Durante el sexenio pasado y lo que va de el actual, la política para frenar el consumo de drogas entre los mexicanos, principalmente los jóvenes, ha fracasado.
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El gobierno de la “Cuarta Transformación” –o de la transformación de cuarta, como dicen sus detractores– anunció con bombo y platillo el nuevo monto del salario mínimo el pasado cuatro de diciembre: “En la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el aumento del salario mínimo en un 12% a partir del 1 de enero de 2025. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) determinó ayer martes otorgar este incremento. En la reunión, que concluyó cerca de la medianoche, el organismo definió dicho ajuste. De esta manera, el salario mínimo general, que hasta ahora es de 248.93 pesos diarios, siete mil 470 pesos al mes, ascenderá a 278.88 pesos al día, es decir, ocho mil 364 pesos mensuales”.
El incremento del 12 por ciento “por encima de la inflación”, como fue anunciada mediáticamente la cuota salarial del año próximo, podría considerarse plausible, pero la clase trabajadora no debe quedarse en la superficie y analizar a fondo las cosas para descubrir cuando le están diciendo la verdad, cuando se trata de verdades a medias y cuando le están entregando una navaja dentro del pan. Los trabajadores revolucionarios debemos ser capaces de dilucidar qué hay detrás de ese aumento, denunciar lo que está oculto y definir una posición política clara frente al engaño. Veamos, pues, si dicha alza beneficiará realmente a los trabajadores mexicanos.
Primero diremos que a veces en lo simple está lo complejo. Si al obrero le suben el salario y ve el aumento como un triunfo, cae en el engaño porque, como escribió Carlos Marx en su folleto Salario, precio y ganancia, los “obreros pierden cuando ganan”. ¿Por qué? Porque los patrones actúan con el principio de la máxima ganancia y cuando los gobiernos los obligan a subir el salario, para compensar sus pérdidas las suben o trasladan al precio de las mercancías, y el salario real de los trabajadores queda igual o peor que antes. Eso es precisamente lo que ocurrirá con el incremento del 12 por ciento en 2025.
Segundo, ante la posibilidad de que el gobierno imponga una política de control de precios para evitar el alza de las mercancías, los empresarios aplican lo que se conoce como “reduflación”, práctica con la que ofrecen productos básicos a precios muy atractivos pero cuyo contenido es menor al que se exhibe en los envases. La semana pasada, por ejemplo, en la tienda Walmart el precio del frijol peruano era de 68 pesos, el cual fue evaluado como “barato” por un consumidor, pero cuando revisé bien su etiqueta advertí que contenía sólo 900 gramos, no un kilogramo, y que su precio real debía ser de 75 pesos. El kilogramo de los frijoles negros y bayos era de 63 y 60 pesos, respectivamente. Ahí la trampa de la “reduflación”, con la que los trabajadores pagan más por menos en sus consumos.
Tercero, una vez que los patrones se ven obligados a subir el salario, explotan más a sus obreros y empleados, obligándolos a trabajar más minutos sin remuneración; o alargándoles el turno sin pagar horas extras; o poniéndoles trabas al cumplimiento de las prestaciones laborales, entre las que se hallan las vacaciones y el reparto de utilidades; y si el trabajador llega tarde lo regresan a su casa y le descuentan el día. Es con este tipo de prácticas truculentas como los empresarios quitan a los trabajadores el aumento salarial a que los obligó el gobierno.
Pero existe otra trampa que no es fácil de ver; la aplicación del Impuesto Sobre la Tenta (ISR), que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobra en función de los múltiples niveles salariales que hay en el país. Si “no se actualiza… el salario mínimo de 2025, le estarían reteniendo casi 750 pesos mensuales, lo que representa el 83% del aumento. ¡Para el SAT la recaudación sería de 76 mil 500 millones de pesos!”, escribió en la red X, el economista Mario Di Constanzo. Este gobierno dijo que no aumentaría los impuestos y lo está cumpliendo, pero lo que da al trabajador con una mano, se lo quita con la otra. Es decir, está cobrando impuestos de manera indirecta y quien al final sale perdiendo es siempre es el trabajador.
Es, por todo lo anterior, que sigue haciendo falta la construcción de un Estado obrero, un Estado proletario cuyo poder esté en manos de las clases trabajadoras y no como hasta hoy sucede, ya que desde el régimen de la Revolución Mexicana quedó en manos de las clases poderosas, aunque los dirigentes de Morena digan lo contrario. Los que mandan en México siguen siendo los grandes empresarios. Es por ello que el pueblo sufre continuos atropellos y vive bajo una permanente sensación de inseguridad, porque no le alcanza el dinero para su consumo básico, por la angustia al no encontrar un trabajo digno y bien remunerado y porque el flagelo de las drogas corroe a sus adolescentes y jóvenes.
Las becas que da el gobierno no resuelven los graves problemas de pobreza que enfrenta México porque tienen como principal objetivo facilitar el consumo; aumentar el poder de manipulación de la clase patronal mediante el uso excesivo de los teléfonos celulares; propiciar con las recargas el enriquecimiento exponencial de los ricos más ricos y hacer más insensibles y ajenos a sus problemas vitales a muchos mexicanos. Y si a estos problemas agregamos que el aumento al salario mínimo no resolverá las carencias de los trabajadores y que el gobierno elevará los impuestos para reducir su déficit fiscal, podemos concluir que en 2025 la poderosa oligarquía, ahora morenista, quitará a los trabajadores el 83 por ciento de sus ingresos laborales.
Durante el sexenio pasado y lo que va de el actual, la política para frenar el consumo de drogas entre los mexicanos, principalmente los jóvenes, ha fracasado.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.