, agricultura y educación.

El portal de la USAID publica que, entre 2001 y 2018, ese país recibió 257 millones de dólares de varias agencias estadounidenses. Para la analista Kristen Martinez-Gugerli, esa agencia sustenta las iniciativas de la Guerra Fría en América Latina, que “son claramente antidemocráticas, como las operaciones encubiertas”.

En 2019, ya con los recortes, recibirá 69 millones 409 mil mdd, de los cuales 20.7 irán al rubro “Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza”, aunque el 16 junio la ONU denunció que la pobreza en Guatemala llega al 60 por ciento de la población y ha superado a Haití en índice de desnutrición.

Pero esto no importa a la Casa Blanca, ya que, en su fiebre antiinmigrante, Trump ha logrado desplegar a sus agentes federales en ese país, según el acuerdo firmado entre el gobierno de Jimmy Morales y su secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. En esa gira del 27 de mayo, McAleenan se reunió también con representantes salvadoreños y hondureños, reveló la agencia alemana DW.

Los planes imperiales en la región no ven que la seguridad no puede ser a costa de la comida. En Centroamérica, ningún salario mínimo cubre el costo de la canasta básica. En noviembre pasado, el salario mínimo era de tres mil 587.4 quetzales (465.3 dólares), y según el Acuerdo Gubernativo del Ministerio de Trabajo, este año los trabajadores tendrán los mismos salarios mínimos.

Los sectores agroexportadores y la maquila mantienen un salario mínimo de 11.66 dólares diarios. Para los empresarios del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), esa decisión “atiende las circunstancias económicas del país de preservar el empleo”.

Guatemala no logra consolidar la institucionalidad política. La Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (Cicig) afirma que “hay una ruptura del Estado de Derecho”. El organismo, referente en el combate a la corrupción y la violencia desde 2007 y que ha sentenciado a más de 300 personas, incluido al expresidente Otto Pérez Molino, ha sido expulsado por el presidente Jimmy Morales. De ahí que en primera vuelta triunfara el mensaje socialdemócrata de Sandra Torres, la singular candidata presidencial y esposa del expresidente Álvaro Colom.

El Salvador

Se dice que en el exterior viven más salvadoreños que en su propio país (3.07 millones) de una población de 6.5 millones. El país fue escenario de la cruenta guerra civil de los años 80, la violencia pandilleril y la expansión del crimen organizado (con una tasa de 50.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, reporta la ONU).

A ello se suma el nulo crecimiento económico que en octubre pasado impulsó a más de dos mil personas a sumarse a la caravana de migrantes hacia EE. UU. Sin propuestas efectivas de crecimiento para su país, aumentaron la aceptación del populista Nayib Bukele, tras saltar de un partido a otro y alimentar su popularidad en las redes. Su victoria fue reconocida por el gobierno de Trump, quien se mostró “entusiasmado por trabajar con él”.

El Salvador dio un salto cualitativo en agosto de 2018, para salir de la dependencia de EE. UU. al establecer relaciones diplomáticas con China. Para el entonces presidente Salvador Sánchez Cerén ésa fue la decisión más trascendental de política exterior en toda la historia del país. Sin embargo, quien se opuso fue la ultraderecha, beneficiada por las políticas de Taiwán y EE. UU.